Quevedo, LOS RÍOS
Las noticias de asaltos a transportistas de buses interprovinciales, de carga pesada o vehículos particulares son recurrentes en el anillo vial de Quevedo, provincia de Los Ríos. De hecho, ese tramo es uno de los más peligrosos de las carreteras del país, según conductores.
La noche del miércoles de esta semana se viralizó un video en el que se aprecia que cinco antisociales que usan capuchas y portan armas de fuego salen desde la maleza y hacen detener a la fuerza la marcha de una unidad de transporte. El resultado del hecho violento fue el asalto y robo a los pasajeros.
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La amarga experiencia la han sufrido decenas de pasajeros y conductores, quienes han sido sometidos por grupos delictivos que operan en el anillo vial y en otras vías de la provincia de Los Ríos, como la Buena Fe-Santo Domingo, Quevedo-Ventanas-Puebloviejo-Babahoyo o Quevedo-El Empalme.
“Todas las carreteras que salen de Quevedo a otras provincias del país, como Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo, son peligrosas, no hay una sola donde no se hayan registrado asaltos”, afirma un dirigente de la transportación de buses interprovinciales de Los Ríos.
Desde hoy, sábado 27 de julio, este Diario inicia una serie de entregas periodísticas que recogen la situación de inseguridad en las principales carreteras del país. El problema se vive principalmente en la Costa, pero no es ajeno al resto de regiones.
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Por la inseguridad, el dirigente de la transportación de buses interprovinciales de Los Ríos prefiere no dar su nombre. Asegura que como transportistas prefieren quedarse callados por la falta de garantías.
No confían en la justicia y creen que la fuga de información en entidades como Policía o Fiscalía les puede costar la vida.
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Pese a ello, narra su experiencia de cuando cinco delincuentes lo secuestraron por tres días y a quienes debió pagar 15.000 dólares para ser liberado.
La mañana del secuestro, él conducía su camioneta por la vía Mocache-Jauneche, la cual asegura la conoce “al revés y al derecho”, debido a que por años ha sido chofer de buses que transitan por dicho sector.
Por el retrovisor observó que detrás de él se aproximaba una camioneta doble cabina de color negro, bastaron segundos para que ese vehículo se lo atravesaran en el camino.
Apresuradamente de la camioneta descendieron cinco hombres. Él, ‘Juan’ (nombre protegido), pensó que ese día era el último de su vida. Sabía que estaba en desventaja y “colaboró” con los delincuentes, abrió la puerta de su carro, pese a ello fue sacado a empujones y subido a la fuerza a la camioneta doble cabina.
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Una vez dentro del vehículo le cubrieron la cabeza con un trapo y le hicieron agachar, pese a ello recuerda que pudo ver por el filo de la puerta del carro que lo conducían por el recinto San Antonio, al poco tiempo perdió la noción del lugar por donde lo llevaban.
Después de más de una hora de recorrido lo bajaron en una zona rural y tras trepar una pendiente llegaron a una casa de caña. Lo sentaron en un mueble, donde permaneció hasta la noche. Tenía los pies y manos atados y los ojos vendados.
Lo obligaron a desbloquear su celular y a comunicarse con uno de sus familiares, la consigna era clara: le pedían 50.000 dólares, si colaboraba y no se ponía resabiado su vida estaba garantizada.
Esa noche le llevaron merienda, era un arroz con chuleta. Debía comer con las manos amarradas.
Junto con él durante todo el tiempo estuvo uno de los antisociales, un hombre joven, de tez canela y alto. Portaba una metralleta, recuerda.
En la parte baja de la vivienda hacían guardia otros dos hombres, no había forma de escapar, su vida dependía de las negociaciones que hicieran sus familiares.
Durante los dos días consecutivos tuvo que racionar el agua, le dejaban solo una botella pequeña, de esas que cuestan $ 0,50. “Solo me mojaba los labios, hoy lo cuento sereno, pero es una experiencia que no se la deseo a nadie”, refiere indignado.
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Luego de tres días de negociación, sus allegados concretaron un acuerdo con los secuestradores, a quienes terminaron pagando 15.000 dólares; el dinero por entregar era en efectivo, tres bultos, cada uno de 5.000 dólares.
Los delincuentes le dieron instrucciones a su familiar, quien debía dejar el dinero por un árbol y luego retirarse del lugar lo más rápido posible.
Una vez hecha la entrega a ‘Juan’ lo dejaron abandonado a una hora y media del sitio donde lo estaban esperando sus familiares, luego de varios minutos de caminata fue auxiliado por el conductor de una camioneta.
La experiencia del hombre es similar a la de muchos choferes o propietarios de buses interprovinciales. Por ello prefieren no hablar sobre la inseguridad, aseguran que no solo ellos están expuestos, sino también sus familiares.
El cobro de ‘peajes’ para circular por determinadas rutas es un secreto a voces, los valores a pagar van desde 300 hasta 1.000 dólares mensuales por cada bus.
“No podemos denunciarlos, nosotros trabajamos todos los días y debemos transitar por dichas rutas, no hay manera de que podamos librarnos de esos delincuentes, son grupos bien organizados, tienen armas, conocen de nuestros movimientos y lo que es peor, no tenemos garantías judiciales”, refiere el transportista.
Este Diario se contactó con otro dirigente de la transportación, uno de carga pesada. Él cuenta que ha recibido amenazas y atentados, por ello ha paralizado su productividad, sus camiones y grúas permanecen en garajes y vive con sus ahorros que poco a poco se van agotando.
Teme por su vida y por la de sus tres hijos, por ello espera en el menor tiempo posible emigrar al exterior.
Augusto Pastuña, dirigente de la Unión de Transporte de Carga Pesada de Los Ríos, que agrupa a 21 compañías, sostiene que pese a los controles que la Policía y Fuerzas Armadas ejecutan, el peligro en las vías es una constante.
“El anillo vial se dice que está controlado, pero todavía hay un 60 % de riesgo, otras vías como hacia Buena Fe, San Carlos, El Empalme son zonas muy peligrosas donde los transportistas sufren todos los días asaltos”, precisa el dirigente.
En busca de una solución, refiere que cada 30 días se reúnen con autoridades, como policías, militares, representantes de la Gobernación, pero pese a ello no cesa la delincuencia y cada vez los asaltos, secuestros y extorsiones se incrementan.
Ellos, como medida de seguridad, han colocado rastreos en cada contenedor y el vehículo, sin embargo, cuando se registran los asaltos por la devolución del vehículo el pedido que hacen los delincuentes es de 5.000 a 10.000 dólares, esto más el valor por la vida del conductor que puede llegar a los 20.000 dólares.
Los transportistas de carga pesada saben que los delincuentes tienen como blanco los camiones o tráileres que transportan cargas de gran valor, como úrea, banano o cacao.
Un ejemplo fue el intento de asalto ocurrido la semana anterior en la vía Patricia Pilar-Buena Fe, donde un grupo de más de ocho delincuentes interceptó un tráiler que transportaba cacao desde el cantón Chone. En el hecho delictivo asesinaron al guardia que viajaba en la cabina como custodio e hirieron a su compañero.
El objetivo de los delincuentes era robarse los 500 sacos de cacao que se presume transportaba el contenedor.
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Ante la problemática que enfrentan diariamente piden que exista control exhaustivo y patrullaje continuo mas no esporádico. Esto, debido a que los delincuentes tienen “radares humanos” que son sus informantes y les avisan cuando las carreteras están despejadas.
Un dirigente de transporte de carga pesada refiere que también fue víctima de secuestro y que después de dos días de cautiverio y luego de pagar por su vida fue liberado.
“Se pagó 10.000 dólares por mi libertad, en dos días nadie me ubicó. Las autoridades no se mueven, a veces hacen pantalla política, por eso uno busca salir por sus propios medios”, indica y recuerda que lo mantuvieron retenido en un contenedor, en una zona del cantón Mocache.
Augusto Pastuña, dirigente de la transportación pesada en Los Ríos, cree que deben existir fiscales especializados, sin rostro, para que no sean amenazados por las bandas delictivas. “Los fiscales no pueden hacer mucho debido a las amenazas a las bandas delictivas”, recalca.
Pastuña, pese a la complicada situación de la transportación, tiene la esperanza de que haya mejoras. Y añade que hasta han pensado en una paralización de actividades.
“Nos íbamos a unir a la paralización de apagado de motores, de los transportistas interprovinciales, de ser pertinente para buscar mejoras en cuanto a la seguridad de nuestras unidades y socios. Estamos esperando que mejore la situación, si no, nosotros mismos paralizaremos las unidades”, expresa.
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En tanto, la Policía asegura que realizan operativos en todas las vías. William Calle, comandante de la zona de Los Ríos, dice que llegaron 50 gendarmes a Los Ríos.
Asegura que diariamente 25 uniformados patrullan el anillo vial de Quevedo, para eso cuentan con cinco vehículos para cubrir el tramo Quevedo, Buena Fe y El Empalme.
“Se cuenta además con la UPC móvil que tiene cámara y policías que pernoctan en el sitio”, señala Calle y añade que en otras vías, como la Ventanas-Puebloviejo-Babahoyo, también se realizan patrullajes continuos en los ejes viales.
La Policía indica, asimismo, que la Unidad de Control de Frontera se encuentra en Quevedo y tiene mapeado el anillo vial, que lo han sectorizado en tres tramos donde a más de controlar los asaltos, se ha liberado a personas que han sido víctimas de secuestro y también se han decomisado drogas. (I)
