El Plan Fénix, implementado por el presidente Daniel Noboa para luchar contra el terrorismo y erradicar la inseguridad en Ecuador, se encuentra en su segunda fase de implementación. Así lo anunció el mandatario, más de 4 meses después de declarar el conflicto interno armado a nivel nacional.

Fernando Carrión, un experto en seguridad ciudadana, evaluó este martes los resultados de este proyecto en una entrevista en Ecuavisa.

Aunque destacó que la tasa de homicidos en las calles se ha reducido en estos meses, indicó que ha habido un incremento significativo en los delitos de secuestros y extorsiones.

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Además, describió como “peligroso” que la fusión de las fuerzas militares y policiales durante el estado de excepción, declarado aún en siete provincias, está causando una “‘policialización’ de las Fuerzas Armadas y militarización de los policías”, y a su vez perdiendo la especialidad de cada función.

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Aún así, reconoció como un “éxito del gobierno” que haya un “incremento sustancial de la incautación de drogas”.

“¿Esto es resultado de la sobreproducción de cocaína que se tiene? ¿No será que tener a las Fuerzas Armadas en las calles ha hecho que las zonas de fronteras hayan perdido importancia y hoy esté entrando más droga?”, objetó.

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También reclamó la ausencia de indicadores para comprobar la eficacia del plan: “Esa es una falencia que tenemos en el país, no hay un seguimiento de evaluación, de monitoreo de las políticas de tal manera que podamos decir estamos bien aquí o estamos mal acá. Lo que tenemos son datos y principalmente datos de homicidios que generalmente no es la mejor variable para entender lo que está pasando”.

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Hacinamiento en el sistema carcelario

Como un punto a favor del Plan Fénix, Carrión aseguró que “las Fuerzas Armadas llegaron a las 36 cárceles que tiene el país y lograron un control entre el adentro y el afuera”. Agregó que “da la impresión que vuelve a operar un control interno del mercado que existe dentro de las cárceles”.

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Sin embargo, se cuestionó sobre “qué va a pasar el momento en que las Fuerzas Armadas entreguen al SNAI (Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad) el control de las cárceles”, especialmente por la “gran presión” que tiene el sistema carcelario.

Según cifras oficiales, se ha detenido a 34.952 presuntos delincuentes en operativos policiales. Si se suma esa cantidad a las 31.000 personas que ya están privadas de la libertad, el total sería sobre las 60.000 personas en el sistema carcelario ecuatoriano.

“El nivel de hacinamiento sería terrible, es una bomba de tiempo lo que tenemos en el sistema carcelario”, señaló Carrión. “¿Qué nos ha ofrecido el presidente? Que iba a colocar la primera piedra de dos cárceles, una en Santa Elena otra en la Amazonía. Pues hasta ahora no tenemos eso. La oferta de cupos es de 736 celdas, lo cual significaría, si sumamos los recintos carcelarios que se construirían 1.500 celdas para 60.000 personas”.

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Crisis de seguridad y violencia

Carrión enfatiza en que hay que saber diferenciar las matrices de la violencia, para así establecer un tipo específico de política de seguridad de acuerdo a cada matriz.

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“Una cosa es el narcotráfico, la violencia alrededor de temas económicos, y otra es la violencia discriminatoria, donde está la violencia de género. Luego tenemos la matriz de la violencia común”, explicó el experto. “El Presidente nos ha ofrecido que para resolver eso hay que hacer dos cosas: educación y empleo. ¿Qué se está haciendo en ese ámbito?”

Para asegurar el manejo de la crisis de seguridad priorizó también el fortalecimiento de las instituciones y la creación de una institución, similar al SNAI, bajo el Ministerio del Interior, y combatir así los hechos delictivos en las cárceles. (I)