Un hombre lleno de nervios porque tenía adheridos al cuerpo catorce tacos de dinamita, en los exteriores de una joyería de Sauces 9; una puerta destruida por la detonación de un artefacto en la avenida Casuarina; y el abandono de otro elemento similar en una gasolinera de Pascuales son solo tres de las novedades más recientes en Guayaquil.
Estos hechos causaron alarma entre moradores y trabajadores y, además, motivaron el traslado de equipos antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), con el fin de proceder con las investigaciones y de ser el caso retirar los vestigios y elementos hacia un sitio seguro para evitar daños humanos.
Los incidentes con explosivos han tenido un aumento considerable en el Puerto Principal y en otras ciudades del país. Durante el 2022 se registraron más de 400 con la participación de unidades antiexplosivos y en lo que va del año ya suman alrededor de 150, es decir, alrededor del 40 %, indicó el ministro del Interior, Juan Zapata, esta semana.
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En gran número de los casos, las autoridades han atribuido estos eventos con explosivos a extorsionadores que piden sumas de dinero a dueños de negocios.
Asimismo, las autoridades han reconocido que se vive la situación “más crítica de la historia” respecto a niveles de violencia del crimen organizado, que incluyen atentados terroristas con explosivos.
Justamente, para atender las nueva amenazas, la Policía Nacional mantiene trabajos en lo interno y además de cooperación internacional, como con el Gobierno norteamericano.
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Al igual que Zapata, Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional, considera que el momento actual es el más crítico por la carga de eventos a nivel nacional.
Esta semana, el consulado americano hizo la donación de cinco nuevos trajes, que suman una inversión que supera los $ 245.000, para atender estas emergencias con presencia de artefactos peligrosos. En agosto pasado se entregaron dos más.
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“Estamos respondiendo de la forma adecuada, con medios, capacitación, entrenamiento y trazabilidad, que nos permita determinar el origen de explosivos y huellas de algunas personas que están usando estos materiales explosivos improvisados”, dijo Salinas y sostuvo que la reciente donación era importante puesto que los trajes de los policías “se encontraban caducados”.
Después del atentado en Cristo del Consuelo, en este trabajo conjunto, además se dio el apoyo de técnicos del FBI para identificar características de los artefactos que se venían usando en otros países, como con cilindros, explosivos y nitratos.
“El trabajo de Cristo de Consuelo nos permitió identificar una metodología de estructuras de artefactos explosivos”, dijo.
Asimismo, dentro de la Policía se trabaja en sumar más elementos en unidades especializadas en la atención de delitos cibernéticos, secuestros y extorsión y además de explosivos.
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El ministro del Interior indicó que para enfrentar estos eventos es necesario contar con un personal capacitado y elementos necesarios.
Con el país norteamericano, el ministro resaltó que se ha firmado un acuerdo que facilita determinar trazabilidad de armas, municiones y explosivos para aclarar algunos casos, además se llevan adelante capacitaciones y constante intercambio de información.
Por ejemplo, hace pocas semanas, un equipo de 48 policías y fiscales conoció sobre identificación de explosivos y recolección de evidencias para el apoyo de investigación y se mandó a cuatro policías a una capacitación antibombas a la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) en San Salvador.
En esta dinámica de atentados con explosivos, Salinas dijo que regularmente se están usando dinamitas (emulgel) de origen peruano que cruzan por la frontera. Con el decreto del estado de excepción, según el jefe policial, se regula que la única entidad que debe entregar o comercializar sean las Fuerzas Armadas, por medio de sus empresas públicas.
Las autoridades indicaron que quienes usen explosivos pueden ser procesados por el delito de terrorismo, el cual estipula penas de hasta 26 años de cárcel. (I)
