De 1.092 víctimas y testigos, el 11% tiene el resguardo policial en Ecuador

El pasado domingo 17 de abril, el abogado quiteño Alejandro Rodas Coloma hizo pública, en redes sociales, su queja por la seguridad que recibe del Sistema de Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos (Spavt), un programa de la Fiscalía General del Estado, entidad que incluyó a Rodas en calidad de protegido desde hace más de dos años.“Desde el 2019, finales, yo estoy en este bendito Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, que para maldita sea la cosa sirve. Te llaman una vez al día a decirte si no te ha pasado nada. Y si te pasa algo, si te rompen los vidrios, si te llegan a llamar a insultar, inclusive a amenazar, ¿qué pasa? Hacen un partecito, y ahí queda”, reclamó en un mensaje público.Rodas Coloma, de 38 años y vocero del Frente de Perjudicados de la Contraloría General del Estado, ha realizado denuncias por el manejo de esta entidad. Una de ellas la presentó el 11 de enero de 2021, en la que solicitaba a la Fiscalía que se investigue al entonces contralor Pablo Celi por el delito de tráfico de influencias al haber desvanecido una supuesta glosa de $ 112 millones contra la empresa telefónica Claro. Dos meses después de hacer esta denuncia, Rodas presentó otra denuncia, esta vez por el robo de su celular. En el documento señaló que el dispositivo contenía documentación “de vital importancia para este proceso penal en fase de investigación previa”.En su denuncia, Rodas, además, agregó: “curiosamente, días atrás había recibido llamadas, mensajes a mi número celular indicándome que deje de joder al contralor”. Cada año ingresan entre 1.000 y 1.500 personas al Sistema Nacional de Protección de Víctimas y Testigos y, en promedio, egresan unas 500, según los datos de la Fiscalía General del Estado. En total, 1.092 ciudadanos (11 de ellos privados de libertad) forman parte de este sistema actualmente.De estos, 2 están desde el 2013, 6 desde 2018, 6 desde 2019, 55 desde 2020, 718 desde 2021 y 305 desde enero de este año. En los dos últimos años tienen más protegidos debido a que sus casos se encuentran en etapa de investigación previa, tiempo en que más víctimas y testigos reciben protección.La mayoría solicita voluntariamente su ingreso al programa, pues considera que su vida corre peligro. Han sido testigos de crímenes, víctimas de abuso sexual o secuestros, o tienen en su poder información relevante en casos en los que se investiga, por ejemplo, corrupción.Sin embargo, no todos reciben la seguridad que esperan. De los 1.092 protegidos, solo el 11 % recibe custodia policial, según las cifras de la Fiscalía, que señalan que este programa cuenta con 119 servidores policiales en el país, asignados a las víctimas que requieren protección permanente, una medida de “carácter excepcional y cuando el riesgo es alto”.El resto recibe una protección básica (patrullajes preventivos, llamadas telefónicas diarias, visitas periódicas de policías) o una protección semipermanente (acompañamiento a la comparecencia judicial, al sitio de trabajo o al lugar de estudio). El 87 % de los protegidos son las mismas víctimas y el 13 % restante son testigos que enfrentan un potencial riesgo de muerte y que a la vez son claves para condenar a los responsables. El 63 % de procesos judiciales ligados a los protegidos (693) está en investigación previa, mientras que el 19 % de casos (213) está en etapa de instrucción fiscal, en que el fiscal acusa y presenta las pruebas.Los protegidos se concentran en las provincias de Pichincha (135), Guayas (112) y Manabí (100), según las estadísticas de la Fiscalía, que además revelan que casi la mitad de los integrantes del programa (510) han ingresado por casos ligados a la violencia de género (violación, abuso sexual, violencia física de la mujer, violencia psicológica y sexual), 215 por muertes violentas (sicariatos, asesinatos, femicidio, homicidio), 64 por extorsión y 38 por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, peculado, sobornos, estafa o tráfico de influencias.Entre algunos de los protegidos se cuentan, por ejemplo, el exministro de Energía y Minas, Carlos Pareja Yannuzzelli; el exasambleísta Daniel Mendoza Arévalo; y el exministro de Salud Pública, Mauro Falconí.“El señor Carlos Pareja Yannuzzelli es un objetivo político que merece resguardo (...), los funcionarios del Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos lo fueron a visitar precisamente para poner sobre aviso que él puede ser uno de los objetivos por la llegada del PPL (Persona Privada de Libertad) Peñafiel, quien tiene ya dos asesinatos en dos cárceles del país”, afirmó el abogado Sebastián Espinoza Ruiz en la audiencia de habeas corpus del pasado 20 de abril, en la que buscaba que el exministro Pareja Yannuzzelli recuperara su libertad con la condición de usar un grillete electrónico.La jueza Soledad Manosalvas, de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Quito, negó el habeas corpus al exministro.“La atención médica, su garantía física o su derecho a la seguridad están garantizadas ya que, como lo ha indicado el doctor Espinoza, han venido de manera permanente funcionarios de la Fiscalía para ver el estado de seguridad física no solo del señor detenido, sino de los otros que se encuentran ingresados dentro del plan de protección de víctimas y testigos”, dijo el coronel Óscar Gabela, director del Centro de Privación de Libertad Pichincha, donde Pareja Yannuzzelli, exfuncionario de Rafael Correa, está recluido junto con otros reos. Del régimen correísta también fueron protegidas Pamela Martínez y Laura Terán, exfuncionarias de Rafael Correa y testigos claves en el llamado caso Sobornos 2012-2016. Por este mismo caso ingresó como testigo protegida la perfiladora criminal Alexandra Mantilla, quien ubicó al expresidente como líder de una ‘estructura delictiva’.La perita en criminología también agregó: “El problema también es lidiar con las víctimas, porque tienen miedo, evidentemente. Entonces, la falta de personal, más el terror de los protegidos, es realmente muy complicado”. (I)Unas mil personas ingresan en promedio cada año al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, un programa de la Fiscalía para “salvaguardar la integridad física, psicológica y social” de quienes enfrentan un riesgo de muerte. Anahí Briceño, quien dirige este sistema, advierte del bajo presupuesto de la unidad, lo que pone en riesgo la atención a este grupo vulnerable. Hay protegidos que se quejan porque no reciben la seguridad que esperan. ¿Cuáles son las debilidades del Sistema de Protección de Víctimas? La mayor limitante siempre va a ser la presupuestaria, ahorita contamos con un presupuesto ínfimo, que cubre de manera básica la operatividad, nada más. Recordemos que trabajamos con un 87 % de víctimas, el resto son testigos, y nos ha tocado trasladar a personas ‘con lo que tienen puesto’, nos toca hacernos cargo de alojamiento, vestimenta, alimentación, y con los presupuestos que tenemos se nos complica muchísimo. ¿Cuál es el presupuesto? $ 232.000 para el 2022. ¿Qué cubren con eso? Alquileres de oficinas donde funcionamos, servicios básicos, mantenimiento de carros, combustible, y para servicios de protección y asistencia (alimentación, alojamiento), realmente nos queda muy poco. ¿Cuánto personal tienen? A nivel nacional, somos 119 servidores policiales y 120 servidores públicos, trabajamos de manera desconcentrada, cada equipo tiene Psicología, Trabajo Social, área jurídica. ¿Hay 1.092 protegidos? Sí, es correcto. El número es fluctuante, a diario ingresan y salen, porque cumplen su permanencia en el sistema. ¿Es suficiente el personal? No, únicamente trabajamos con los 119 servidores policiales permanentes, ellos se encargan de gestionar con otras unidades el apoyo técnico para suplir el faltante, por eso no hay inconveniente realmente. Sin embargo, hay testigos que han sido asesinados, el del caso Quinsaloma, por ejemplo. No tengo información de incidentes graves con las personas protegidas, sí hay que aclarar que hubo un caso reciente de una persona que lamentablemente fue asesinada, pero él ya no formaba parte del sistema. ¿Solo un caso? Incidentes graves o fatales no se han registrado en los últimos años, somos efectivos en el 99,9 % de casos. Este 0,1 % ¿de cuántas personas estamos hablando? En la provincia de Los Ríos tuvimos una persona procesada por delincuencia organizada, esta persona fue acribillada, pero no por el caso del que era protegida, sino por su modo de vida. Nosotros protegemos a todas las personas, sin limitantes, hemos tenido sicarios para proteger, porque se han convertido en informantes. ¿También tienen privados de libertad en el sistema? No es una cifra importante, 11, pero hemos tenido una efectividad, porque en todos los casos de masacres de cárceles no tuvimos ningún protegido que haya sido eliminado. (I)

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