Todos estamos de acuerdo en la necesidad de generar dólares para levantar la economía del país, por eso clamamos por reactivar las actividades productivas, incrementar las exportaciones, diversificar la producción, controlar la salida de divisas, procurar una justa recaudación tributaria, disminuir el gasto público, priorizar la inversión del Estado, entre otras cosas; sin embargo, no debemos olvidar que tenemos un problema tanto o más grave que la urgencia por atraer dólares, y es el desmedro de las oportunidades de trabajo a nivel nacional.

En el sector agropecuario, el deterioro de las oportunidades laborales es más doloroso porque implica a un segmento de la población con menor protección social, con menos acceso a servicios básicos, y generalmente con limitada educación. Las unidades de producción para exportación propician trabajo para un importante número de campesinos en todas las regiones rurales del país, pero no es suficiente; la mayor masa del campesinado nacional se dedica a la producción para consumo interno, y esta sección de la producción está atravesando uno de los peores momentos de la historia ecuatoriana, como consecuencia de la improvisación y la indolencia con que los gobiernos de turno han tratado a este sector.

Cada día y en todas las regiones del territorio nacional, más campesinos están abandonando sus parcelas porque la actividad agropecuaria, cuyo conocimiento ancestral heredaron de sus antepasados, ya no es más una práctica rentable, ni siquiera sirve para su propia sobrevivencia. Entre el encarecimiento de los insumos, el constante descalabro de los precios de venta de sus cosechas y una ignominiosa política de financiamiento bancario, los únicos que obtienen ganancias son los intermediarios y los mayoristas acaparadores, mientras el pequeño productor es empujado a buscar oportunidades en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, abandonando sus entrañables terruños que alguna vez fueron productivos. Pero no es solo la unidad productiva la que se pierde con su abandono, también se eliminan las cuatro o cinco oportunidades laborales que cada productor contrataba regularmente como ayuda para las faenas de campo.

Sabemos que las dos terceras partes de la población económicamente activa del Ecuador está relacionada directa o indirectamente con las actividades agropecuarias, pues no solo cuentan los productores directos, sino también las oportunidades de trabajo en labores de comercialización, transportación, almacenamiento, industrialización, asesorías, proveedores de insumos, financiamiento, constructores de equipo y maquinaria, infraestructura, servicios técnicos, y otras actividades menores vinculadas. El derrumbe del sector agropecuario para consumo interno arrastraría a la debacle a otros espacios de la actividad productiva nacional que dependen de él.

El Gobierno debe entonces entender que el rescate del sector agropecuario no se refiere solo al segmento de la exportación, sino que debe incluir también la fracción dedicada a la producción para consumo interno, que a pesar de no traer dólares foráneos para el Estado, es capaz de producir la mayor riqueza que puede obtener una nación, y que es la multiplicación de las oportunidades laborales y creación de empleos, que no solo proveerá tranquilidad y bienestar social a las bases populares de nuestra nación, sino que también le proporcionará la capacidad de compra necesaria para ayudar a dinamizar muchos otros frentes de la economía nacional. (O)