La corrupción es quizás el principal problema que tienen los países en vías de desarrollo, casi a diario se publican noticias al respecto en toda Latinoamérica, y Ecuador lamentablemente no es la excepción.
El enriquecimiento ilícito es la consecuencia inevitable de actos de corrupción que perjudican al presupuesto del Estado destinado a implementar planes sociales en apoyo a los más necesitados, y a la vez es un delito precedente del lavado de activos, ya que se busca destinar este dinero a nuevos emprendimientos, inversiones y adquisiciones de bienes, tratando de dar apariencia de legalidad de dicho patrimonio.
El artículo 290 del COIP señala el concepto del enriquecimiento ilícito, siendo sancionado con pena privativa de libertad de hasta siete años. Para poder detectar este delito es clave determinar el incremento patrimonial de los servidores públicos no acorde con sus finanzas personales, así como la cancelación de deudas que posea.
Una de las principales herramientas de control será la declaración patrimonial juramentada por parte de los servidores públicos, en la cual se detallan los activos y pasivos que poseen a la fecha de presentación. Un control más eficaz se podría obtener si estas declaraciones fueran presentadas al 1 de enero de cada año, tal como se declara por parte de quienes están obligados en el sector privado. La Ley actual señala que los servidores públicos deben presentar la declaración al inicio y al final de tomar el cargo y se actualizará cada dos años.
La labor que desempeñan instituciones como el SRI y la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) son de tomar en consideración por parte de las otras instituciones de control, estas se encuentran en la vía correcta para mejorar sus procesos de control y detectar inconsistencias entre los patrimonios de las personas, su estilo de vida y los ingresos que reportan anualmente. De esta manera poder identificar posibles casos de defraudación tributaria y lavado de activos. Su independencia política asegurará su éxito como instituciones técnicas al servicio del país.
La última década deja una gran reflexión sobre la necesidad de mejorar los procesos de control, la cooperación internacional es fundamental como parte de una auditoria forense eficaz. Hay que trabajar en mejorar la imagen del país y de la mayoría de servidores públicos que sí actuaron con la responsabilidad que demandaban sus cargos.
Toda organización criminal cuya estructura es poner su patrimonio ilícito a nombre de terceros, sea dentro o fuera del país, siempre está dirigida por personas que no quieren perder el control de estos bienes, a ellos se les denomina el beneficiario final o efectivo. Con la información que el Estado posee, se puede iniciar la identificación de “la ruta del dinero” y “el origen de estos recursos”. Una sociedad correctamente capacitada es esencial en la lucha contra la corrupción.
La mejor defensa es el conocimiento. (O)
*Experto tributario y en prevención de lavado de activos.
