Según he leído en los diarios, algunas de las personas que han criticado acerbamente a Rafael Correa por vulnerar reiteradamente a lo largo de su mandato varias normas constitucionales, proponen ahora a la Asamblea Nacional que se lo destituya por haberse arrogado funciones que no le competen, como aquella de querer resolver el embrollo en el affaire Issfa-MinAmbiente, ordenando hacer un débito en la cuenta que el Estado tiene con el vendedor por la suma que estima haberse pagado en exceso, es decir, 41 millones de dólares.

La metodología que emplea el presidente cuando analiza los asuntos espinosos del Estado, especialmente cuando él tiene participación directa, parecería significar que sus errores o sus carencias no son propias, devienen de lo que hacen o se imaginan o interpretan los demás, pero en cambio las virtudes o los aciertos sí son suyos, son producto de su formación y sus conocimientos. Sabemos que no es exactamente así, y aunque sea grave la repetida violación de los preceptos de la Constitución, como la alarma que ha causado en los últimos días su intervención en el tema mencionado (que tendrían que resolver los jueces si las partes voluntariamente no lo hacen), no debería esa falta generar la terminación de su mandato con todas las consecuencias de hecho y de derecho que causaría al país, pues estimo que se trata simplemente de una bravuconada administrativa que no ha desconocido, todavía, una decisión judicial.

No es que estoy de acuerdo, de ninguna manera, con la invasión prepotente que ha perpetrado el presidente a otras funciones del Estado, como lo he señalado varias veces, pero tampoco estoy de acuerdo con su defenestración de esa manera. ¿Por qué recién ahora, cuando va a terminar su periodo, surgen voces que demandan su cese inmediato? Me parece falto de oportunidad el pedido, a tal punto que luce como si el propio Rafael Correa hubiera urdido esa acción para que le quiten de las manos la papa caliente que amenaza con quemar la piel de los ecuatorianos por los estragos que está causando en la población su economía en preocupante descenso. Y si no fuera así, se trataría de un ejercicio inútil, porque es conocido que la Corte Constitucional puede congelar la solicitud y tiene antecedentes acerca de cómo actúa, y además, aunque pasara ese escollo se requerirían después los votos favorables de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, y también es conocido que el Gobierno tiene cautivos a un mayor número de asambleístas.

Si la mayoría de los ciudadanos está descontenta con el Gobierno a estas alturas de su trayecto, la solución no es un golpe de Estado o la terminación exabrupta del régimen –que debe concluir su periodo constitucional– sino planificar el futuro uniéndose o juntándose todos los que piensen igual, todos los que quieran lo mismo. Estas cosas que atañen al manejo del Estado no son tareas individuales, son labores colectivas o gregarias que superan al hombre en solitario, en soledad como tal.

No he roto el compromiso indeclinable conmigo mismo de defender el Estado de derecho, sino que me parece inconveniente e inoportuno el pedido aunque yo no esté conforme con las actuaciones del jefe del país. (O)