Hace apenas dos semanas, el dueño de una panadería ubicada en una de las calles principales de la cooperativa 5 de Junio, en el cantón Durán, cerró el negocio luego de que antisociales llegaron a exigirle el pago de ‘vacuna’ (extorsión).

Lo amenazaron y, como en su pequeño local los ingresos no eran tan altos, prefirió irse del sitio, ya que no estaba dispuesto a trabajar principalmente para cubrir el alquiler y para los delincuentes.

Tan solo unos metros más adelante, el dueño de una cerrajería también cerró por el mismo problema. A él le exigían $ 200 mensuales, prácticamente un valor similar al que pagaba de arriendo.

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Y así han ido cerrando muchos otros negocios, cuyos dueños han sido amenazados por los ‘vacunadores’. De eso da cuenta la cantidad de locales con letrero “Se alquila” que hay a lo largo de esa avenida; en algunos casos están uno junto a otro hasta llegar a una zanja, sector en el que también hace poco cerró un asadero de pollos.

María (nombre protegido), vecina de la cooperativa 5 de Junio, menciona que es difícil saber los montos que los maleantes exigen a los locales comerciales, pero ella conoce casos que van desde $ 20 hasta $ 200 semanales, según el tipo de negocio.

“La extorsión es más a los negocios, pero también piden ‘vacuna’ en las casas. La policía sí hace las rondas; no se dice que no. Sí hace las rondas, pero es que, igual... Yo soy del sector, una de las fundadoras de aquí, pero si hablamos de aquí nosotros somos cuna de los traficantes y microtraficantes; entonces, ellos obviamente conocen todo: saben en qué momento se van los patrulleros y en qué momento van a venir”, señala con cierto temor la habitante.

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En sectores periféricos, como la coop. Elsa Bucaram, los negocios deben cerrar temprano para evitar ataques de la delincuencia. Foto: Francisco Verni. Foto: Francisco Verni Peralta

La extorsión es uno de los delitos que azotan al cantón Durán, el octavo cantón más poblado de Ecuador, con 303.910 habitantes (según el censo de 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC), al que en este marco del conflicto armado interno el Gobierno de Daniel Noboa prevé intervenir con el Bloque de Seguridad.

Allí, entre el 1 de enero y el 14 de junio de este año hubo 226 asesinatos, lo que equivale a un incremento porcentual del 283 % con relación al mismo periodo del año anterior, una estadística por la cual ya estaría en tercer lugar en el listado de ciudades más peligrosas del mundo (después de Colima y Zamora), según el ranking anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

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“Durán es una ciudad que por su ubicación es estratégica para los grupos terroristas. Es un punto de acopio de drogas, desde donde se distribuye para sacarla del país. Esto hace que sea un lugar de disputa para grupos terroristas y que aumenten delitos como ‘vacunas’, microtráfico y otros”, expresó este lunes, 24 de junio, en Manabí el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, durante el anuncio de la intervención.

Eso ha generado expectativa entre la ciudadanía que pide, entre otras cosas, que el Bloque de Seguridad conformado por militares y policías se adentre en las zonas periféricas donde se concentran quienes integran las bandas delictivas, principalmente Chone Killer y Latin King, que mantienen una disputa constante por territorio para la comisión de ilícitos.

Juan (nombre protegido) es un habitante de la cooperativa Roberto Gilbert que se dedica a la venta de caldo de salchicha, pero hace un tiempo dejó su actividad porque le llegaron a exigir ‘vacuna’, $ 20 semanales a manera de ‘apoyo’.

“Usted a las seis de la tarde no encuentra ningún negocio abierto, porque hasta la tienda más chiquita está ‘vacunada’. Tengo una compañera (vive en la coop. Elsa Bucaram) que también hace caldo de salchicha, pero ya no. Ella vendía meriendas, caldo de salchicha, pero ya no vende porque la gente ya a esa hora, usted viera, seis de la tarde, seis y media, es la balacera. Entonces, ¿quién va a salir a comer a esa hora?”, menciona el morador.

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Él —cuenta— se negó a ser extorsionado armándose de valor y desde hace poco retomó su actividad, pero ya no la hace a diario, sino solo los fines de semana, algo que no es muy conveniente ya que de arriendo y servicios básicos paga mensualmente $ 150 solo del local.

En otros sectores, como la ciudadela El Recreo, muchos de los comerciantes y dueños de negocios se han resignado a pagar lo que las bandas les exigen, porque cerrar o parar las ventas les resulta quedarse sin el sustento diario.

“Está bien que vengan los militares, pero que pongan mano dura para que esto se acabe y uno pueda vivir en paz, no andar preocupado, que tiene que cerrar el negocio o que tiene que meterse temprano a la casa para que no le caiga una bala perdida”, refiere uno morador de El Recreo bajo anonimato. (I)