Para alimentación de los reos se destina casi el 50 % del presupuesto de las cárceles en Ecuador

La alimentación de los presos es el gasto más fuerte del presupuesto penitenciario que paga el Estado ecuatoriano, cuyo monto presupuestado en el 2021 asciende a los $ 41 millones. Esto, al igual que en el 2020, representa cerca del 50 % de los recursos anuales del sistema penitenciario, según el Observatorio de Gasto Público, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.Y pese a que en teoría cada interno debe recibir su alimentación diaria (desayuno, almuerzo y merienda), las quejas de parientes que “han pagado (al margen de la ley)” para que les ingresen “a escondidas” o “de frente (con aval de personal de las prisiones)” alimentos a sus seres privados de libertad se han multiplicado a lo largo de estos meses, y más tras los sucesos violentos registrados en las cárceles del país en estos dos últimos años.“En 2020, de un presupuesto de $ 89 millones destinados al gasto corriente, $ 40,2 millones se utilizaron para el pago de servicios de alimentación. Otros $ 2,6 millones se destinaron a gastos de inversión, pero de ese rubro apenas se ejecutó un 25 %; es decir, solo se usaron $ 664.742″, expone parte del informe de este Observatorio, que especifica que el Estado ecuatoriano gasta $ 3 al día en la alimentación de cada recluso.En el 2020, los $ 40′257.403 del presupuesto penitenciario fueron, en teoría, para la alimentación de 38.967 personas que estaban en las cárceles, incluyendo a la población de adolescentes infractores.“Esto equivale a un gasto anual de $ 1.033 por cada uno, en comida”, precisa el informe del Observatorio de Gasto Público, publicado el mes pasado.Al 27 de octubre de 2021, y antes de la última matanza en la Penitenciaría del Litoral (en Guayaquil), la población carcelaria en Ecuador era de 38.634 privados de libertad, según la estadística disponible y la más actualizada que tiene el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), entidad que se creó en noviembre del 2018 (en el mandato de Lenín Moreno) para administrar el sistema penitenciario, en lugar del entonces Ministerio de Justicia.Pero la alimentación de los internos no es el único rubro en los gastos fijos que tiene el sistema carcelario del país, que actualmente está en estado de excepción por la crisis en las prisiones y por la violencia que ha desencadenado varias matanzas dentro de los reclusorios aun en estado de excepción y que ha cobrado la vida de más de 300 internos entre el 2020 y 2021. La última masacre fue la del 12 de noviembre último en la Penitenciaría del Litoral, que dejó más de 65 muertos y 25 heridos.Otro de los gastos fijos es el del traslado o rotación de los reos. Cada uno representa el desembolso de $ 100,26 por parte del Estado, según el Observatorio de Gasto Público .Para activistas y expertos en esta rama, en las prisiones urge un cambio de modelo que opte por la reinserción, por buscar actividades que sean productivas para el interno y que incluso ayuden a costear los costos de la manutención diaria que le representa cada privado de libertad al Estado, más ahora cuando las cifras de internos se han incrementado en comparación a la década anterior.Así, en el 2009 eran 11.517 los reclusos en Ecuador, pero pasaron a 39.559 en el 2019, según las estadísticas que tenía el entonces Ministerio de Justicia.Y aunque en su momento se dijo que se buscaban formas de acabar con la corrupción en el interior de las cárceles en temas como la alimentación, esta no terminó pese a que el Estado contrataba, y lo sigue haciendo, los servicios de alimentación, que ahora están en manos de una sola empresa para todas las prisiones del país.Familiares de los reos cuentan que no es suficiente con la alimentación proporcionada por el Estado y que la corrupción no ha acabado.Mencionan que antes de la última matanza en la Penitenciaría del Litoral, los precios por el ingreso de comidas, como snacks , pollos asados, platos de arroz con menestra y carne, bebidas y otros (como cigarrillos), iban desde los $ 20 hasta más de $ 100, al igual que los de “otros servicios” como el ingreso de medicinas, celulares, armas... El valor sube dependiendo del producto.Así, el ingreso de un pollo asado o a la brasa, por ejemplo, podía costar entre $ 40 y $ 80, dependiendo de quién cobraba. Los cobros en muchas de las ocasiones los hacían los mismos internos, según familiares. Y para no mover tanto dinero, solían pedir depósitos a determinadas cuentas.Para Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), hay dos consideraciones vitales en este tema.La primera es que “es muy lucrativo tener a personas en prisión, pensando en todo el nivel de gasto público que requiere mantener y garantizar las condiciones mínimas para que esta población, que es considerada grupo de atención prioritaria, se mantenga, entre estos, por ejemplo, el suministro de alimentación...”, expone el activista.Él suma otro punto o factor importante del que se habla en los exteriores de las prisiones y también dentro de estas.“El peso mayor de mantener a esta población en custodia del Estado lo cargan las familias y parientes de esa población carcelaria. Se estima que más de $ 500 mensuales mínimo son abonados por las familias de personas en prisión como parte del mecanismo de extorsión de este poder paralelo que ahora controla las cárceles y que no es el del Estado”.Cuenta que los mecanismos de extorsión ahora son sofisticados (como los depósitos bancarios del que refieren los parientes de reos) y que aquel movimiento económico hace también llamativo que se mantenga una alta población carcelaria.Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público, que hizo el informe de los $ 3 diarios que destinó el Estado a la alimentación de cada interno en el 2020, cuenta que las autoridades aún no les entregan detalles puntuales de lo invertido en alimentación y de otros rubros.Comenta que se desconoce cómo se han invertido esos fondos. Por ejemplo, cuál es el menú diario, precios, entre otros, que las autoridades aún no hacen públicos.Para Navarrete, también es importante conocer a dónde llegan los fondos públicos destinados para la población carcelaria, puesto que el nivel de corrupción es abierto y no se controla, por parte del Estado, el destino de esos fondos y si en realidad fueron invertidos en cada privado de la libertad.Leonardo Gómez, del Observatorio de Gasto Público, señala que la reforma carcelaria o las mejoras en temas de rehabilitación es un tema que se arrastra desde años anteriores, ya que se presentan proyectos pero estos o no se cumplen o solo se ejecuta una escasa o mínima parte, pese a que hay el dinero presupuestado para aquello.Recuerda que en el 2019 se anunció, por ejemplo, la implementación de un plan con una inversión estimada en $ 38,3 millones, pero que hasta agosto del 2021 se había ejecutado el 4 % del proyecto.Aquel proyecto estuvo a cargo del SNAI, pero hubo recortes presupuestarios. A mayo del 2021 estaban listos solo dos pabellones femeninos, en Napo y en Carchi, y un muro perimetral en cárcel de Imbabura, además de compra de 1.500 chompas para guías y radios portátiles digitales de comunicación. La entidad dijo que más de $ 38 millones no fueron entregados, según el Observatorio.Y esto solo por hablar de planes para atender infraestructura, tecnología y talento humano.Gómez dice que se puede asignar a las cárceles todo el presupuesto posible y disponible, pero que aquello no sirve si no se lo utiliza bien.“Había el proyecto, había los fondos, pero con una ejecución presupuestaria bajísima, apenas el 4 % del proyecto, cómo entonces podemos pretender que el sistema carcelario esté bien”, opina Gómez. (I)

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