Con unas disposiciones reformatorias, dentro de la ley que extingue algunas universidades, se colocó al borde del abismo a las dos universidades internacionales de postgrado en ciencias sociales que existen en el país. Por obra y gracia de un par de artículos redactados con desconocimiento del tema o con pleno conocimiento y perversa intención, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) dejarán de recibir los recursos públicos que hacían posible su funcionamiento. Se eliminan las asignaciones para investigación y para administración. El aporte del presupuesto estatal solamente se destinará a becas que, además, serán asignadas según criterios de los burócratas de turno y no por las entidades educativas.

Se las condena a una no muy lenta agonía, porque el postgrado en ciencias sociales no puede subsistir sin subvención. La realidad de los doctorados y las maestrías en otras disciplinas (como física, química, biología, administración, economía) es muy diferente por su vinculación a mercados de trabajo muy dinámicos y de alta demanda. Por tanto, es autosustentable. Por el contrario, el campo de trabajo para la sociología, la ciencia política, la antropología, la historia, es fundamentalmente el de la academia y solo en menor medida el de las aplicaciones prácticas. Por ello, en todas las universidades del mundo, el postgrado en estas disciplinas está sustentado por los ingresos que se obtienen en el pregrado. Pero, cuando se trata de universidades que son exclusivamente de postgrado, como las dos mencionadas, esos recursos solamente pueden provenir del aporte estatal (en otros países lo hacen también fundaciones privadas, pero eso acá es imposible). Así lo entendió el antiguo Conesup, cuando las calificó como universidades públicas y, posteriormente, la Ley de Educación Superior –que ahora se reforma– cuando las mantuvo en esa condición.

Hasta el momento no hay una sola explicación de los motivos que llevaron a esta reforma. Ambas entidades académicas han sido semilleros no solamente de personal académico para el resto de universidades del país, sino también para la política en todas sus dimensiones. La excelencia en la formación tiene un reconocimiento práctico en la inserción de sus graduados en múltiples campos de la administración pública y de la empresa privada. Su presencia en la comunidad académica internacional constituye un certificado de los niveles alcanzados. La planta de profesores con grado doctoral, a tiempo completo y con dedicación exclusiva, excede los umbrales establecidos en la ley. En fin, son universidades que han cumplido a cabalidad los objetivos que les corresponden y que han entregado un enorme aporte al país. Tanto es así que han sido premiadas por las propias instancias gubernamentales.

Por todo ello, resulta imposible identificar las razones para retirar el aporte estatal. Hay voces que sugieren que se trataría de retaliaciones políticas. Si fuera ese el caso, mucho más fácil sería apuntar directamente a las personas que resultan (resultamos) indeseables por expresar nuestra opinión. Sería nefasto que, aplicando la lógica de un régimen autoritario, se condenara a las instituciones por las posiciones legítimas de algunos de sus integrantes. (O)