En 114 de los 1.267 barrios regularizados en Quito hay mayor incidencia de criminalidad: frenar la inseguridad, un reto de la capital

Coches bomba, uso de artefactos explosivos, secuestros, extorsión, y tráfico ilícito de drogas es el escenario de inseguridad que este año ha registrado Quito. Frenar la violencia criminal y la delincuencia organizada, que intentan penetrar, son retos que tiene la capital, que este 6 de diciembre cumple 489 años de fundación.Entre 2019 y 2022, el Distrito Metropolitano de Quito se ha ubicado en el puesto 102 de 221 cantones con la más alta tasa de homicidios intencionales, pues pasó de 134 a 200 casos, según un documento del Municipio capitalino, que se refiere al Plan Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2023-2027.El 2022 fue el de mayor número de reportes de homicidios intencionales (200) de los cuales 90 % fueron hombres, 77 % ecuatorianos.Hasta junio de 2023, se han registrado 142 casos que representan al 71 % del total de homicidios intencionales registrados en todo el 2022.A esa misma fecha, se han reportado 37 incidentes con artefactos explosivos que representan el 154,17 % del total de eventos del 2022.A finales de agosto pasado, un vehículo explotó en las calles 9 de Octubre y Robles y un segundo automotor detonó en las calles 12 de Octubre y Wilson, ambos al norte de la ciudad.Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, señaló que de acuerdo con el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, que maneja información de varias entidades así como estudios, se han priorizado 114 de los 1.267 barrios regularizados, donde hay un índice de seguridad con mayor incidencia de criminalidad, robos a personas, homicidios, violencia criminal.Eso ha permitido priorizar la presencia de las instituciones de seguridad, indicó en una entrevista en radio Quito. Una de las estrategias para contribuir con la seguridad desde la Alcaldía capitalina es la entrega de 108 UPC -con una inversión de alrededor de $ 1 millón- a la Policía.De ellas, 45 en infraestructura, 23 con mantenimiento y 40 con equipamiento. La funcionaria señaló que fue una priorización de la Policía. Representan el 36 % de las 308 UPC que hay en la capital.Entre otros aportes de las administraciones municipales se destacan alarmas comunitarias, entrega de camionetas para las parroquias rurales, motocicletas.Andrade señaló que al norte, en Calderón, o al sur, en Quitumbe, se requiere incrementar la presencia de uniformados, pero también de otras entidades municipales.La funcionaria aseguró que hay un déficit en la cantidad de efectivos en Quito, pues para ella es importante reforzar el eje preventivo con la presencia visual en las calles.En la actualidad, la capital contaría con 5.313 efectivos entre los que ya se toma en cuenta a los 1.262 que se incorporaron en junio pasado.La tasa de policías por cada 1.000 habitantes en la ciudad es de 1,9, cuando a nivel mundial la media establecida por las Naciones Unidas es de 2,8, se aseguró -en agosto pasado- en una carta pública, denominada Manifiesto por la vida, la paz y la seguridad ciudadana en Quito, suscrito por el alcalde Pabel Muñoz, por los concejales, la Asamblea Ciudadana de Quito, gremios productivos como la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) y académicos, como las universidades Central, Católica, Politécnica Salesiana.Tomando en cuenta esas recomendaciones, a la capital le harían falta 2.516 policías para pasar de 1,9 (5.313 agentes) a 2,8 (7.829) por cada 1.000 habitantes.Los robos y los homicidios aumentaron en Quito, y el uso de armas de fuego es cada vez más alto, pues llega a representar el 42,6 % de las muertes intencionales en 2022.Si bien las riñas han sido la principal causa de los homicidios el año pasado, hay causas como amenazas, robos, microtráfico y violencia de género.Esas son algunas cifras del informe de calidad de vida 2023 de la capital, presentado por la iniciativa Quito, Cómo Vamos.En ese estudio, Efrén Guerrero, profesor universitario, mencionó que Quito se enfrenta a una escenario de violencia social con más incertidumbres que certezas.La gestión del orden público y la seguridad implican una acción coordinada de competencias entre el Gobierno central y el Municipio, que va más allá de la construcción de infraestructura y el suministro de equipamiento ya que implica garantizar que las personas vivan, coman, descansen y tengan viviendas dignas, opinó.Analía Ledesma, concejal e integrante de la Comisión de Seguridad del Municipio, indicó que si bien es cierto el desempleo y la seguridad -directamente- no es competencia de la municipalidad, sin embargo, no se puede dejar en manos del Gobierno Central, cuando se ve que ciudades como Cuenca ha implementado un plan de seguridad democrática, seguridad ciudadana.El desafío más importante para Ledesma, el integrar a los diferentes sectores y a la ciudadanía en general para que las acciones contra la inseguridad tengan impacto y buenos resultados.Carlos Blanco, experto en seguridad y coronel (SP) de la Policía, las estrategias policiales son las adecuadas, pero se requieren cambios legales que podrían incluir, por ejemplo, aumento de penas, en migración o que los detenidos trabajen en las cárceles. Cuestionó casos de sujetos aprehendidos que luego salen en libertad. (I)

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