La escena es escalofriante: cuatro antisociales con armas largas se bajan con vehemencia de un automóvil blanco y se llevan a empujones a un hombre que, al ver a tanta gente con el rostro cubierto con mascarillas y gorras, ni siquiera opone resistencia.
Detrás del automotor se estaciona otro carro, de color negro, del cual descienden tres sujetos más que también participan del sometimiento de la víctima. Tras cumplir su objetivo, todos huyen en ambos vehículos.
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El secuestro ocurrió este jueves, 30 de mayo, en las calles Leonidas Plaza y Portete, suroeste de Guayaquil. Y según trascendió la víctima sería dueña de un negocio ubicado en ese sector.
El video del hecho se viralizó en la mañana y en la tarde circuló en las redes sociales otro audiovisual del secuestro de otro hombre en Lomas de Urdesa, norte de la ciudad, mientras se trasladaba en un auto de alta gama.
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En el video se ve a varios individuos subirse al apuro a un carro gris y abandonar la avenida Olmos. El vehículo en el que iba la víctima quedó abandonado en la mitad de la vía.
A más de estos dos casos ocurridos este jueves en Guayaquil, hubo otra alerta en un barrio del suroeste en el que la intervención de los moradores contribuyó a atrapar a uno de los dos sospechosos que habrían tratado de llevarse a una mujer.
Un cuarto caso ocurrió ayer en el cantón Durán, donde en el km 4,5 de la vía Durán-Tambo un video de tres segundos captó el momento en el que antisociales pretendían sacar a la fuerza al conductor de un vehículo. Se desconoce si los sujetos cumplieron o no con su cometido.
Tanto Guayaquil como Durán, en la provincia de Guayas, son localidades que han sido azotadas por la violencia criminal y en las que se han ejecutado varios operativos en el marco del conflicto armado interno vigente desde el 9 de enero de este año.
Luego de un intenso operativo por vía aérea y marítima, en el sector de la isla Trinitaria, sur guayaquileño, la Policía liberó este jueves al familiar del asambleísta Jonathan Parra que había sido secuestrado en el norte de la ciudad la mañana del miércoles de esta semana.
El hombre se trasladaba hacia su lugar de trabajo en un vehículo cuando fue interceptado por tres antisociales en el sector de La Florida que iban a bordo de una camioneta.
Durante el operativo se detuvo a dos sujetos a los que la Fiscalía les prevé formular cargos. Según datos preliminares, los implicados exigían el pago de 2 millones de dólares a cambio de la liberación del secuestrado.
Solo en Guayaquil, Durán y Samborondón, la Zona 8, entre enero y marzo de este año, a la Policía de los tres cantones les llegaron 247 delegaciones fiscales por casos de secuestros.
Pero los casos de este delito no solo se circunscriben en Guayas o en la Zona 8. Durante esta semana se han dado alertas en la provincia de Los Ríos y en Pichincha.
En esta última jurisdicción, un allanamiento a una finca en la parroquia Mindo del cantón San Miguel de los Bancos permitió el jueves la liberación de cinco personas que estaban retenidas desde hace tres meses por presuntos miembros del grupo de delincuencia organizada Los Lobos.
Fuerzas Armadas informó que tras recibir información de inteligencia y en coordinación con la Policía se ejecutó un operativo en ese sector. Por la libertad de las cinco personas, los secuestradores exigían medio millón de dólares.
Desde el 22 de mayo, y por un lapso de 60 días, en siete provincias rige un estado de excepción, estas son Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Sucumbíos y Orellana, territorios que, según la Policía Nacional, concentran 1.920 muertes violentas, una cifra que representa cerca del 87 % del índice de asesinatos de todo el país.
A estos territorios se les suma el cantón Camilo Ponce Enríquez, perteneciente a la provincia de Azuay.
De ahí que a la opinión pública le preocupa que estos casos recurrentes de secuestros se den en dos provincias (Guayas y Los Ríos) en las que en este momento, como parte del estado de excepción, se ejecutan controles policiales y militares.
Daniel Pontón, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), experto en seguridad, considera que el secuestro es un delito que para los grupos de delincuencia organizada se ha convertido en una alternativa de crecimiento económico. Y por ello los casos son más frecuentes, sostuvo.
“Hay que definir cuáles son las condiciones en las cuales operan, porque claramente ha cambiado la modalidad del delito, cuando antes era mucho más selectivo, un proceso muy depurado de selección de las víctimas en función de su potencial, digamos riqueza, focalizaban a las personas más adineradas, ahora es un delito mucho más azaroso (del azar), pero en ese sentido creo que habría que analizar (...) yo sí creo que hay un proceso previo de selección de víctimas, pero que ya funciona como industria”, mencionó él.
Para Pontón, el país en la actualidad se enfrenta a lo que considera una “industria del secuestro”. “Anteriormente teníamos una especie de actividades delictivas de secuestro que eran mucho menos frecuentes, cuando uno plantea este tema de industria obviamente es porque el tema se hace mucho más masivo”, refirió el catedrático.
Eso explicaría que ahora las víctimas del delito ya no son solo personas de clase alta o media, pues hay casos de comerciantes y hasta de taxistas que han sido blanco de secuestro por cuyos rescates piden cifras menores.
Katherine Herrera, consultora política en seguridad pública y de Estado, refirió que históricamente Guayas y Los Ríos han sido provincias en las que los gobiernos no han logrado imponer un control absoluto o medio en la lucha o combate contra el crimen organizado.
“Lo que sucede es que en el momento en que se da el conflicto armado interno los operadores estaban en una pseudocalma, incluso no estaban operando o no se encontraban dentro de estos cantones y se fueron a refugiar a cantones tranquilos o que aparentemente no tienen una tasa de criminalidad o violencia alta. Regresan, tienen que recuperar y, obviamente, tiene que nuevamente resurgir la economía (criminal)”, comentó ella.
Secuestran a hombre en Lomas de Urdesa cuando circulaba en un carro de alta gama
Herrera cree que más que pretender demostrar quién manda en estas provincias, con los secuestros las bandas delictivas buscan financiar la logística y otros aspectos de sus actividades ilícitas con dinero obtenido de forma más rápida.
“El pago de sus militantes, la captación o reclutamiento de más personas que formen parte del GDO (grupo de delincuencia organizada), o sea, necesitan dinero mucho más rápido. Si nosotros habláramos de un tema de disputa o impacto para hacer presencia (en territorio), la intencionalidad de mostrar esto, la intención sería más sangrienta, sería con impactos mucho más fuertes como lo que está sucediendo con Los Pepes (banda) en la provincia de Manabí”, señaló la consultora.
A la par de la situación que se vive en las calles, la fuerza pública ha dado duros golpes con capturas e incautaciones de droga a Los Choneros y Los Lobos, las dos bandas delictivas más grandes que operan en el país. (I)