A pesar de que la Fiscalía solicitó la pena máxima (cinco años de cárcel), un juez del Guayas dictó sentencia condenatoria de tres años de cárcel a Artur R. por enriquecimiento privado no justificado.
El ciudadano de origen albanés fue detenido en su residencia, ubicada en una urbanización de Samborondón, el 9 de febrero del año en curso.
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Su arresto se dio luego que la Unidad Nacional de investigación de Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot) de la Fiscalía coordinara el operativo con las unidades élites de la Policía.
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Al momento de la detención los agentes encontraron entre las pertenencias de Artur R. $ 321.645. Esto motivó a la Fiscalía a revisar documentación sobre los ingresos económicos y actividad financiera del albanés.
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Artur R. permaneció en prisión preventiva hasta el día de la audiencia de juzgamiento, donde se conoció la decisión del juez que sustentó su veredicto en varias pruebas e informes presentados en la sala.
En el desarrollo de la audiencia de juzgamiento entre las principales pruebas presentadas por el fiscal constan los testimonios de los agentes aprehensores e investigadores, pericias de audios y video y varios informes. Entre los documentos expuestos está uno de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
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Este documento de la UAFE, en específico, indicó que el procesado no tiene ningún tipo de actividad comercial. Por otro lado, el informe del Servicio de Rentas Internas (SRI) determinó que los nombres de Artur R. no cuentan en los registros de las personas que pagan impuestos.
Con estas pruebas la Fiscalía evidenció que el extranjero manejaba altas sumas de dinero sin que existan actividades laborales o comerciales que justifiquen su procedencia o licitud, por lo que se concluye el cometimiento del delito de incremento patrimonial injustificado, según la Fiscalía.
El delito se encuentra tipificado en el artículo 297 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El tiempo de cárcel con el que se castiga este delito es de tres a cinco años de pena privativa de libertad. (I)