Durante más de una década, Lafattoria abasteció de alimentos a las cárceles de Ecuador. Hoy, autoridades policiales y del Ministerio del Interior la vinculan a una estructura que supuestamente ha sido parte de un entramado de empresas relacionadas con Los Choneros y que ingresó más de $ 1.700 millones al sistema financiero.
La empresa tuvo presencia como proveedora en el sistema penitenciario ecuatoriano durante más de diez años. Su operación cubrió centros de privación de libertad en varias provincias, incluyendo Guayas.
Sin embargo, ese dominio empezó a resquebrajarse cuando surgieron cuestionamientos sobre el origen de sus recursos luego de que las autoridades detectaron supuestas inconsistencias financieras.
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El informe que activó las alertas
El 2 de mayo de 2024 marcó un punto de quiebre. En medio de denuncias por falta de alimentos en cárceles, una delegación de la Presidencia acudió a la Fiscalía General del Estado, en Quito, para entregar un informe del Centro de Inteligencia Estratégica.
El documento, catalogado como reservado, alertó sobre posibles irregularidades en las operaciones de la empresa. Desde ese momento, el Gobierno impulsó una investigación para esclarecer el origen de los fondos.
El presidente Daniel Noboa reforzó las sospechas al señalar un vínculo indirecto entre la empresa y el entorno de alias Fito. Según explicó, una proveedora de agua de Lafattoria —la compañía Queen Water— pertenecía a la esposa del líder criminal.
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“Un proveedor de agua de esta empresa era una empresa que se llama Queen Water S. A., que es de la esposa de alias Fito, la persona más buscada del país y uno de los narcotraficantes más buscados el país", comentó el mandatario en 2024 a una agencia internacional.
La empresa rechazó los señalamientos. Calificó las acusaciones como “vacías y sin fundamento” y negó cualquier relación con estructuras delictivas. A pesar de ello, el Ejecutivo suspendió su participación como proveedora del sistema penitenciario.
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En junio, la empresa dejó de proveer el servicio de alimentación en todos los centros de rehabilitación social, centros de adolescentes infractores y unidades de aseguramiento transitorio en la provincia de Guayas. En ese entonces, la empresa informó que la suspensión ocurrió porque el Estado se negó a cancelar los valores pendientes que alcanzan los $ 30 millones.
Operación Emporio Presidiario: el giro del caso
Casi dos años después, la investigación tomó fuerza con la operación Emporio Presidiario, ejecutada en la quinta jornada de toque de queda este 20 de marzo. El operativo permitió desarticular una red que habría movilizado más de $ 1.700 millones dentro del sistema financiero.
El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que la estructura operaba en Guayas, Pichincha y Los Ríos. Según las indagaciones, la red estaba liderada por el ciudadano estadounidense Richard V., quien habría articulado un entramado empresarial junto con su familia.
Dentro de ese esquema, según indagaciones, varias compañías habrían realizado transferencias constantes entre sí para simular actividad económica. Lafattoria aparecía como una pieza relevante, al canalizar recursos y mantener vínculos con otras empresas investigadas, afirmó el ministro.
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Además, la Policía detectó depósitos en efectivo a través de cuentas de empleados. Entre quienes realizaban estos movimientos figuraban personas con antecedentes por asesinato y otros delitos graves.
Queen Water: facturas irregulares y conexiones clave
Uno de los elementos más relevantes del caso sería la conexión con Queen Water, empresa vinculada a Inda P., esposa de alias Fito, cabecilla de Los Choneros.
“Dentro de la organización también está la compañía Queen Water, si ustedes recuerdan esta compañía está vinculada a la esposa de Adolfo Macías, alias Fito, ella es Inda P., quien se encuentra prófuga hoy de la justicia y es parte de este grupo de personas que están vinculadas a la compañía Lafattoria”, dijo el ministro Reimberg.
El expediente judicial del caso Blanqueo Fito identifica a Queen Water como parte de un esquema de lavado de activos que utilizaba operaciones comerciales para mezclar dinero legal con recursos de origen ilícito.
Los hallazgos en allanamientos revelaron irregularidades. Investigadores encontraron facturas de terceros, incluidas personas fallecidas o procesadas por delincuencia organizada, utilizadas para respaldar transacciones sin sustento real.
También detectaron compras de materiales de construcción que no guardaban relación con la actividad de venta de agua, lo que evidenció inconsistencias en su perfil financiero.
En el ámbito penitenciario, Queen Water distribuía agua en centros como Guayaquil, Portoviejo y Bahía de Caráquez. Según la investigación, esta operación habría permitido mantener control logístico dentro de las cárceles.
Ahora las autoridades buscan determinar el grado de participación de Lafattoria dentro de la estructura financiera detectada y su posible vínculo con Los Choneros. (I)
