A favor de la entrega de un incentivo gubernamental denominado Plan Legado de Honor se mostraron exautoridades del frente de seguridad para militares y policías.
El Gobierno dispuso el pago de una compensación económica al personal militar y policial en servicio activo por medio de los decretos ejecutivos 584 y 585. El argumento es el esfuerzo y riesgo en el marco del conflicto armado interno en Ecuador.
El valor de este pago asciende a $ 507,60. De acuerdo con los decretos, la compensación económica establecida tiene el carácter de extraordinaria y, por tanto, se la realiza por esta sola y única vez y no genera derecho al pago de forma habitual.
La Policía Nacional, en el cumplimiento de sus funciones durante el desarrollo del conflicto armado interno, ha desplegado varias acciones que han permitido contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados, y personal militar ha enfrentado a grupos armados organizados, grupos de delincuencia transnacional y organizaciones delictivas, indican los decretos.
Según Wagner Bravo, general de Fuerzas Armadas (SP) y exsecretario de Seguridad, Ecuador está en una guerra y el personal está movilizado ya casi quince meses. Explicó que cuando eso sucede se cumple un plan de guerra, por lo que se puede anochecer en Tulcán y se podría amanecer en El Oro.
Eso hace, agregó, que ese trajín altere la vida cotidiana e inclusive la planificación económica de los miembros de Fuerzas Armadas; además, hay gastos adicionales del personal.
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Bravo es partidario de que esa compensación sea continua hasta que el conflicto con los grupos de delincuencia organizada termine, porque las necesidades de la movilización que hace personal militar no se soluciona con $ 500.
Por ello, mencionó que debe haber una compensación de guerra de forma permanente. Consideró además que ese reconocimiento debió haberse hecho hace un año, porque fue cuando el actual régimen planteó el aumento del IVA del 12 al 15 %.
“Si hay una ayuda económica y se pueden dar recursos, qué bueno, porque eso de todas maneras alivia la economía de la persona, de la familia, su salud, y también es un incentivo para continuar trabajando”, opinó.
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Juan Zapata, exministro del Interior, recordó que él ha planteado el denominado Bono al Riesgo. Agregó que está de acuerdo porque hay que motivar al personal, pero dijo que sí debería haber una discriminación con un porcentaje mayor a quienes están en zonas críticas, como por ejemplo Durán, en la provincia del Guayas.
Para el efecto se tomarían en cuenta indicadores como tasa de homicidios, número de policías fallecidos en servicio, delitos comunes, y se harían tres escalas.
Plantea tres rangos: muy alto, alto y medio, y el porcentaje del sueldo nominal va del 50 al 30 % respectivamente. Por ejemplo, muy alto a seis provincias de la Costa que están en la ruta de la droga. Alto, en localidades como Santa Elena, Sucumbíos, Quito. Medio como la provincia de Orellana.
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“Si un policía gana $ 1.400 de sueldo nominal sin descuentos y está en Prosperina su bono es 50 %, es decir, $ 700. No es lo mismo trabajar ahí que en Riobamba, por ejemplo. Por lo tanto, debe ser diferenciado y mientras labore en esos puntos”, explicó. Añadió que para ello hay que hacer reforma legal.
Personal desplegado en ciudades que no tienen conflicto, como Cuenca o Galápagos, no recibiría el bono.
Alrededor de 100.000 efectivos de seguridad recibirían ese incentivo gubernamental, que debe ser ejecutado por los ministerios del Trabajo, Economía, Defensa y del Interior. (I)
