Tras la captura de supuestos miembros de un grupo armado organizado, el coronel José Vargas, comandante de la Policía de la Zona 7, exhortó a la Fiscalía y al juez de turno para que dispongan la prisión preventiva contra los ocho aprehendidos durante un operativo realizado en el barrio Centenario de Machala.
Según Vargas, estos individuos pertenecerían a una estructura criminal dedicada a la extorsión que ha provocado incertidumbre en comerciantes y familias de la capital de El Oro.
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“Estamos ante una organización peligrosa que ha obligado a muchos negocios a cerrar por temor a represalias. No podemos permitir que sigan en las calles intimidando y atacando a la ciudadanía”, manifestó Vargas.
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La investigación policial reveló que los capturados no solo exigían dinero bajo amenaza, sino que también atacaban viviendas y locales comerciales.
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Durante el operativo se incautaron nueve teléfonos celulares que están siendo sometidos a peritajes. Se espera que estos dispositivos contengan información clave sobre las víctimas y el modus operandi de la supuesta banda.
Además, los miembros de la Fuerza Contra la Extorsión (FICE) de la Policía Nacional encontraron panfletos intimidatorios en los que los delincuentes exigían hasta 5.000 dólares a cambio de ofrecer “seguridad”.
Entre las evidencias recogidas también figuran un vehículo, una motocicleta, tres armas de fuego y varias municiones. Se indicó que dos de los aprehendidos tienen antecedentes penales por tráfico de drogas, robo y porte ilegal de armas.
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Vargas explicó que los miembros de esta estructura delictiva operaban con distintos roles: algunos recibían los depósitos de las víctimas, otros se encargaban de disparar contra viviendas y negocios, mientras que un grupo diferente hacía la logística de las amenazas.
Incluso, citó, utilizaban un supuesto guardia de seguridad como fachada para no levantar sospechas.
Las investigaciones también revelaron que los aprehendidos usaban redes sociales para identificar a sus víctimas. En los panfletos incautados se encontraron fotografías de personas marcadas como objetivo, junto con mensajes amenazantes.
“Incluso, un servidor policial que abatió a un delincuente en el pasado estaba siendo extorsionado y amenazado de muerte”, reveló el oficial.
Las autoridades confirmaron que los panfletos con amenazas fueron dejados en los domicilios y locales comerciales de las víctimas. En estos papeles colocaban un número de contacto para coordinar la entrega del dinero.
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Según Vargas, el objetivo principal de la intervención policial era desarticular esta estructura antes de que más personas fueran afectadas. “La comunidad quiere verlos presos, no podemos permitir que sigan operando y sembrando el miedo en Machala”, enfatizó el comandante.
El agente agregó que la Fiscalía cuenta con todas las pruebas necesarias para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los detenidos. “Hay evidencias contundentes, armas, celulares y testimonios que los vinculan directamente con la extorsión y el terror que han causado”, agregó Vargas. (I)