En mi último artículo traté sobre el posible conflicto de intereses suscitado en la estatal con el Dr. Luis Berrazueta, procurador legal de la misma, que además ejercía la gerencia y es accionista de la compañía de asesoramiento legal denominada Aselegner y a su vez representante de la multinacional Luckoil. Cuando asumió como procurador dejó Aselegner en manos de su hermana y como delegado de Luckoil, a uno de sus abogados asociados. Luego restituyó a la estatal a su cuñado, el Dr. Alejandro Mosquera, que fue despedido de la Gerencia de Comercio Internacional (encargado) de EP Petroecuador durante la primera administración del presente régimen y le correspondió negociar y firmar varios contratos de preventa con empresas chinas y que ahora, en sus nuevas funciones, debía conocer y dar criterios legales sobre estos polémicos contratos.

Frente a la contundente denuncia, el ingeniero Pablo Flores, gerente de EP Petroecuador, actuó de manera inmediata y separó de sus funciones al ahora exprocurador (quien fuera nombrado antes de que Flores asumiera su cargo); mientras redacto este artículo resta conocer lo que sucederá con el exgerente de Comercio Internacional. Esta reacción oportuna por parte del gerente general de EP Petroecuador nos lleva a reflexionar sobre la debida diligencia que realizan las empresas públicas para nombrar a sus altos ejecutivos. Debo confesar que me sorprendió. En 10 años que llevo escribiendo sobre temas petroleros, ningún gerente de la estatal ha tomado este tipo de decisiones. Casi siempre han actuado con “espíritu de cuerpo” para defender o solapar a tal o cual funcionario.

Casos como el acontecido con el exprocurador de la estatal no pueden repetirse. Conflictos de intereses muy obvios. Alguna entidad del Estado debe efectuar un mínimo análisis de quién va a ocupar determinado cargo y no solo hacer el consabido estudio de ver que no tenga problemas en la Contraloría General del Estado o no tenga impedimento legal para ejercer el cargo. De esta manera se evitaría que funcionarios de alto nivel, que ya han ejercido funciones, que han tomado decisiones o emitido criterios que hubieran afectado irremediablemente el ámbito de sus competencias sean puestos en evidencia, no precisamente por la acción de un organismo contralor del tema público, como debería ser, sino por denuncias o investigaciones de orden periodístico o político. El ministro o funcionario superior tiene que estar enterado de la vida activa profesional del candidato a tal dignidad, de esta manera se evitarían hechos bochornosos como el denunciado.

El ingeniero Flores tuvo la gentileza de invitarme a su despacho y comentar ciertas iniciativas de transparencia realizadas durante los escasos meses de su gestión. Ha solicitado exámenes especiales a la Contraloría General del Estado respecto a la Refinería del Pacífico y simultáneamente presentó dos denuncias a la Fiscalía por el mismo asunto. Conversamos sobre un proceso urgente que en estos momentos ya debe estar sometido a concurso internacional, del cual no me referiré para no entorpecer su normal desarrollo. Por mucho tiempo, hubo muchos casos donde la transparencia era una palabra desconocida. Temas como contratos para compra y venta de productos terminados son como un secreto de Estado y aquello no debe ni puede suceder. La transparencia debe imperar. (O)