‘Estamos cansados de ver que los ladrones nos matan, nos roban, nos pegan, nos revuelcan’: la reacción ciudadana ante autorización para porte de armas de uso civil

La autorización del Gobierno nacional para tenencia y porte de armas, bajo el cumplimiento de ley y reglamentos, para la defensa personal genera opiniones divididas en la comunidad de Guayaquil, donde actualmente se convive con un auge delictivo y eventos de violencia criminal.En el Puerto Principal, ciudad que integra la Zona 8 (la más conflictiva del país), junto con Durán y Samborondón, se ha registrado un incremento de muertes violentas, extorsiones, secuestros, robos a locales comerciales y ciudadanía en general.En los tres primeros meses del año hubo al menos 555 muertes violentas, que marcan un aumento de 227 eventos más en comparación con el periodo anterior, es decir, un alza del 69 % de casos.Entre las tres medidas dispuestas por el presidente Guillermo Lasso constan también el porte y uso de gas pimienta para defensa personal, estado de excepción con toque de queda de 01:00 a 05:00, por un lapso de 60 días, en las provincias de Santa Elena, Los Ríos y en la Zona 8.Además se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Guayaquil y habrá rotación en las provincias de Santa Elena y Los Ríos.Isaac Peralta, morador del sector conocido como Entrada de la 8, en el noroeste de la ciudad, mencionó que la medida de dar la facilidad de porte de armas debe seguirse con un proceso riguroso, es decir, con las pruebas, a nivel psicológico y más, para quienes deseen poseer un arma.Esto, sostuvo, debido a la posibilidad de que porten estos instrumentos algunos ciudadanos que puedan tener actuaciones que vayan en contra de inocentes.“Por más que digan que va a haber ciertos reglamentos, igual siempre va a haber un desvío y gente que no necesariamente la necesite y la va a tener (arma). Debería tener un sistema de filtración extremadamente estricto”, dijo el ciudadano, que prefiere no usar armas pese a que observa el problema delincuencial con zozobra.Justamente, la zona donde él reside es parte del Distrito Nueva Prosperina, una de las consideradas por autoridades como de alta complejidad por la operación de grupos delictivos.Ante los problemas de seguridad, Zoila Paredes, habitante del centro sur, considera positiva la medida, puesto que —según ella— la delincuencia continúa ganando terreno en escenarios donde antes no se observaban mayores novedades, como en centros comerciales.En días pasados, hombres con armas de grueso calibre y explosivos ingresaron a un centro comercial para robar en una agencia bancaria. El rápido accionar policial impidió que se concretara el ingreso de los ladrones a la bóveda, pero sí robaron a clientes.Paredes manifestó que, actualmente, en caso de tomar justicia por sus propias manos por el atraco de un antisocial puede tener temor de ir presa, a diferencia de cuando un delincuente comete sus fechorías y huye.Por eso, sostuvo que se deben dar las medidas legales pertinentes para actuar con respaldo de las autoridades en caso de estar involucrado en un evento en el que delincuentes actúen en su contra.“Que el Gobierno dé con qué defenderse. Estamos cansados, hostigados de ver que los ladrones nos matan, nos roban, nos pegan, nos revuelcan, nos dejan malheridos... Un guardia está con un tolete. No hay un centro comercial que se salve. Estos son los peores días. Esta gente es avezada”, recalcó.Otro ciudadano, Wilfrido Maroto, de Brisas del Río, dijo estar de acuerdo con que solo a personas con locales comerciales y empresas, además de personas que no tengan registros judiciales, se les permita el porte de armas.Aunque en el estado de excepción se incluye el apoyo de militares, el hombre estima que su papel debe ir más allá para resguardar espacios donde se concentra la ciudadanía. “Decretar para que Fuerzas Armadas, por medio de militares, salgan a patrullar completamente; que designe un grupo de cada fuerza militar y los envíe a calles, centros comerciales...”, expuso.Verónica Clavijo, moradora de Guayacanes, también refirió que no se puede permitir que la delincuencia siga atacando a personas inocentes, por lo que esta medida puede servir como método de defensa para la ciudadanía.En su caso, ella contó que fue víctima de antisociales: sufrió el robo de $ 800 con su suegra e hija en las calles 9 de Octubre y Boyacá.“Es un medio de protección frente a la ola delincuencial que vivimos. Como mujeres no sabíamos qué hacer; nos sacaron dinero del banco, y ellos andan muy campantes”, dijo ella.No obstante, Marco Vásquez, ciudadano quiteño con 45 años de residencia en Guayaquil, considera que esta decisión es “mala”, puesto que —con base en su criterio— los ciudadanos tienen un nivel de confrontación alto por problemas minúsculos y van a querer generar conflictos, incluso para “matar a alguien” por una pelea.“Esto va a terminar mal; esto va para largo (...). Nuestro país está fuera de combate”, dijo el hombre, que sostuvo que el levantamiento del pueblo es necesario, así como cambio de autoridades y que se adopten medidas extremas, como las impulsadas por Nayib Bukele en El Salvador.Otro morador del centro, David Viteri, contó que el porte de armas debería esclarecer varios aspectos, como el soporte de leyes sobre el desenlace que tendrían los ciudadanos que en defensa propia hieran o acaben con la vida de un delincuente.“¿Cómo hacen para respaldar sus derechos humanos, ya que dicen que los delincuentes tienen derechos? ¿Pero las personas que portan las armas cómo van a hacer?”, dijo y agregó que las Fuerzas Armadas deberían intensificar su presencia en zonas comerciales, donde se evidencia el cierre de ciertos negocios por el problema delincuencial.Las personas naturales podrán tener y portar el arma de uso civil para defensa personal si cumplen requisitos, como tener al menos 25 años de edad, certificado de prueba psicológica dado por el Ministerio de Salud, no registrar antecedentes penales, certificado de superar el examen toxicológico, entre otros que determinen el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. (I)

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