Recientemente, el asambleísta azuayo Diego Vintimilla dirigió una carta abierta al Dr. Jorge Moreno, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, expresándole su preocupación por la aprobación de una monografía titulada El juzgamiento del femicidio como homicidio agravado, antes de la obtención del título de abogado, pese a múltiples argumentos falaces y generalizada inconsistencia académica.

En la cuestionada monografía es evidente la ausencia de rigurosidad científica y contrastación teórica que permita sustentar las opiniones infundadas del autor, pero más allá de su responsabilidad, es reprochable el beneplácito de los docentes y autoridades de la Facultad frente a un trabajo en el cual se encuentran afirmaciones denigrantes y misóginas como: “(…) hay que reconocer que en la actualidad se vive una suerte de femachismo no solo de mujeres que son o buscan ser los machos de la casa, sino de las feministas radicales y lesbianas con odio masculino”.

El autor, además de calificar la tipificación del femicidio en el COIP como absurda, ilógica, inútil, innecesaria, vaguedad, herejía jurídica, etc., concluye que “la tipificación del femicidio es discriminatorio –con los hombres– y utiliza al Derecho Penal como instrumento justiciero de grupos feminazis”, entre otras tantas afirmaciones aberrantes y empobrecedoras que continúan influenciando nuestra estructura social y legal y no constituyen en lo absoluto un aporte al pensamiento científico, ni a la reflexión jurídica, menos a la comprensión de la violencia de género.

En tanto, la Facultad respondió con una carta abierta en la cual elude el análisis puntual y opta por generalidades que validan su accionar, apelando a su prestigio, a la promoción de los derechos humanos en sus aulas y argumentando, entre otras cosas, que los tres docentes que calificaron el documento establecieron su evaluación con base en parámetros formales y sustanciales. Sin embargo, es extraño, por decir lo menos, que ningún miembro del tribunal haya objetado las evidentes falencias de forma y contenido, ni la banalización de la violencia de género y el femicidio.

La Facultad señala que “(…) la Universidad es el espacio para la cohabitación de la universalidad de las ideas, la mayoría contrapuestas entre sí” y qué duda cabe que es donde debería primar un amplio debate sobre las temáticas que preocupan a la sociedad; pero cuando los trabajos de titulación se sustentan en la ‘opinología’ prejuiciosa más que en nociones teóricas y metodológicas, surge la preocupación sobre el rol que asume la Universidad frente a problemáticas como el femicidio, que en Ecuador refleja dimensiones dramáticas.

Con todo esto, queda la duda de si el trabajo fue aprobado sin ser leído con rigurosidad o sencillamente es un reflejo de que el Derecho también puede acarrear una fuerte parcialidad androcéntrica, con la cual algunos docentes se identifican, lo cual sería aún más lamentable.

El debate jurídico sobre la tipificación del femicidio es amplio y necesario en una sociedad que se esfuerza por superar el machismo, por ello necesitamos que el Estado asuma su responsabilidad en la prevención, protección de las víctimas y sanción del delito, y que las instituciones académicas no permitan que los prejuicios y estereotipos de género se engranen en sus aulas. (O)