Militarización de puertos y capacitación a guías penitenciarios, entre acciones a corto plazo con las que nuevo Gobierno puede luchar contra inseguridad

La falta de una política pública integral para contrarrestar la problemática de inseguridad que azota al país ha sido una crítica constante durante el gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso, en estos dos años y tres meses de gestión.Y la sigue siendo, académicos y expertos en materia de seguridad consideran que los estados de excepción decretados por la violencia criminal en las calles sirven como una medida parche, paliativa.A nivel nacional rige un estado de excepción sin toque de queda, es decir, sin restricción de movilidad, desde el 10 de agosto anterior, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ocurrido el día anterior, en Quito, luego de un mitin político. La disposición estará vigente por 60 días.Antes, desde el 23 de julio ese régimen comenzó de manera focalizada en Durán (Guayas) y en Manabí y Los Ríos, pocas horas después del crimen del alcalde de Manta, Agustín Intriago.De ahí que esta semana, cumplidos los primeros 30 días del estado de excepción (considerando ambos), el ministro del Interior, Juan Zapata, dio cuenta de los resultados obtenidos.Habló de una reducción de muertes violentas de entre el 26 % y 75 %. Esmeraldas es la jurisdicción con menos reducción de homicidios en el lapso de 30 días, pues el índice pasó de 43 a 32, es decir, hubo el 26 % menos de asesinatos.Mientras, con una disminución de 70 a 16 crímenes en el mismo periodo de 30 días, Durán es la ciudad donde más se redujeron las muertes violentas con el 75 %.Alberto Molina, coronel en servicio pasivo, señaló que si bien los estados de excepción no constituyen una “panacea” para resolver la problemática de violencia criminal e inseguridad provocada, entre otros factores, por el narcotráfico, han sido una herramienta a la que el Gobierno ha recurrido para atenuar la situación.Cree que el resultado obtenido en Esmeraldas es comprensible al ser una provincia que limita con la frontera colombiana, en el lado norte. “Tenemos una frontera caliente, en el cordón fronterizo, como se conoce, están las bandas criminales, los disidentes tanto de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como paramilitares y algunas bandas criminales colombianas, mexicanas, en fin”, expresó.Considera que el nuevo Gobierno, que tendrá 18 meses, podrá ejecutar algunas acciones, pero la solución demanda una política integral.El 17 de mayo pasado, el presidente Guillermo Lasso activó el artículo 148 de la Constitución y diluyó el pleno de la Asamblea Nacional -conocida como muerte cruzada- por grave crisis política y conmoción interna, cuyo efecto fue la convocatoria a elecciones anticipadas este 20 de agosto.“Como medida de corto plazo es militarizar los puertos, usted sabe que de los puertos sale la gran mayoría de droga que entra al país, considerando que tenemos de vecinos tanto a Nariño como Putumayo, dos departamentos (colombianos) donde se producen, se cree, al menos 800 de las 2.000 toneladas de droga que produce Colombia”, sugirió Molina.Añadió que otra acción que podría implementarse en 18 meses es la profesionalización de los guías penitenciarios y que esta labor esté a cargo de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército, algo que ya se hizo con la policía militar aduanera, dijo.“Se podría fortalecer la labor de los guías penitenciarios y crear una verdadera escuela, profesionalizándolos”, mencionó el coronel en servicio pasivo.Fernando Carrión, especialista en seguridad pública, se mostró pesimista respecto de lo que pueda hacer el nuevo Gobierno en el corto plazo que tendrá al frente del país, más aún, dijo, cuando hay la amenaza por el fenómeno de El Niño, cuyos efectos se han pronosticado para el último trimestre del año en curso.“Ya vivimos con el fenómeno que vivimos de la pandemia (COVID-19), se cayó la economía, se cayó el empleo, se incrementó la pobreza y eso produjo un tipo de violencia, que es la violencia común, que son robos, hurtos, extorsiones. Me parece que eso tendería a incrementarse a partir del fenómeno de El Niño”, comentó él.Carrión sostuvo que es difícil que haya un cambio de política en materia de seguridad en corto tiempo. Sobre los decretos de estado de excepción en el régimen actual mencionó que al principio creyó que esta medida daría legitimidad al Gobierno, ya que la ciudadanía pedía la presencia de militares y policías en las calles; sin embargo, añadió que con el pasar del tiempo la misma población ha pedido detener esta acción por las restricciones que implica.“Yo creo que de aquí al cambio de Gobierno lo único que puede ocurrir es lo que ya está ocurriendo, es más de lo mismo, nuevas declaratorias de estado de excepción, pero un cambio en la política no veo. Y hacia el futuro, con el próximo Gobierno el problema más grave que yo veo es el fenómeno de El Niño”, manifestó el especialista.Durante estos días de estado de excepción las intervenciones coordinadas entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional han permitido la captura de varias personas relacionadas con bandas delictivas.A la par del estado de excepción en el territorio nacional también está vigente un estado de excepción en el sistema carcelario, desde el 24 de julio, luego de la matanza de 31 reos en la Penitenciaría del Litoral y de incidentes en otros reclusorios del país. La medida regirá durante 60 días. (I)

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