Tres años después siguen buscando el cuerpo de Lolita: así es el drama de quienes aún no hallan los cadáveres de primeras víctimas del COVID-19

Tras tres años de triste espera, la familia Encalada aún no ha podido recuperar el cuerpo de María Dolores, quien habría fallecido de COVID-19 el 26 de marzo de 2020, durante el pico de la pandemia.En ese mes, en medio de un confinamiento, Guayaquil vivió escenas trágicas: cadáveres apilados en las calles y en contenedores y sin respetar protocolos de identificación.Lolita, como la llamaban sus allegados, no murió en un hospital. No hubo casa de salud que la admitiera cuando su familia desesperada recorrió la urbe con ella en el balde de una camioneta.La mujer, que tenía 46 años y trabajaba como guardia de seguridad, fue declarada muerta afuera de una clínica privada.“Dos doctoras salieron y le dieron RCP, pero ya no reaccionó. Nos dijeron que la envolviéramos en una sábana y nos fuéramos a casa. Ahí debíamos esperar a que recogieran el cadáver”, cuenta Greta Encalada, su hermana mayor.Cuando volvió a casa le aplicaron formol. A la familia le tocó esperar dos días hasta que llegó Medicina Legal a Los Vergeles para llevarse el cuerpo a la morgue que para esa fecha se había improvisado con contenedores refrigerados afuera del hospital Guasmo Sur.En el hospital de Los Ceibos también había cinco contenedores.Greta fue quien entregó el cuerpo y firmó el acta. Hasta tomó una foto de la funda rotulada en la que sacaban a su hermana. Era una bolsa antifuidos con un código y un sello, recuerda la mujer que señala que la familia estuvo semanas revisando la web y los medios de comunicación para saber dónde la habían sepultado, pero tres años después el cuerpo sigue perdido.“Nosotros tenemos derecho de culto, de ir a llorarla a algún lado, de darle cristiana sepultura. Nunca hubo una respuesta”, se queja Greta, quien ha estado tras del caso y hasta fue parte de la demandas colectivas que interpusieron al Estado las 30 familias que aún no han encontrados los cuerpo de sus allegados.En junio del 2021, la Defensoría del Pueblo con las familias presentó una acción de protección por los cuerpos extraviados. El fallo judicial fue a favor, se reconoció la violación de los derechos humanos, revela Billy Navarrete, secretario del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos.Sin embargo, de la investigación judicial que abrió la Fiscalía en abril del 2020 por el mal manejo de los cuerpos no hay noticias nuevas. El caso se investigó durante 18 meses en Guayaquil y luego pasó el proceso a un fiscal de Quito.En Guayaquil se procesaba y se llamó a declarar a los entonces directores de los hospitales del Guasmo, del Teodoro Maldonado Carbo y del IESS de Los Ceibos.Este Diario solicitó esta semana a la Fiscalía información para conocer cómo está el proceso judicial, pero la entidad respondió que por ley dispone de quince días para pronunciarse, por lo que hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.La Fiscalía abrió también una investigación en paralelo por el delito de concusión, porque se denunció que varios funcionarios estaban cobrando hasta 100 dólares para permitir a las familias entrar a los contenedores a buscar entre la pila de cuerpos.En ese caso sí se procesó a varias personas, dijo semanas atrás el fiscal César Suárez, quien investigó el caso en Guayaquil hasta el 2021. Este proceso también se envió a Quito y ya no hubo noticias.Por estas denuncias incluso se llamó a las familias afectadas a declarar ante la Asamblea durante el juicio político al exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, a quien se lo inhabilitó durante cuatro años para que no vuelva a ocupar un cargo público, recuerda la hermana de Lolita.Grace Encalada hasta llevó a su madre a Medicina Legal para que le tomen una muestra de ADN para buscar a María Dolores entre los 221 cuerpos irreconocibles que llegaron a la morgue. Tampoco localizaron su cadáver.Encalada cree que su hermana menor fue enterrada por error por otra familia, pues cuenta que a un conocido suyo que también perdió alguien en el hospital del Guasmo le estaban entregando el cuerpo equivocado ya metido en la caja.“Quienes trabajaban para las funerarias cobraban hasta 1.000 dólares para sacar el cuerpo de tu pariente. A un conocido le dijeron aquí está su papá, pero él abrió la caja y “¡ohh!, sorpresa, no era su padre”, dice Greta, quien agrega que sacaron en total cinco cuerpos los de la funeraria y que el quinto resultó ser el padre de su amigo.“Y si él no hubiera abierto las primeras fundas, se llevaba un cuerpo equivocado. Yo creo que eso pasó con Lolita”, dice Greta.Karen Ochoa, quien localizó el cuerpo de su padre en el camposanto que se creó en Pascuales, cree que los cadáveres que están perdidos pueden estar ahí mismo.Ella y otra joven lograron hace dos años exhumar los restos gracias a una orden judicial para confirmar si sus parientes estaban sepultados ahí. En ese lugar, según las autoridades, se sepultó a 1.000 víctimas del virus.Pero Ochoa cree que hay muchos más, pues cuenta que localizó a su padre, pero no estaba junto a su lápida, sino unos metro más adelante en una fosa con tres cuerpos más.“Cuando abrieron la bolsa lo reconocí por la ropa que usaba el día que lo internamos en el hospital del Guasmo. Aún tenía la mascarilla de oxígeno en su cara”, revela la mujer de 34 años, que espera en 2024 volver a exhumar los restos de su padre y trasladarlo al Cementerio General, donde ya habían contratado el servicio en abril del 2020, poco antes de que el cuerpo de Carlos Ochoa fuera llevado a Pascuales.Ella cree que en el cementerio se enterraron más cuerpos de los declarados, pues señala que en la exhumación se dieron cuenta de que no estaban ordenados, uno por uno, como le habían dicho.“Hay fosas, están apilados de tres o cuatro, los separan con un cartón. Algunos están en bolsas etiquetadas, otros envueltos en sábanas”, asegura Karen Ochoa. (I)

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