Tiene 30 años y el grado de cabo segundo. Había llegado hace unas semanas a Guayaquil con el pase y una de sus responsabilidades asignadas fue vigilar un lugar de arresto domiciliario en el sector de Pascuales, en el noroeste de Guayaquil.
La madrugada del domingo pasado, el cabo segundo fue baleado afuera de la vivienda de una mujer procesada por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Ahora él se debate entre la vida y la muerte en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
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Este es uno de los casos en que policías han salido heridos a causa de la vigilancia de arrestos domiciliarios, por lo que Policía Nacional y Judicatura se reunirán en estos días para revisar los 85 casos que tiene Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón.
Así lo detalló el general Víctor Herrera, jefe policial de la Zona 8, quien rechazó el ataque a tiros al policía en Pascuales.
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“En el análisis que hemos hecho (aparece) que se quería atentar contra la persona (a la) que se estaba dando la custodia. Ella tiene arresto domiciliario (desde) el 2 de marzo del 2020, es decir, tres años y siete meses arresto domiciliario”, manifestó.
Añadió que para dar el servicio de vigilancia a 85 casos las 24 horas se debe designar a 255 servidores policiales al día, situación que preocupa a Herrera debido a la peligrosidad de algunos casos y porque se deja sin un elemento al distrito policial respectivo.
El general agregó que casi el 50 % de estos arrestos son por procesos de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.
El resto de delitos son tenencia ilegal de armas, sicariatos, violación, acoso sexual y violencia intrafamiliar, etc.
Él sugirió que se debe revisar eso de forma urgente, porque hay mucha peligrosidad para los uniformados.
“Tenemos policías que producto de estas heridas están en condiciones críticas. Necesitamos solucionar esto para las personas que necesiten arresto domiciliario. Hay que hacer un análisis de riesgo, revisar cada caso para ver si se les otorga esta medida”, expresó.
Añadió que también han hecho un levantamiento de los 85 casos que tienen para que se evalúe su condición.
“Hay 27 de esos casos que no tienen ninguna enfermedad, y otros 24 casos ya llevan más de un año de arresto. Y en delitos hay 47 % por tráfico de drogas”, explicó.
Agregó que incluso hay mujeres que abusan de su condición para tener esta medida por la figura de embarazo y lactancia, pero algunas de ellas ya con más de tres años con esa medida y sin haberse revisado sus casos.
“Hay un caso de una mujer con 7 años y 4 meses por tráfico ilícito de sustancias sujetas de fiscalización”, explicó el general. (I)