Bitcoins y los pobres, asuntos que parecen incompatibles, pero lamentablemente no. El bitcoin es una moneda que se guarda digitalmente en un teléfono o computador, es la más conocida de las criptomonedas, no cuenta con regulación, ni respaldo de los bancos centrales, las inversiones realizadas en esta moneda son volátiles y altamente riesgosas, por lo que si bien es posible conseguir cuantiosas ganancias, también se pueden obtener significativas pérdidas, por esta razón sus inversiones deben manejarse con importantes conocimientos financieros, pues están en juego los ingresos y ahorro del individuo y su familia.

El bitcoin al final del día tiene valor gracias a que las personas queremos intercambiarlo con dinero en efectivo, oro u otros productos de valor que poseemos, tan es así que a la fecha es aceptado como medio de pago por empresas como Microsoft, Dell, Steam, Overstock, Cheapair, entre otras.

El 24 y 25 de noviembre nos despertamos con las siguientes malas noticias de la prensa nacional: “Indígenas del país denuncian estafa masiva con ‘criptomonedas’” e “Indígenas de Ecuador, endeudados por monedas virtuales”, las cuales en resumen destacan que la Comisión de Justicia del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) indicaba que 1.500 campesinos e indígenas de las comunidades asentadas en Otavalo, Cayambe, Ambato, Pujilí, Saquisilí, Salcedo, Pastaza, Azogues y Riobamba están entre los perjudicados, y que podría haber más denuncias de comerciantes y amas de casa de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Loja y otras urbes, llegando a 112.252 perjudicados, buscando un mejor futuro frente a las condiciones de un empleo de mala calidad, se endeudaron, hipotecaron su casa, para invertir sus escasos recursos con supuestos “asesores” que les harían ver sus ganancias en las plataformas digitales, como “Siembra y Cosecha”.

Los terribles hechos antes mencionados dan cuenta en estos días de la frase “Bitcoins y los pobres”, a la par de la fusión, cierre y liquidación, de alrededor de 350 instituciones financieras de la economía popular y solidaria (IFEPS) que representan aproximadamente el 35% del total de las autorizadas a captar ahorro de los socios (dato tomado frente al mayor número alcanzado en el 2013, según información de la SEPS). La “década pasada” nos deja otra deuda grave, la ausencia de un “Programa Nacional de Inclusión y Educación Financiera”, que contemple acceso y uso a productos y servicios financieros a personas excluidas por condiciones geográficas, culturales y/o discapacidad.

Las políticas públicas constituyen una obligación del Estado; en materia de educación financiera, deberían partir de un diagnóstico sobre el nivel de conocimientos financieros de la población, para plantear un currículo educativo conforme a cada tipo de audiencia, empezando en el nivel preescolar, escolar y básico, hasta convenios con las instituciones financieras y otros actores.

Esto permitirá que los ecuatorianos, sin distinción, estemos en capacidad de tomar mejores decisiones financieras respecto de nuestros ahorros y de nuestra familia, invertir o no en bitcoins, conociendo sus riesgos, como por ejemplo, que no tiene seguro de depósitos, que quizá no vale hipotecar la casa para comprar bitcoins. Cuidarnos de ser víctimas de estafas como las sucedidas. (O)