Ya era tarde cuando, en junio del 2019, el país vio con horror las imágenes de un grupo de reclusos jugando fútbol con la cabeza cercenada de William Poveda, cabecilla de la banda Los Lagartos. Era tarde cuando en diciembre de 2020 Jorge Luis Zambrano, Rasquiña, fue asesinado en Manta y dos meses después, en febrero del 2021, se dio la primera revuelta carcelaria que dejó 79 personas masacradas en Guayaquil. Y era tarde, también, cuando en agosto del 2022 la Policía encontró más de $ 8 millones y 100.000 euros en efectivo en la casa de Juan Pablo Andrade, comerciante de carros con un largo historial de delitos.
Las primeras señales que alertaban al país de la necesidad de anticiparse y prevenir la narcoviolencia actual ya se dieron una década atrás, cuando en marzo del 2008, con el ataque colombiano a la base de Angostura (Sucumbíos), se descubrió la penetración del narcotráfico en instituciones como el Registro Civil, con personal que falsificaba cédulas, o en la Policía y las Fuerzas Armadas, con grupos que abastecían de víveres y armas a la guerrilla de las FARC. “Si hubiésemos tomado las medidas del caso, no habría habido implantación guerrillera a lo largo de toda la frontera ecuatoriana; y luego desarrollar las acciones de inteligencia, que no hubo, la inteligencia pasó a ser un cargo político más”, dijo hace un año uno de los comisionados que investigaron ese ataque.
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Hoy, también coincide el especialista en economía del crimen organizado y seguridad internacional Renato Rivera: “Normalmente los esfuerzos no se volcaron hacia la inteligencia criminal, no se hizo la lectura en su momento, porque las tasas de homicidios eran bajas en el país. Ese fue un error, se creyó que no había la necesidad de entender cómo estaban generando negocios las redes internacionales”.
El rol primordial del sistema de inteligencia en el país –precisa Rivera– consiste en “anticiparse, por ejemplo, en el lavado de activos, en conocer con inteligencia financiera si había una mayor cantidad de organizaciones criminales haciendo negocios en Ecuador. ¿Por qué no se alertó de esta ruptura que estaba dándose entre las organizaciones internamente?, para tomar medidas en las cárceles (...), no se lo hizo nunca, es una crítica a todos los gobiernos”, cuestiona Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado creado en 2021.
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En Ecuador, el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) tiene la responsabilidad de “producir inteligencia estratégica para alertar y asesorar de manera oportuna en la toma de decisiones al más alto nivel, contribuyendo a la seguridad integral del Estado”.
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El CIES se creó en 2018 en reemplazo de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), creada en el gobierno de Rafael Correa y que, a su vez, sustituyó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad miembro del Consejo Nacional de Seguridad del Estado (Cosepe). No obstante, como señala su rendición de cuentas del 2022, “desde su creación, el CIES ha sufrido constantes cambios a nivel directivo y administrativo”.
Hasta la fecha, por el CIES han pasado casi una decena de directores, desde Jorge Costa, quien asumió la entidad tras su creación, hasta Fausto Cobo, actual titular del CIES.
El CIES no atendió una entrevista de este Diario, solicitada hace quince días. La Secretaría de Seguridad tampoco. (I)