Hace pocas semanas, a través de la revista Plan V, el país se enteró de que la empresa estatal Tailandia-PTT negoció con EP Petroecuador la compra directa de crudo nacional con modalidad prepago; situación que fue incentivada en el Gobierno anterior y que en la actualidad no existe. De aquello solo quedó la deuda que debe ser honrada durante los años venideros. Evidentemente, al régimen “revolucionario” lo que le interesó fue salir del paso de sus compromisos –muchos de ellos demagógicos– sin el menor sentido de responsabilidad frente al futuro.

En los contratos prepagos, según informes de la CGE, no existen estudios, análisis o soportes técnicos que justifiquen los términos económicos acordados en este tipo de convenio. Entonces, ¿qué parámetros sirvieron de base para mostrar sus bondades? ¿Cómo se justificaron ante las autoridades correspondientes que debían conocer y aprobarlas? Y, sobre todo, nunca tuvieron pruebas de los beneficios que reportarían a Ecuador y, sin embargo, las permitieron. Existe participación directa de funcionarios, ministros, directorio, etc., los mismos que deben y tienen que dar explicaciones convincentes y no apelar a la consabida práctica de culpar a mandos medios de nuestra estatal petrolera. En el asunto financiero, era justo para ambas partes –contratista y contratante– determinar precios o diferenciales que fijaba el mercado mundial de crudo y derivados, sin acudir a cálculos ni a fórmulas extrañas, sino referirse a datos obtenidos en concursos internacionales que EP Petroecuador convocaba. De tal forma que las empresas estatales pagarían lo mismo que una compañía privada al ofertar en un concurso abierto, que hubiese evitado pérdidas y se habrían defendido los intereses del país y se salvaguardaba la participación de funcionarios para no involucrarlos en actuaciones dudosas que podrían llevarlos a procesos penales por parte de la Fiscalía General del Estado.

En este concepto de absurdos acuerdos y contrataciones, con la compañía estatal PTT, arriba citada, ocurre un caso sui géneris. La revista Plan V presenta facturas, datos y reportes de precios, en las que en ventas de crudo pactadas con Petroperú por parte de PTT existen diferencias de hasta USD 4 por cada barril, comparado con el precio de venta a Petroperú por parte de la intermediaria PTT versus lo pagado por Petroperú a Petroecuador por ese mismo crudo. Una diferencia de esta magnitud, en embarques de 360.000 barriles de crudo, significa pérdida para Ecuador superior al millón de dólares en un solo cargamento. Se argumentarán temas técnicos, operativos e incluso financieros, pero, salta la pregunta: ¿Por qué acudir a un intermediario estatal de origen asiático para negociar nuestro crudo con un país vecino? No era necesaria su participación por la similitud de idioma y relaciones de amistad con los peruanos, pues sus necesidades de importación eran compatibles con nuestras políticas de exportación, quizás a mejores precios. Insisto, no era necesaria la presencia de un intermediario asiático. Lo absurdo de esta operación la hace sospechosa. Se evidencian oscuros intereses. ¿Cuál es la empresa privada que se beneficia de esta negociación? Los buques que transportaron el crudo nacional a Perú pertenecen a la compañía Castor, según los documentos (BL) o conocimiento de embarque. Entonces, fácil es deducir que su socia transnacional está detrás.

De confirmarse aquello, significaría que Tailandia-PTT presta su nombre y su condición de estatal; también quien compra y vende nuestro crudo es una empresa privada. La participación de funcionarios y autoridades nacionales debe ser sujeta a estricta investigación que permita esclarecer estos supuestos hechos bochornosos y delictuosos.

(O)