La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) emitió el 24 de noviembre de 2016 la Regulación Nº 302-2016-M, referente al encaje. El coeficiente de caja constituye una parte de los depósitos que una institución financiera (IFI) debe conservar en reservas líquidas, sin usar para inversiones, ni préstamos. Las IFI tienen como función central canalizar el ahorro de sus clientes a préstamos, buscando rentabilidad para sus accionistas o socios, por lo que es claro que su objetivo no es mantener el dinero inmovilizado. Cuando algunas IFI en ciertas circunstancias económicas adversas inmovilizan el dinero, se debe a motivos de precaución o necesidades de liquidez.

La reciente medida de encaje adoptada por las autoridades monetarias, que afecta a siete bancos privados que poseen activos superiores a 1.000 millones de dólares, incrementó este de 2% a 5%, con lo cual deben depositar o inmovilizar en el Banco Central del Ecuador (BCE) un monto de alrededor de USD 750 millones que se originan en depósitos del público, justo en el momento en que la tasa de crecimiento de los créditos que otorgan las IFI había comenzado a expandirse. No es una medida aislada.

La medida del encaje provoca retiro de recursos de la economía por parte del BCE, es contradictoria pues la economía decrece, fue tomada en conjunto con otras medidas que provocan el mismo efecto: (I) La prohibición para el sector público no financiero de mantener depósitos e inversiones financieras en el exterior, los cuales en su mayoría ingresarán al BCE. (II) Modificación del cálculo del coeficiente liquidez doméstica (CLD), es decir, los recursos que algunas IFI tienen en el exterior, con el propósito de distribuir su riesgo o fundamentalmente respaldar operaciones de comercio exterior (exportaciones e importaciones), deberán traerlos al país. (III) Funcionamiento de los fondos liquidez del sector financiero privado (FLSFP) y sector financiero popular y solidario (FLSFPS), que en lo fundamental permite que puedan prestarse recursos entre los fondos hasta un 20% del patrimonio de sus fideicomisos. Según datos del Cosede a octubre 2016, el FLSFP cuenta con USD 2.349,5 millones y el FLSFPS con USD 41 millones, este último recién constituido sin recursos estatales.

El análisis integral de las normas antes citadas deja preguntas sin responder por parte de las autoridades monetarias y financieras: (I) ¿Las medidas básicamente extraen liquidez de las IFI privadas (depósitos de los ecuatorianos) y trasladan esta al BCE, con qué propósito? ¿En una coyuntura en la cual durante el 2016 los préstamos del BCE al Gobierno Central se incrementaron de noviembre de 2015 de USD 1.308,7 a noviembre de 2016 a USD 4.263,7? (II) En una circunstancia en la que los cupos de inversión del BCE (con recursos de los ecuatorianos) en las IFI públicas alcanzan cerca de USD 2.564,0 millones, y la tasa de mora (es decir, de los préstamos que no se pagan) de estas instituciones es la más alta (9,61%) del total de las IFI a octubre 2016, ¿qué sentido tiene proceder así si se trata de recursos de los ecuatorianos? (O)