Los ‘hoyos negros’ de inseguridad que surgieron en el país ante la falta de políticas públicas en zonas vulnerables y la filtración del narcotráfico

Don Adelino salió de casa para dirigirse al quiosco de verduras de su hijo, pero a pocos metros de su hogar fue apuñalado en un aparente intento de robo. Esto sucedió en la madrugada del 3 de septiembre, en el sector de la Ñ y la 29, suburbio de Guayaquil. Un vecino halló el cuerpo del hombre de 74 años cerca de una acera.El mismo día en que murió el adulto mayor, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció la intervención de 257 sectores de Guayas, en especial Guayaquil, para frenar la escalada de violencia, vinculada al crimen organizado, y de los robos de la delincuencia común, que también atemorizan a los ciudadanos.“Es un tipo de intervención que no es la normal, sino que eleva el nivel de la operación táctico para enfrentar la situación de crisis”, dijo Vela sobre las acciones de prevención, seguimiento y desarticulación de organizaciones delictivas, que se ejecutarán hasta diciembre.Del 1 de enero al 7 de septiembre pasados, las muertes violentas se contabilizaban en más de 400 en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), según los registros policiales. Dicha cifra contrasta con los 256 homicidios intencionales que se contaron de enero a agosto de 2020, en la misma zona, de acuerdo con el Ministerio de Gobierno. En el mismo periodo del 2019, en cambio, las muertes ascendieron a 181.“Este problema tiene nombre y apellido: es el narcotráfico”, apuntó la comandante de la Policía, Tannya Varela, sobre la fuente de la mayoría de problemas de seguridad, que también han generado víctimas colaterales en tiroteos.La intervención de seguridad, que incluye el trabajo de control de armas de las Fuerzas Armadas, se replicará en Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Manabí, dijo la ministra Vela.Salvo Santa Elena, las provincias consideradas en ese macroplán, sumando a Pichincha, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas –que no fueron citadas–, registran los mayores índices delictivos, perpetrados por el crimen organizado y la delincuencia común.En esas siete provincias se registró cerca del 80 % (5.418) de las denuncias por tráfico de drogas, el 90 % (905) de las denuncias por asesinatos y el 82 % (32.687) de las noticias del delito presentadas por robo, de enero a julio del 2021.Renato Rivera, investigador de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada, señala que la delincuencia común está relaciona con factores socioeconómicos, como falta de empleo y desigualdad social.Mientras que el crimen organizado, indica, tiene otra particularidad: “En el narcotráfico o es una zona en que se está acopiando la droga, se la está produciendo, se está traficando o es un centro logístico”.La presencia de esas estructuras criminales, que tienen nexos con carteles extranjeros (según la Policía), se ha fortalecido y expandido, con el pasar de los años, ante la falta de una política de seguridad contundente en territorio. Esto ha generado ‘hoyos negros’ de inseguridad, concuerda Rivera con esta premisa.El investigador también refiere el contexto histórico de la filtración del narcotráfico colombiano en el territorio nacional. Cita dos momentos que podrían considerarse como puntos de inflexión.“El primero vinculado a la familia Reyes Torres (que no tenía un antecedente netamente violento); caracterizado por ser un clan familiar con poco contacto con el microtráfico y que transportaba droga colombiana a mercados internacionales. El Segundo caso tiene que ver con un mayor tráfico de la cocaína colombiana por el Pacífico a finales de los noventa, que llevó a que el Ecuador tenga una mayor inserción en la economía del narcotráfico”, señala Rivera.El experto añade que esta inserción es visible con el nacimiento de la banda de Los Choneros, que continúa teniendo una participación importante en la actividad ilícita y, por lo tanto, mayor competencia en las tareas de almacenamiento y transporte de la droga.“El surgimiento de organizaciones ecuatorianas vinculadas al narcotráfico no es algo nuevo, lo novedoso, por así decirlo, es la dinamización y disputas violentas que surgen de nuevas células de exmiembros de Los Choneros, que se disputan el control del territorio y que son el resultado de un mayor tránsito de droga colombiana que requiere de nuestros puertos, mayor producción de cocaína en el sur de Colombia, la participación de organizaciones mexicanas que contratan a organizaciones ecuatorianas para vigilar los cargamentos y, fundamentalmente, la emisión de pagos con droga a estas organizaciones que obliga a venderla en el mercado local”, detalla el investigador.Diego, un dirigente barrial de la ciudad de Esmeraldas, quien coincide con Rivera sobre estas zonas aparentemente ingobernables, menciona uno de los últimos hechos que mantiene preocupada a la ciudadanía.“Está grave la disputa entre bandas acá. Imagínate lo que pasó el miércoles. Hubo explosión y una balacera en el sector Santa Martha, en la ribera del río Esmeraldas. Creo que a diario encuentran una granada en los diferentes barrios. Estamos asustados.”, dice Diego, quien también pide al Gobierno que movilice tropas policiales y militares a esa provincia, e implemente planes socioeducativos y laborales para rescatar a jóvenes de la mafia.Para el fiscal subrogante de la Nación, Wilson Toainga, no existen tales zonas huérfanas del Estado, aunque sí reconoce que las estructuras criminales han filtrado entidades: “Para que la droga salga (del país), ¿qué tiene que hacer? Contaminar a la gente, en los puertos (...). La característica del crimen organizado es permear toda institución que esté en su camino, uniformadas, en el ámbito judicial, de seguridad”.El 7 de septiembre, un miembro de la Fuerza Aérea del Ecuador (FAE) fue detenido por intentar ingresar droga y armas a la cárcel de Latacunga. Hace un mes, otro miembro de la FAE fue detenido por el presunto robo de dos fusiles. En septiembre de 2018, en cambio, se halló casi una tonelada de droga en la Base Aérea de Manta.Tres años después, el narcotráfico se ha enraizado en esa ciudad.“Están las muertes relacionadas con la pugna por las rutas del tráfico de drogas, sicariatos. Está el microtráfico de drogas y robos por parte de extranjeros. Hay una modalidad de alquilar casas para hacer huecos y meterse a locales comerciales”, cuenta David, dirigente barrial.El nuevo jefe del Distrito Policial Manta, Patricio Armendáriz, informa que también se intervendrá el cantón. “(Se identificará) a las cabezas de las organizaciones, a toda la estructura, con la ayuda de las diferentes unidades especializadas”, adelanta Armendáriz, quien llegó al puerto manabita con la experiencia de haber dirigido las acciones de seguridad en el Distrito Sur de Guayaquil, uno de los más conflictivos de la urbe porteña.Otro componente clave en la lucha contra el crimen organizado es la judicialización de los sospechosos. Sin embargo, esta es una tarea compleja que demanda una especialización integral del sistema de justicia, precisa el fiscal Wilson Toainga.“¿Es difícil? Sí. La especialización implica partir por la especialización de unidades policiales, la especialización en fiscales, pero también en los ámbitos que coadyuban en la investigación, en peritos, en traductores -porque habrá pruebas que vengan del exterior-, especialización en jueces. Todos esos temas son especiales porque no estamos frente algo regular, de la actividad diaria de la delincuencia; es una empresa especializada en crimen, por lo tanto la investigación, sustanciación y procesamiento tienen que ser especializadas”, señala Toainga, quien también considera que se podrían implementar ciertas condiciones de legislaciones internacionales que otorgan, por ejemplo, más tiempo para investigar.El plan para alcanzar esa especialización está en marcha. El 8 de diciembre pasado entraron en vigencia las reformas al Código de la Función Judicial aprobadas por la Asamblea Nacional . En uno de los artículos se ordena al Consejo de la Judicatura (CJ) la implementación de salas especializadas en corrupción y crimen organizado, con sede Quito, cuya jurisdicción nacional ayudará a tramitar casos que podrían ser riesgosos para jueces que trabajan en zonas vulnerables.“El legislador va creando herramientas de este tipo, como la extinción del dominio, que sirven porque al crimen organizado donde más se le golpea es en lo financiero”, dice Toainga. (I)

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