¡Qué semana! Ni un minuto para respirar, ni un segundo para aburrirse. Nos enteramos de que María Alejandra, la exvicepresidenta, compartía las virtudes académicas de su antecesor, aunque ella no fue a buscar el título en el rincón del vago (ni en el de la vaga), sino que lo obtuvo por obra y gracia de su simpatía, por su don de gentes y por gentes que saben de dónde sopla el viento. Vimos en fotos a Ramiro, el que aseguraba que el IESS avanza, ahora barbado y canoso, detenido en las limeñas calles de Miraflores, mientras en tierras floridas, a María Sol, su mano derecha, le apareció por arte de magia un departamentito en Miami. En vídeo, también canoso y barbado, vimos a Julian que, sacado en andas, terminaba con mucha pena y nada de gloria en las manos en que nunca quiso estar, tan lejos del país insignificante que alberga a su querida Chaupicruz. Demasiadas noticias en tan pocos días para cualquier ciudadano de a pie, pero algo de oxígeno para el gobierno más débil de la historia reciente.
Los tres hechos ponen sobre la mesa no solamente problemas que deben resolverse tanto en el plano jurídico como en el político, sino que le ofrecen al Gobierno oportunidades para saldar deudas que arrastra por su propio pasado. Detrás de cada uno de esos episodios asoma la trama que vienen tejiendo sus excompañeros, que no descansarán hasta verle fuera de juego. El primero, el del título, no puede quedarse en la formalidad del incumplimiento del plazo o en las irregularidades que pueda presentar ese caso particular. Debe ser la oportunidad para sacar a la luz todo lo que se derive de la contradicción entre el modelo controlador que se intentó imponer sobre las universidades y el regalo de títulos, especialmente a funcionarios de alto nivel que ni con ayuda divina habrían podido asistir a una sola clase, menos aún leer una media página.
La captura del expresidente del IESS tampoco puede ser tratada como algo aislado, sobre todo si, como asegura su abogado, ya disfruta del estatus de refugiado y por tanto el proceso de extradición será largo, complejo e incierto. Este caso debe servir para que el Gobierno diseñe una estrategia de seguimiento e investigación no solo de las personas, sino del dinero obtenido por procedimientos corruptos. No puede respaldarse en el respeto a las instancias judiciales para dejar de lado su responsabilidad en la investigación. Lo que abunda no daña, dicen los abogados, y nada mejor para una fiscalía renovada que un apoyo de esa naturaleza. Los exsocios del Gobierno –tengan o no ropa tendida, que en eso son firmemente solidarios– saben que la mayor amenaza a su impunidad es el destape de sus cuentas.
La entrega del australiano a las autoridades inglesas que, por el momento es lo que ha provocado la reacción más virulenta del correísmo, le devolvió la iniciativa al Gobierno. Quedan por investigar demasiadas irregularidades y delitos, como la concesión de la nacionalidad o la narcovalija, entre muchas más. (O)
