Microestados donde el crimen organizado impone su ley, es lo que para el analista de seguridad Jean Paul Pinto retrata el artículo de la revista The Economist, bajo el título “Un viaje por el nuevo narco-Estado del mundo”.
En los últimos diez años, la cocaína ha transformado a Ecuador de una de las naciones más estables de Sudamérica, con calles más seguras y niveles de vida más altos que muchos de sus vecinos, al país más peligroso del continente, sostiene el medio internacional en una publicación.
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Además que el año pasado se registraron más de 8.000 asesinatos. La ciudad industrial de Durán, donde gran parte del aparato de gobierno ha sido secuestrado por mafiosos tiene derecho a ser la capital mundial del asesinato, pues en promedio alguien es asesinado allí casi 19 horas, describe el autor del texto Alexander Clapp.
Pinto sostuvo que si se toma en cuenta el caso de Durán es un micro-Estado o Estado fallido debido a que en ese tipo de zonas el Estado no existe. Los que ejercen la ley, indicó, son los grupos criminales, los que proveen de servicios básicos como luz, de agua, los que cobran impuestos, quienes deciden quién entra y quién no. También deciden lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
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A su criterio en varias localidades del país eso sucede. Por ello, agregó, el periodista -que hizo ese reportaje- se permitió titular el artículo así, pero mencionó que no significa que el Estado como tal es un narco-Estado, pero sí que en varias zonas del país hay micro-Estados que son narcoestados.
La alternativa para Pinto es que el Estado haga presencia física en esos lugares. A modo de ejemplo planteó que sea como aquella que hizo el gobierno de Colombia en el Cauca, donde hubo intervención militar, sacaron a las disidencias e implementaron una política pública. Sostuvo que se deben generar servicios básicos y además dar oportunidades para los que habitan en las zonas como becas de estudio, capitales semilla para emprendimientos.
También, agregó, debe haber inversión desde el sector privado y recibir incentivos tributarios por cada proyecto de seguridad.
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Con esa fórmula cree que las zonas que están en manos de los grupos criminales pueden ser recuperadas, aunque para ello pasará tiempo.
“Si solamente hacemos un tema de mano dura, de militarizaciones no va a funcionar y no está funcionando porque esa no es la solución, sino se implementa este triángulo de actores esto no va a mejorar”, dijo.
Daniel Pontón, experto en temas de seguridad y académico, criticó el título del reportaje. Para él es exagerado y podría ser hasta cierto punto sensacionalista e incendiario y peligroso, porque eso genera efectos psicosociales mucho más degenerativos que la de generar un sacudón político institucional en el país para que las cosas cambien.
Los contenidos -opinó Pontón- no cree que estén mal.
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“No (se) puede decir que esto es un narco-Estado”, dijo. Agregó que hay violencia, mafias territoriales, penetración del crimen, pero calificarlo de esa manera es rimbombante.
En un narco-Estado por definición es en donde prácticamente no hay límite entre el bien y el mal, entre lo legal y lo ilegal, en donde mandan los narcotraficantes, explicó.
Como ejemplo indicó que los ciudadanos tendrían que estar pactando con narcotraficantes o estar pagando tributos.
El analista expresó que hay ciertos sectores del territorio donde el Estado ha sido cooptado, en donde no puede ejercer su soberanía, pero que en todo el Estado suceda así, no.
Pontón mencionó, además, que eso afecta la confianza en la gente porque si no se cree en lo público se decanta por lo privado.
Desde el Gobierno -indicó- se debe planificar una estrategia de difusión política para desmentir porque en Ecuador también hay normalidad en las calles, en los barrios.
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Se refirió a países como México o Colombia donde se han desarrollado su democracia, economía, independientemente de problemas que podrían ser similares.
Para él, el Gobierno dice haber hecho más en materia de seguridad de lo que realmente ha hecho, porque también hay de por medio un proceso electoral.
En cuanto a las políticas de seguridad, Pontón señaló que no hay una mirada de largo plazo que esté articulada a un plan.
José de la Gasca, ministro de Gobierno, según declaraciones difundidas por el Ejecutivo, discrepaba con la generalización de esa revista, pero el funcionario indicó que podría entenderla como una foto tomada hasta antes del gobierno actual.
Argumentó que no toma en cuenta una decreto ejecutivo que declaró conflicto armado interno y la guerra contra el crimen organizado internacional/terrorismo. (I)