La etapa final del juicio por la desaparición forzada de los menores del sector de las Malvinas se reanudó la mañana de este lunes, 15 de diciembre.
La diligencia se instaló alrededor de las 08:30 y se desarrolló de manera telemática y presencial, extendiéndose hasta pasadas las 11:00.
Durante los alegatos de esta etapa, la Fiscalía solicitó una pena de siete años y cuatro meses de prisión para el teniente coronel Juan Francisco I. M., procesado en calidad de cómplice del delito de desaparición forzada.
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Según el fiscal del caso, el oficial habría ordenado recoger las prendas de vestir de los menores hallados en Taura sin aplicar los protocolos correspondientes.
Durante la audiencia también se señaló que el teniente coronel habría grabado entrevistas a los militares implicados y que, presuntamente, ordenó al subteniente John Z. borrar los videos relacionados con los menores y omitir en los informes referencias a golpes, disparos, insultos y amenazas.
El subteniente John Z., comandante y jefe de patrulla, es procesado como autor directo del delito de desaparición forzada.
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Para él, la Fiscalía solicitó una pena de 34 años y ocho meses de prisión.
El proceso judicial se encuentra en la fase de exposición de los alegatos finales tanto de la parte acusadora como de las víctimas.
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La investigación se centra en el delito de desaparición forzada en el contexto de la retención de los menores Ismael, Josué, Steven y Saúl, registrada el 8 de diciembre de 2024 en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil.
Tras ese episodio, se perdió el rastro de los adolescentes y posteriormente se reportó su desaparición en la zona de Taura.
Días después, sus restos calcinados fueron hallados en esa parroquia.
En su intervención, la Fiscalía también solicitó medidas de reparación integral y de no repetición.
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Entre ellas pidió que el Ministerio de Defensa implemente capacitaciones dirigidas al personal militar en materia de derechos humanos, procedimientos en flagrancia y actuación frente a menores de edad.
Asimismo, planteó que se promueva una intervención integral y multidisciplinaria con las víctimas indirectas en los ámbitos psicológico, médico y social, a través del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo Humano, además de evaluar la posibilidad de que los familiares accedan al Bono de Desarrollo Humano.
Como medida simbólica de no repetición, la Fiscalía solicitó que el lugar donde se produjo la retención de los menores, el paso a desnivel de la avenida 25 de Julio, lleve el nombre de Puente Niños de Las Malvinas”, en honor a las víctimas. (I)
