Organización barrial, movilización de más agentes del orden y labores de inteligencia: las sugerencias que se dan para atender al distrito Nueva Prosperina, que tiene más de 200 homicidios

La víctima más reciente de un hecho violento en el distrito Nueva Prosperina falleció esta semana. Un estudiante de segundo año de bachillerato fue baleado luego de salir de un plantel educativo en la cooperativa La Delicia, en el sector de La Ladrillera, y luego de una semana de estar hospitalizado murió.El caso sumió en el dolor a la familia y dejó zozobra en esta comunidad del noroeste de Guayaquil, que junto con Durán y Samborondón integran la Zona 8, la jurisdicción con más asesinatos del país.Durante esta semana, la cifra pasó los mil casos a falta de tres meses y medio para que culmine el 2022, cuando el año pasado el registro en el mismo lapso fue de 439 crímenes, por lo que el incremento es del 128 %.De los doce distritos en que está dividida Guayaquil, el Nueva Prosperina es el de más incidencia de homicidios. Entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de este año se cometieron allí 199 muertes violentas, frente a las 55 que hubo en el 2021.En el lapso descrito, solo este distrito —que abarcan en gran parte del noroeste de la urbe porteña sectores como Monte Sinaí, Nuevo Guayaquil, Flor de Bastión, Nueva Prosperina, El Fortín, Paraíso de la Flor y Socio Vivienda— registra hasta el momento más asesinatos que el Distrito Metropolitano de Quito (113) y que provincias enteras, como Santo Domingo (95), Cañar (69), Sucumbíos (55), Santa Elena (62), Azuay (40) y muchas otras. Dentro del distrito Nueva Prosperina, hasta la mañana del viernes, la cifra de homicidios subió a 203 casos. U no de los lugares más conflictivos es Socio Vivienda , plan habitacional levantado en el gobierno de Rafael Correa, donde fueron ubicadas familias que antes vivían a orillas del estero Salado, en zonas de riesgo, entre otros casos.Con el pasar del tiempo, este sitio fue prácticamente tomado por bandas delictivas que se dedican a la venta de droga, sicariato, robos y secuestros extorsivos.La madrugada del jueves, en el marco de una séptima intervención del sector con militares y policías, en Socio Vivienda se ejecutaron quince allanamientos en los que se detuvo a nueve personas (siete hombres y dos mujeres) sospechosas de participar en al menos cuatro secuestros reportados por comerciantes de la Bahía de Guayaquil.De estos secuestros, el caso más conocido se dio el 20 de mayo, cuando un padre de familia que iba a dejar a sus hijos a la escuela fue secuestrado junto con los niños. Este hecho ocurrió por el sector de San Felipe, en el distrito Florida.Al adulto lo liberaron al día siguiente para que consiguiera 20.000 dólares y así liberar a sus niños. El padre pagó 5.000 dólares y cuatro días después le devolvieron a los menores, pero le exigían la cancelación mensual de 5.000 dólares, por lo que el hombre denunció el caso y la Dirección Nacional de Investigación de Secuestros y Extorsión (Unase) asumió la investigación respectiva.Pero hay otros casos de comerciantes y taxistas que, tras ser secuestrados, han sido llevados a casas abandonadas de Socio Vivienda a manera de cautivos.En el nuevo estado de excepción suscrito por el Ejecutivo el 12 de septiembre, que regirá por 30 días en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), se indica que la comisión de homicidios en esta jurisdicción está relacionada en un 75 % con el tráfico de drogas.El régimen actual es el segundo a renglón seguido, ya que del 14 de agosto al 12 de septiembre hubo un primer decreto tras el ataque con explosivos en el Cristo del Consuelo, sur de la urbe porteña, que provocó la muerte de cinco personas y dejó heridas a otras 18.“¿Cómo frenar las muertes violentas?” es la pregunta que se formulan los moradores del distrito Nueva Prosperina, que a diario son testigos o víctimas del auge delictivo.Carlos Sevillano, experto en seguridad nacional, es partidario de recuperar el espacio público, de fortalecer la convivencia a partir de la organización barrial, algo que se logra, sostuvo, por medio de actividades sociales, culturales, recreativas y educativas. Aquí, dijo, es fundamental la participación coordinada entre el cabildo y las instancias gubernamentales relacionadas con el área social.“Todos los actores deben dialogar y expresar sus inquietudes, demandas o sugerencias para llegar a consensos. Trabajar efectivamente y hacer de la seguridad un tema de participación y organización ciudadana”, manifestó.“Para que esto se desarrolle es necesario coordinar reuniones periódicas entre la comunidad, administradores zonales, Policía Municipal, Policía Nacional y representantes de instituciones relevantes del sector”, añadió.Él cree que atender a la población adolescente y juvenil con programas de educación a manera de talleres que, por ejemplo, contengan carreras u oficios prácticos de duración corta es determinante para evitar que este grupo se vincule con grupos delictivos.De su parte, Antonio Gagliardo, exfiscal provincial del Guayas, señaló que aprovechando el estado de excepción se puede movilizar a un mayor número de uniformados de la Policía y de las Fuerzas Armadas a los sectores del distrito Nueva Prosperina que más conflictividad registran. Y para hacerlo, añadió, es vital identificar a las bandas delictivas que operan en esas zonas.“¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, mejorar trabajos de inteligencia de la Policía y las mismas Fuerzas Armadas para dar con el origen de qué bandas existen ahí y hacer un trabajo más profundo en toda esa zona. Debe haber una mejor iluminación, cámaras. También, que la Policía tenga un contacto más efectivo con la ciudadanía”, mencionó el exfuncionario.Consideró necesaria la ejecución de más controles que impliquen incluso la infiltración de agentes entre los grupos delictivos. “Así como ha aumentado el delito, debe aumentar la presencia policial, militar, de inteligencia, ofrecer recompensa, infiltrarse para poder obtener resultados, porque esto se está desbordando”, mencionó Gagliardo, quien añadió que el hecho de que la cifra de crímenes casi se haya cuatriplicado en este distrito es preocupante y requiere de especial atención.Él sugirió un trabajo coordinado entre la Policía y la Función Judicial para evitar que haya detenciones sin las debidas pruebas que permitan luego que los sospechosos de algún ilícito queden en libertad.“Si hay los elementos de convicción fuerte, pruebas, el juez debe ser más ligado a la sociedad y dictar medidas de prisión preventiva. O sea, el juez tampoco debe ser tan legalista, tan defensor de los derechos humanos, y permitir que personas peligrosas estén libres. Eso de las medidas sustitutivas es para personas que por primera vez delinquen, que incurren en delito menor (...); pero a personas con amplio historial delictivo, con armas que les encuentren como evidencia, con droga, les deben dictar la prisión preventiva”, sentenció. (I)

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