Este jueves 2 de abril, la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha se reinstaló para dar a conocer su resolución por el pedido de apelación a la prisión preventiva dentro del caso Goleada luego de su fase de deliberación. La audiencia se realizó el pasado 13 de marzo.
Esto porque Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, sus hermanos Xavier y Antonio, Fernando Peñaherrera y César Bravo interpusieron un recurso de apelación de la medida cautelar personal de prisión preventiva dictada en su contra en la audiencia de formulación de cargos el 11 de febrero, por parte Jairo García, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.
La diligencia se desarrolló mediante conexión telemática o presencial y se dispuso que las autoridades penitenciarias faciliten la conexión de los procesados, quienes permanecen privados de libertad.
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En total hay doce personas involucradas en el caso Goleada por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
Según la Fiscalía, esto involucra un “entramado societario complejo” alrededor de la comercialización de combustible.
El último en ser vinculado al proceso fue el asambleísta Raúl Chávez, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC)-RETO, a quien se le dictó prisión preventiva.
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La sala conformada por los jueces Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez Avilés tomó una resolución por unanimidad.
En la audiencia se indicó que sobre Aquiles Alvarez, por ejemplo, no existía doble juzgamiento, que hubo la defensa técnica, que sus actividades se desarrollaron de manera particular y no en el ejercicio de sus actividades públicas, y que a los procesados se les informó el motivo de la detención.
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Sin embargo, para los magistrados, entre otros argumentos, los elementos de convicción presentados por Fiscalía no son suficientes, a este momento, para establecer delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
A criterio de los jueces, los elementos permiten establecer un posible acuerdo o concertación criminal de formar un grupo estructurado y su permanencia para cometer un ilícito de comercialización ilegal de diésel subsidiado y no con la finalidad de lavado de activos.
Por ello revocaron la orden de prisión preventiva para los cinco, pero otorgaron medidas cautelares, entre ellos, para los hermanos Antonio y Xavier Alvarez, dirigentes de Barcelona.
Esto porque el alcalde Alvarez mantiene prisión preventiva por el caso Triple A, en el que se investiga la comercialización ilegal de hidrocarburos y por el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente por el retiro del grillete electrónico que llevaba en un tobillo por ese caso.
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Para él, se dispuso que se presente ante el director del centro de privación de la libertad en el que está detenido. (I)
