Un tercer estado de excepción en este año: ¿las nuevas medidas podrán frenar las muertes violentas en Durán?

Durán es uno de los cantones de Guayas donde las muertes violentas no se han logrado reducir.Es uno de los cantones del país donde las autoridades tienen el foco de atención de cara a un tercer estado de excepción que permitirá a policías y militares realizar allanamientos sin orden judicial.En Durán, en lugar de una reducción, este 2024 la cifra de muertes está al alza. De enero a mayo del 2023 los policías llevaban un reporte de 53 asesinatos y en lo que va del 2024 ya son 200 las muertes violentas reportadas en el cantón ferroviario.Los niños y adolescentes también han sido afectadas en este territorio que se pelean Chonekiller y Latin King. En 2024 en la Fiscalía de Durán se han recibido 11 denuncias de asesinatos y tentativas de asesinatos de menores de edad, entre ellos cinco niños que no tenían más de 10 años.El Gobierno intenta con este nuevo estado de excepción contener la violencia en Durán, que es parte de los territorios donde rige la medida. Las siete provincias con el régimen de excepción son: Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Sucumbíos y Orellana, territorios que, según la Policía Nacional, concentran 1.920 muertes violentas, una cifra que representa cerca del 87 % del índice de asesinatos de todo el país.Contrario al escenario de Durán, en Guayaquil los crímenes se desaceleraron. Del 1 de enero al 22 de mayo del 2024 en Guayaquil se han reportado 575 asesinatos, un 35 % menos que en el mismo periodo del 2023, cuando iban un total de 884 casos.Aunque se han dado 309 homicidios intencionales menos que el año pasado, la percepción de inseguridad entre la ciudadanía sigue latente porque cada vez los crímenes son más violentos y conllevan masacres, sostienen los expertos.A nivel nacional, según la Policía Nacional, se han dado 245 homicidios múltiples o masacres, que están causando temor en la población porque 57 niños y adolescentes han sido afectados por las balas en ataques de sicarios y 25 de ellos han muerto. Al menos 17 de esos menores asesinados vivía en Guayaquil.Pese a estos números, la postura del gobierno es optimista, pues indican que se pudo revertir la tendencia al alza de la primera semana del 2024, pues solo el 1 de enero, en Durán, mataron a 22 personas.En esa primera jornada del año hubo 62 asesinatos a nivel nacional, un récord si se quita de la ecuación los resultados de las masacres carcelarias.La Policía ha identificado que el 91 % de estos homicidios corresponde a violencia criminal, es decir, 9 de cada 10 asesinatos los habrían cometido miembros de bandas delictivas. El otro 9 %, en cambio, corresponde a violencia interpersonal. En este grupo se incluyen los asesinatos por riñas personales y familiares. Muchas de estas, según la Policía, involucran el consumo del alcohol.Otro dato presentado por la Policía es el 83 % de los asesinatos se cometieron con armas de fuego. En 2023, ese porcentaje fue del 88%Kléber Carrión, abogado, policía en servicio pasivo y fundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), considera que esta violencia que actualmente se vive solo generará más violencia y piensa que el Gobierno debe poner un alto a la situación de inmediato.Para este analista el trabajo policial es importante, pero dice que los uniformados no tienen los recursos que necesitan y expresa que aunque apresen a mil terroristas estos saben como librarse de una condena en medio del sistema judicial.Este experto en seguridad invita a la ciudadanía a analizar la Constitución, donde constan los derechos de las víctimas y sus victimarios, pues sostiene que los delincuentes y asesinos tienen más garantías en el país, sin contar los beneficios penitenciarios que les permiten salir de prisión.“La suspensión condicional de la pena, la prelibertad al cumplir la mayor parte de la condena, el habeas corpus, las medidas alternativas, el grillete; todo eso es alcahuetería, porque la Constitución ni siquiera permite obligar al reo a unirse a un taller de rehabilitación o a comer en la cárcel”, manifiesta el policía en servicio pasivo, quien insiste en que con los delincuentes y terroristas no se puede negociar.Carrión considera que de forma urgente la Asamblea debería trabajar en reformas a la ley, no solo el incremento de penas, sino el control de la emisión de la medidas que benefician a delincuentes y asesinos. (I)

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