Con el habeas corpus a favor de los familiares de los menores de Las Malvinas concedido este martes, 24 de diciembre, por la jueza Tanya Loor Zambrano, el caso pasó a reconocerse como “desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado”.
Ismael, Steven, Saúl y Josué, de entre 11 y 15 años, fueron aprehendidos por militares en el sector de Las Malvinas, sur de Guayaquil, y trasladados hasta la parroquia rural Taura, jurisdicción del cantón Naranjal, provincia de Guayas. Todo ocurrió la noche del 8 de diciembre, fecha en que ya no se supo más de los chicos hasta la actualidad.
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Según el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, los adolescentes aparentemente estuvieron involucrados en un robo y por eso los detuvieron.
Sin embargo, la tarde de ayer, durante la audiencia por el habeas corpus, el fiscal que investiga el caso, Christian Fárez, señaló que no hay evidencia que sustente esa teoría.
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La demanda fue interpuesta en contra de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ministerio del Interior y Procuraduría General.
La jueza Tanya Loor Zambrano indicó, durante la lectura de la sentencia, que por lo expuesto por los patrocinadores legales del Ministerio de Defensa se evidenció que los dieciséis militares involucrados en el asunto no cumplieron los protocolos establecidos para casos de menores.
“Se evidenció también que no existe para las Fuerzas Armadas la facultad de intervenir en procedimientos contra niños, niñas y adolescentes, peor aún en conflicto con la ley. Se evidenció, además, que las Fuerzas Armadas a través de sus agentes no solicitaron cooperación a la Dinapen, como Policía Nacional especializada en niños, niñas y adolescentes”, refirió la funcionaria.
¿Qué es la desaparición forzada?
Según el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), este es un delito de lesa humanidad imprescriptible. Y tiene una pena privativa de libertad de 26 a 30 años, una de las sanciones más duras de dicha normativa, según un exfiscal provincial de Guayas, Antonio Gagliardo.
El abogado en el libre ejercicio señaló que, si hay acumulación de penas, la sanción puede llegar a ser de hasta 40 años.
“Una desaparición forzada es la privación de la libertad de una o más personas, en este caso cuatro menores, por parte de agentes del Estado, militares o grupos armados organizados que actúan con consentimiento del Estado y que se niegan a informar sobre el paradero o destino de la persona. Eso es lo que se entiende técnica y jurídicamente como una desaparición forzada”, comentó el exfiscal de Guayas.
La tarde de ayer, en uno de los recintos de Taura se hallaron varios cadáveres que habrían sido incinerados. Personal especializado se trasladó al lugar para hacer el levantamiento de los cuerpos y hacer las pericias de ley para determinar si corresponden a los menores ahora desaparecidos. (I)