La Fiscalía inició un proceso penal contra once personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Nueve de ellos, citó la entidad, fueron aprehendidos durante allanamientos que se ejecutaron el pasado jueves, 14 de marzo, en Quito, Santo Domingo y La Concordia.

Fiscalía detalló que se analizaron conversaciones en las que se detectó la existencia de una presunta estructura organizada conformada por servidores públicos y personas particulares para beneficiar a terceros en la gestión de licencias, renovaciones, homologaciones, entre otros trámites, a cambio de la entrega de dinero.

Allanamientos a ANT se dieron por entrega de licencias fraudulentas, aunque la directora Vanessa Cueva aseguró que existen otros casos de corrupción

Por ello, se ejecutaron los allanamientos en los que se encontraron evidencias, como armas de fuego, trece cartuchos, terminales móviles y documentación relacionada con la presunta comisión del delito.

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Esto en el marco de una investigación a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Entre los servidores públicos de la presunta estructura organizada estarían un comisario de La Concordia, un agente fiscal y cuatro servidores de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de Santo Domingo.

En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada ante un juez especializado en corrupción y crimen organizado, la fiscal del caso presentó los elementos de convicción que contienen información relevante del expediente.

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Allanan matriz de la Agencia Nacional de Tránsito, en el norte de Quito

La Fiscalía detalló que, según información de los registros migratorios, dos de los procesados habrían salido del país en mayo de 2023 hacia Estados Unidos. Por ello, se solicitó la prisión preventiva para ambos y se ordenó que se oficie a la Interpol para la respectiva difusión roja.

Mientras tanto, los otros nueve procesados quedaron con medidas cautelares, como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante Fiscalía.

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Se dispuso, además, la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas bancarias. (I)