Viajar desde Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, hasta la parroquia rural Taura, del cantón Naranjal, toma alrededor de 60 minutos, pues la distancia es de 42,4 kilómetros. Ese fue el trayecto que recorrieron los cuatro menores de edad actualmente desaparecidos después de ser aprehendidos por militares el pasado 8 de diciembre, a las 21:00.
Los uniformados, según el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, aprehendieron a los menores de entre 11 y 15 años porque aparentemente estuvieron involucrados en un robo cerca de un centro comercial del sur de la ciudad.
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El secretario de Estado mencionó que cuando una patrulla militar con 16 uniformados regresaba de dar custodia a un camión de la Aduana se percató de un presunto robo y aprehendieron a tres menores, mientras que el cuarto fue entregado por la propia ciudadanía.
Jesús López, abogado de los militares, contó que cuando los uniformados se trasladaban en dos camionetas decidieron dirigirse hacia la unidad de Policía de Virgen de Fátima (km 26), cercana a la base de Taura, con la intención de entregar allá a los detenidos, pues los militares se dirigían a dicho reparto de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
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Esta situación ha sido cuestionada tanto por la defensa de los padres de los chicos desaparecidos como por los organismos de derechos humanos, ya que, según ellos, de acuerdo con los protocolos establecidos, los militares debían entregar a los menores inmediatamente a la Policía en Guayaquil, no llevárselos a otra jurisdicción, como ocurrió.
De acuerdo con el abogado Jesús López, los militares optaron por liberar a los menores en Taura, aproximadamente a 15 kilómetros de la base militar. El asesor legal remarcó que los adolescentes nunca ingresaron al reparto militar.
Según el defensor de los uniformados, de las investigaciones del caso se desprende que cerca de las 23:00 del 8 de diciembre los cuatro chicos ahora desaparecidos habrían establecido contacto con un residente local, quien les facilitó un celular para comunicarse con uno de sus progenitores, incluso enviando su ubicación vía WhatsApp.
López señaló que casi una hora después, ante la llegada de una patrulla policial, el ciudadano que prestó el teléfono se refugió en su vivienda, alegando la presencia de motociclistas encapuchados que presuntamente pertenecían a “la mafia”.
Con base en la información que se conoce sobre este caso, el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, ha diseñado una línea de tiempo que a su juicio revela que este asunto no se trata de una desaparición forzada, figura penal que alegan las familias de los menores, apoyadas por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
Por ello, este martes hubo una audiencia en el complejo judicial Florida Norte, en la que participaron las partes involucradas. La jueza Tanya Loor Zambrano aceptó la demanda de habeas corpus presentada por familiares de los niños desaparecidos en Las Malvinas y por Billy Navarrete, director ejecutivo del CDH.
En la misma línea que el abogado de los militares, el coronel Mario Pazmiño señaló que los militares liberaron a los menores a las 22:00 en la vía que conduce desde la carretera principal hacia la parroquia Taura. Por tanto, dijo, no hubo ingreso al recinto de la FAE.
“Al abandonarles se produce un sinnúmero de acontecimientos y hechos que descartan por completo la desaparición forzada que algunos miembros de derechos humanos tratan de hacer ver ante la opinión pública nacional”, expresó él.
Pazmiño mencionó que, a las 23:40, personal de la Policía llegó al sector de donde aparentemente se hizo la llamada de uno de los chicos desaparecidos, pero que ya no encontraron a nadie.
“Pero la persona o este morador de Taura que les facilitó (el celular) les ayudó, se vuelve a comunicar nuevamente con el padre (de uno de los chicos), porque el padre le hace una llamada para que indiquen dónde están, y ahí le insulta (el morador), le dice que para qué ha hablado con la Policía, que hay gente en el sector en motos, encapuchados y que son de la mafia. Y que la mafia se los llevó (a los menores)”, refirió el exdirector de Inteligencia del Ejército.
Fernando Bastias, miembro del CDH, considera que el caso sí se trata de una desaparición forzada. Durante un plantón efectuado el lunes anterior en las inmediaciones de la Fiscalía, él sostuvo que en el caso de menores de edad que cometen delitos y son aprehendidos se debe seguir el procedimiento de ponerlos a disposición de la Dinapen, de la Policía o de sus padres.
“Cualquier característica, cualquier justificación, ahora es una desaparición forzada”, recalcó el abogado defensor de los derechos humanos. (I)