Jean Carlos, guayaquileño de 23 años, apenas se graduó de bachiller ingresó a la carrera de Contabilidad de la Universidad de Guayaquil. Su afán era conseguir trabajo para cubrir sus gastos y aportar con algo a su familia, con la que vive en Socio Vivienda, en el noroeste de Guayaquil.
Sin embargo, pasaron tres años y no conseguía trabajo. Fue por varias ocasiones con sus compañeros a convocatorias, a todos les salió en supermercados, cadenas de comida rápida, pero a él nada. Ya no podía estar sin dinero. Tenía dos opciones: pararse en las esquinas de Socio Vivienda junto a sus vecinos o irse a vivir donde una tía en Sauces y buscar trabajo por allá.
Y así fue, a las dos semanas consiguió empleo. “Tuvo que mudarse para tener trabajo, si dices Socio Vivienda ni el saludo te dan, no te dan trabajo, ni crédito, es más ni tienes cómo movilizarte porque los taxis no quieren entrar”. Así lo detalla una de las tías de Jean Carlos, quien asegura que este estigma ha vulnerado los derechos de los jóvenes que se sienten “discriminados” por decir que viven en ese sitio.
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Socio Vivienda se inició como un plan habitacional en el 2010, hace 14 años, cuando se entregaron las primeras casas del bloque 1. Dos años después fueron las del bloque 2, etapa que bandas criminales habían convertido en una especie de centro de operaciones delictivas.
El pasado jueves, 15 de febrero, el Bloque de Seguridad hizo una nueva intervención con más de mil uniformados. Allí se allanaron 70 viviendas que fueron tomadas por antisociales, ellos desplazaron y hasta asesinaron a sus propietarios para convertirlas en desguazaderos de carros, minilaboratorios de droga, centro de microtráfico de droga, sitio donde tenían secuestrados a víctimas de extorsión, bodega de enseres y accesorios robados.
El coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina al que pertenece ese sector, explicó que la Unidad de Policía Comunitaria quedó deshabitada debido a varios ataques de los grupos delictivos.
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Y que se sigue interviniendo la zona debido a que en ese sitio se manejaba una economía criminal de más de $ 50.000 mensuales por el cobro de extorsiones como ‘vacunas’ a viviendas, negocios, buses, tricimotos y secuestros de personas.
“Reclutan a los menores para darles una casa y hacerlas centro de operaciones criminales, además hacen pintar muros con figuras de criminales, tratando de endiosarlos para que sean el ejemplo de las futuras generaciones, todo esto estamos cambiando, se han sacado esos muros”, manifestó él.
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Allí, en Socio Vivienda habitan unas 45.000 personas. Sus habitantes viven encerrados, los negocios del sector han cerrado debido a la delincuencia, expresan que esta situación ha generado en los últimos tres años que lo cataloguen como el sector más peligroso de Guayaquil.
Una de las habitantes, que prefiere mantener su nombre en reserva, manifiesta que en la zona no hay un plan constante para apoyar a los jóvenes a conseguir trabajo, a que tomen un rumbo distinto.
“Aquí para buscar un trabajo tienen que dar otra dirección, es difícil que le den trabajo a las personas, eso vulnera los derechos de la persona. Si no hay trabajo, no come. Aquí por eso muchos salen a pararse en las esquinas y usted sabe que las esquinas son la madre de todos los vicios”, expresa la mujer.
En eso coincide Javier Gutiérrez, representante de la organización Misión Alianza, que tiene programas en ese sector. Él comenta que la situación de las familias es compleja, que hay un estigma enorme cuando se dice “Socio Vivienda”.
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Él refiere que este estigma ha originado problemas significativos en la economía de los hogares, ya que incluso hasta el transporte se encarece para sus habitantes.
“Ya no quieren entrar los buses, le toca a la madre de familia salir en moto lineal, luego tomar mototaxi y son cosas que cuestan más. Además de que no pueden conseguir trabajo fácilmente al decir que vienen de ese lugar”, señala.
Añade que este estigma también ha generado que ellos sean excluidos de proyectos continuos de mejoramiento de calles, servicios básicos, entre otra pública, que es urgente llegar con programas que permitan salir adelante a los habitantes porque de lo contrario la situación delictiva en esa zona seguirá tomándose a los habitantes y al resto de la ciudad.
“Necesitamos programas constantes, nosotros como organizaciones tenemos programas pero son esporádicos, se necesita política pública, que se aplique de manera continua para generar un cambio”, expone Gutiérrez. (I)
