Latacunga
En la tarde de este jueves, luego de conocer sobre la incineración de dos personas extranjeras acusadas de atentar contra la vida de una residente de la parroquia Toacazo, Latacunga, dirigentes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc) se reunieron para analizar este caso.
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Según versiones preliminares, este jueves, tres sujetos llegaron a atentar en contra de la vida de una persona al frente de la estación de combustible en Toacazo, pero que al momento de disparar el arma se trabó y no pudieron cometer el delito.
Ante los medios de comunicación, el presidente de la Unocanc, Ramiro Guamaní, aseguró que no estuvieron en el lugar en donde se cometió el hecho, que él se encontraba en Latacunga y que por esa razón no sabe nada de lo que pasó, pero que estima que la población actuó por la situación de “inseguridad” con la que conviven.
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Álex Toapanta, presidente del MICC, aseguró que nada tienen que ver las organizaciones en el hecho y que rechazan algunas aseveraciones que pretenden hacer creer que se ha aplicado un procedimiento de justicia indígena, violentando contra la vida de dos personas extranjeras.
Insistió en que en la provincia de Cotopaxi y el país se vive un alto índice de inseguridad y que recae en la responsabilidad del Gobierno nacional crear políticas públicas para prevenir este tema.
Añadió que como movimiento indígena se ha apuntalado y tratado de sostener la seguridad con la aplicación de la justicia indígena. El año pasado se conocieron sobre 256 casos en los siete cantones y 33 parroquias.
Indicó que en estos casos se siguió un debido proceso para la aplicación de la justicia indígena, de acuerdo a la Constitución, los tratados internacionales y el Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, se ha sostenido como “una garantía constitucional, sin vulnerar ningún tipo de derecho, como es la vida”.
Toapanta invitó a la recién posesionada gobernadora de Cotopaxi, Tania Vásquez, así como a la Fiscalía, para que se adopten las medidas de investigación que permitan determinar lo sucedido en la parroquia Toacazo.
De igual manera, el dirigente hizo un llamado a la población para evitar que este tipo de acciones se repitan y pidió sumarse a la gran lucha por la seguridad de Cotopaxi, pero siempre respetando los derechos humanos.
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Propias decisiones
Por su parte, el coronel Geovanny Maldonado, jefe del distrito de la Policía Nacional en Cotopaxi, indicó que este jueves, cerca de las 09:00, personal policial se trasladó a la parroquia Toacazo y que se observó una multitud de aproximadamente 350 comuneros, quienes habían dicho que no necesitan de la presencia de los uniformados y que a los detenidos se los iba a trasladar a Planchaloma para tomar sus propias decisiones.
Explicó que el personal policial no pudo ingresar a la comunidad a verificar el estado de las personas retenidas porque la carretera estuvo obstaculizada con vehículos.
Luego de un barrido por la zona encontraron una maleta presumiblemente de las dos personas retenidas. En este bolso se encontró un arma de fuego calibre 32 de fabricación argentina, tres municiones con la leyenda “súper envueltas” en cinta adhesiva de color rojo, una munición calibre 32 y una terminal móvil.
Informó que, cerca de las 13:30, moradores les dieron a conocer sobre la situación de dos personas que fueron golpeadas e incineradas en la plaza cercana a la unidad educativa de Planchaloma, por lo que luego que les permitieron el ingreso a la comunidad se pudo avanzar con personal a fin de verificar lo reportado.
Maldonado dijo que en el sitio se observó a dos ciudadanos recostados en el piso, semicubiertos con sacos de yute, con señales de haber sido incinerados, por lo que se coordinó con las unidades especializadas para el levantamiento de los cuerpos con la fiscal de turno.
Aseguró que no tienen conocimiento de que otra persona se encuentre retenida, pero que se siguen realizando las investigaciones y averiguaciones para determinar con exactitud las circunstancias que llevaron a la retención de los otros dos individuos por parte de la comunidad y las razones que llevaron al faltal desenlace.
El oficial aseguró que ninguna persona en la comunidad quiso darles información de lo que había sucedido, pero que seguirán con las indagaciones. (I)