Un noviembre inédito escribía la violencia criminal en Ecuador hace algo más de un año. Solo en Guayaquil, entre la madrugada y 06:00 del 1 de noviembre de 2022 se reportaban al menos diez ataques con artefactos explosivos a unidades policiales y diferentes establecimientos.
Un carro detonó en los estacionamientos de la terminal satélite Pascuales. Y otros sectores como el suroeste (donde dos policías fueron asesinados, en la 17 y Cuenca), Socio Vivienda, Las Orquídeas y la vía Perimetral también fueron escenario de atentados.
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En el transcurso del día el nivel de violencia se replicó a otras ciudades, como Durán, y a más provincias, entre esas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas.
La mañana de este lunes 6 de noviembre, la Fiscalía informó que nueve detenidos por su presunta participación en los ataques con explosivos a varias Unidades de Policía Comunitaria (UPC), gasolineras y locales comerciales de Durán serán llamados a juicio por presunto terrorismo.
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Estas personas fueron aprehendidas en la ciudad ferroviaria en operativos realizados la madrugada del 24 de enero de este año. Durante el accionar policial se incautó un fusil y dos pistolas, 40 kilos de cocaína, $ 40.000 en efectivo, 2.200 municiones de diferentes calibres, 10 chalecos antibalas e indumentaria con logos de la Policía Nacional y varios teléfonos celulares.
Un juez anticorrupción acogió las pruebas de convicción presentadas por la Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio en contra de las nueve personas.
En la audiencia preparatoria de juicio el fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Transnacional (Unidot) de Guayas presentó su dictamen acusatorio y con ello varios elementos de convicción.
Entre estos constan: el parte informativo y de aprehensión de la Policía junto con informes de audios, videos y afines, que tienen relación con la extracción de información de los celulares de algunos procesados.
Dos UPC más fueron atacadas en Durán y Daule durante la noche del jueves 3 de noviembre
El juez anticorrupción, con sede en Quito, acogió el pedido de la Fiscalía y ratificó la prisión preventiva contra los ciudadanos Álvaro B. O., Ángel A. P., Richard P. V., Álex M. A., Daniel E. G., José S. L., Jordan N. E., John M. Q. y José Z. S.
El delito de terrorismo es sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, según el artículo 366, numeral 10, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (I)