Quevedo, LOS RÍOS
Las acusaciones de nepotismo y tráfico de influencia rondan al Municipio de Quevedo y han puesto en el ojo público a varios concejales, pero principalmente a la vicealcaldesa del cantón, Gabriela Santamaría.
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Esto a raíz de la sesión de Concejo realizada el 21 de mayo anterior, en la que el concejal Robert Alvarado (PSC) señaló a la vicealcaldesa de haber incurrido en nepotismo.
En su intervención, Alvarado dijo: “Cuatro hermanos suyos son empleados de Quevial (Empresa Pública de Vialidad), 95.000 dólares anuales se lleva la familia Santamaría porque trabaja incumpliendo la ley. El artículo 6 de la Ley Orgánica del Servicio Público prohíbe el nepotismo y como tal vamos a hacer una fiscalización hasta la última consecuencia, aun a costa de mi vida, porque esto puede costar mi vida”.
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El edil se mantiene en lo dicho. Y ha recalcado que Santamaría tiene laborando a sus familiares, quienes ocupan cargos como el de tesorero, analistas técnicos, asistentes administrativos, analistas de seguridad, entre otros puestos por los que reciben remuneraciones económicas desde 675 hasta 1.400 dólares mensuales.
En una entrevista con EL UNIVERSO el concejal Alvarado dijo que desde hace varios meses han solicitado información sobre la existencia de parientes de la funcionaria en las empresas del Municipio.
“El artículo 6 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que ni la autoridad nominadora, ni el cuerpo colegiado puede tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, no puede contratarlo”, explicó Alvarado.
El concejal añadió: “Hay una confusión, algunos creen que solo es la autoridad nominadora la que no puede contratar (es decir el alcalde), pero ¿cuál es el cuerpo colegiado?, es el Concejo. Es más el Concejo designa a un concejal para que vaya al directorio y ese concejal no está habilitado para tener tampoco parientes laborando”, sostuvo el edil.
El funcionario agregó que es un proceso de fiscalización. “Para mí, es proceso administrativo que tiene que llegar a la Contraloría, no necesariamente es un delito penal, por eso no puede pasar por la Fiscalía porque tiene una sanción distinta, mas, no así el tráfico de influencias, eso sí es un delito penal sancionado incluso con una pena privativa de la libertad”, dijo Alvarado.
Durante la sesión de Concejo, ante lo expuesto por el concejal, el alcalde Alexis Matute, de Revolución Ciudadana, le advirtió que deberá asumir la responsabilidad de sus acusaciones.
“La vulneración del derecho al trabajo también es penado, si usted está consciente que existe nepotismo lo invito a que vaya a la Fiscalía, a la Contraloría (…) aquí está cerca la Fiscalía, la Contraloría (…) si usted no demuestra que existe nepotismo tendrá que responder a la sociedad también, usted tiene que responder lo que está aseverando en estos momentos”, expuso Matute.
Alvarado refirió que “él (alcalde) hizo una confesión al salir en defensa de la vicealcaldesa, dijo que prima el derecho al trabajo, pero el derecho al trabajo en las instituciones públicas está regulado y reglamentado y están las prohibiciones a los cuerpos colegiados, a los funcionarios y autoridad nominadora, están señalados en la ley”.
Ante los señalamientos, Santamaría dijo que ella “no es la persona que contrata sino el alcalde, el gerente o el de Talento Humano”.
“El señor (Alvarado) hizo un show y yo no estoy dispuesta a seguirle su show, cualquier cosa que él crea que estoy en contra de la ley, él tiene que ir a los órganos competentes, en este caso sería Controlaría (…) él lo que quiere es buscar polémica, mis familiares son libres de trabajar donde ellos creen conveniente y si la ley se los permite, en este caso no sé qué compromiso tenga el señor alcalde con mis familiares. Si ellos tienen algún compromiso y él les dio trabajo, yo no tengo nada que ver porque no soy Talento Humano ni gerente de Quevial”, refirió la funcionaria.
Y aseguró que “me he asesorado con abogados y no hay nepotismo, no soy parte del directorio de Quevial”.
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Para el concejal Alvarado, el caso de presunto nepotismo en el que estaría involucrada la vicealcaldesa Santamaría es causal para su destitución, sin embargo, sostuvo que eso lo determinará la Contraloría.
“Las sanciones administrativas van de una a 20 remuneraciones básicas del trabajo, el artículo 7 de la Losep establece que en caso de que se determine que existe nepotismo hay la destitución y las personas que estuvieran cobrando deben reintegrar los valores al Gobierno Municipal o a la Empresa Pública”, concluyó el edil Alvarado. (I)