Ante la supuesta existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra el procesado en los casos Metástasis e Independencia Judicial Wilman Terán, él mediante un habeas corpus presentado ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) busca salir de prisión y que se le entregue una ayuda integral y especializada ante posibles trastornos físicos y psicológicos generados en el encierro.
A esta garantía constitucional se le dio paso a las 17:00 del sábado 20 de julio pasado, y se instaló audiencia respectiva para resolver el pedido del expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) a las 19:15 de este mismo sábado en la Corte Nacional. Terán y sus abogados tuvieron que dejar la audiencia preparatoria de juicio dentro del caso Independencia Judicial, la cual se daba en otro piso de la CNJ, para participar en la diligencia que estaba en manos de las juezas de la Sala de lo Contencioso Administrativo Ximena Velástegui (ponente), María Terán e Hipatia Ortiz.
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Se alega una supuesta violación de derechos en La Roca
Los hechos alegados por Terán en los que, según él, se le violentaron sus derechos habrían ocurrido entre la noche del jueves 18 y la madrugada del viernes 19 de julio pasado, cuando en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas número 3, más conocido como cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, se dio, a eso de las 19:00, un “cacheo” personal y a las celdas de los internos de parte del “personal militar”. Terán ocuparía la celda 39 de la planta baja de ese reclusorio.
“Mientras seguían militares circulando por el patio central de este CPL logré conciliar el sueño, pues también tenía una diligencia en la ciudad de Quito y debía viajar. Al momento me despierto en medio de un griterío y escuchando detonaciones. A través de las rejas de la celda pude observar que la señora directora del CPL caminaba por el pasillo. Me levanté para observar qué sucedía y al levantarme aspiré el gas sin darme cuenta de lo que estaba respirando. Ello me provocó estragos”, recordó un Terán al que se le escuchó quebrarse la voz durante su relato, cosa que no le sucedió horas antes, en el momento de asegurar que es inocente del delito de obstrucción de la justicia, diligencia en la que también asumió su propia defensa.
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El relato del proceso incluyó que tuvo desfallecimientos y sintió angustia por la imposibilidad de respirar adecuadamente. Él habría empezado a gritar, mientras los reclusos de la celda de al lado decían: “Terán está ahí que se asfixia”. Habrían llegado agentes penitenciarios para sacarlo de la celda y conducirlo a la biblioteca del centro.
En ese traslado, dice Terán, pese a no ver bien, tener los ojos llenos de gas y no poder respirar, observó a agentes vestidos de negro, policías que creía eran del GOM y personal uniformado de color verde militar, el cual no sabía a qué rama de las Fuerzas Armadas pertenecía. “En el camino, de tantas voces escuché que se me decía, entre otras cuestiones, algo así como ‘Esto te manda la fiscal Diana Salazar’, y escuché risas y ruidos. Yo seguí el camino; me interesaba volver a recobrar mi respiración. Al llegar a la biblioteca, ya habían estado ahí otras personas privadas de la libertad rescatadas de la asfixia: un señor Aguilar, había un señor Arboleda, Alcívar, vi a (Pablo) Muentes, vi a (Jorge) Glas y otras personas que no distingo sus nombres”.
Aproximadamente a las 02:00 del 19 de julio habría sido devuelto a su celda, y horas después fue sacado nuevamente para que viajara a Quito para la audiencia del caso en el que recibiría el dictamen acusatorio por el delito de obstrucción de la justicia. Cerca de una hora habría permanecido en el interior de una tanqueta militar, pero no pudo viajar por existir mal tiempo y un riesgo inminente de que ocurriera un accidente. Todas esas acciones para Terán significan que le generaron una situación de estrés físico y psicológico.
Ante ello, primero Terán pidió que se lo traslade a la Cárcel 4 en Quito, no solo porque era un lugar que tenía mejor ventilación y podía tener más horas de luz, sino porque también podría estar más cerca de la CNJ, lugar en donde se llevan los procesos penales en el caso Metástasis e Independencia Judicial, evitando así viajes aéreos que le generan estrés ante la posibilidad de que pueda existir un accidente.
De La Roca, dijo el expresidente del CJ —conocido con el alias de Diablo en el caso Metástasis— que era un lugar sin ingreso de aire natural, en el que le permiten salir de su celda por 20 minutos, dos veces a la semana, y en el que está junto a privados de la libertad de alta peligrosidad, sentenciados por “delitos extremos de sangre” y narcotráfico.
Pedidos de Wilman Terán
Luego, ante requerimientos de la jueza ponente para que Terán defina exactamente cuáles eran sus pretensiones al presentar este habeas corpus, el extitular del CJ aclaró que lo que pide es lo que dice la norma en el penúltimo inciso del artículo 89 de la Constitución, que establece que, en caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante, se dispondrá de la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad.
Para probar que lo que decía es verdad, Terán pidió al tribunal que permitiera que testificaran los privados de la libertad de las celdas aledañas a la suya, así como también los presos que estuvieron evacuados en la biblioteca: Aguilar, Arboleda, Alcívar, el exasambleísta Muentes y el líder del correísmo Glas. Además solicitó que la Asamblea Nacional y el conjuez Julio Inga certifiquen las convocatorias que se le hicieron dentro del juicio político que le seguía en el Legislativo y dentro del juicio penal en el caso Independencia Judicial en los días 16, 17, 18 y 19 de julio pasados.
Por otra parte, Terán solicitó que la paramédico que lo revisó en la CNJ el 19 de julio presente un informe sobre la valoración a su salud, y dijo que siente la necesidad de ser intervenido psicológicamente y psiquiátricamente. De manera adicional, Wilman Terán solicitó la conformación de una comisión de investigación para recabar pruebas de lo sucedido en La Roca, y proponía que esté integrada por miembros de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, de la Cruz Roja y de una connotada organización de derechos humanos.
La respuesta de las entidades accionadas
Las instancias accionadas: la cárcel de máxima seguridad La Roca, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Procuraduría General del Estado, negaron los tratos inhumanos y la violación de derechos alegada por Terán. Pidieron que se rechace el habeas corpus planteado, principalmente porque existía desnaturalización de la garantía constitucional y se estaba haciendo un abuso del derecho.
Por ejemplo, desde el SNAI se dijo que el traslado de CPL es una acción privativa del ente técnico en razón de sus necesidades y razones. La representante legal de esta instancia solicitó al tribunal que se permita incorporar como prueba un informe de seguridad y estructura de La Roca para desvirtuar los argumentos señalados por Terán, un informe que acredite el hacinamiento existente en la denominada Cárcel 4, en Quito, y la información que acredite que el CPL número 3 tiene atención médica 24/7 y que en él se le han brindado facilidades al interno.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, instancia que aseguró no participó en la intervención, presentarán una serie de informes que demuestren cuál fue el accionar del personal el día de los hechos relatados por Wilman Terán.
Sobre la prueba aceptada y rechazada
La juezas Velasteguí, Terán y Ortiz se retiraron a deliberar respecto de la constitucionalidad y pertinencia del anuncio de prueba realizado por las partes procesales. Luego de dos horas, pasadas las 00:15 de este domingo, 21 de julio, regresaron a la sala para dar a conocer que del anuncio de prueba de Wilman Terán se aceptaba la prueba testimonial de los privados de la libertad aledaños a la celda número 39, planta baja, esto es, los privados de la libertad de las celdas 40 hacia la celda 36, que se encontraban en la noche del 18 de julio del 2024, aproximadamente a las 19:00.
Velasteguí aclaró que ellos testificarán exclusivamente sobre los hechos ocurridos en el CPL La Roca, el día y hora que son objeto de este habeas corpus. Para concretar este hecho se oficiará a La Roca para que remita en 48 horas el listado de los privados de la libertad que se encontraban en dichas celdas el 18 de julio de 2024. Se dispuso que la comparecencia a la reinstalación de esta audiencia de dichos testigos se realice vía Zoom y que el SNAI tiene la obligación de prestar las facilidades necesarias.
También se dio paso a que se oficie al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para que remita la ficha de evaluación, impresiones o cualquier otro documento que contenga la atención proporcionada a Wilman Terán; que se oficie al CPL La Roca, a la comandancia de la Policía y de las Fuerzas Armadas a fin de que remitan copias certificadas de los informes elaborados y presentados sobre los hechos ocurridos el 18 de julio del 2024 a partir de las 19:00 en La Roca.
También se pide al SNAI que remita en 48 horas los videos de las cámaras de seguridad con cobertura en el área aledaña donde se encontraba Terán privado de la libertad y de la biblioteca de La Roca del día 18 de julio del 2024 entre las 19:00 del 18 de julio y las 02:00 del 19 de julio pasados. Y se dispone que se oficie al Ministerio de Salud Pública a fin de que practique la evaluación psiquiátrica, psicológica y física de Wilman Terán, evaluación que deberá ser remitida en el término de tres días a esta sala, recordando que la evaluación deberá ser realizada por profesionales de la salud especializados.
Por calificarlas de impertinentes, el tribunal no admitió como pruebas los testimonios de los privados de la libertad que fueron recuperados dentro del salón de biblioteca de La Roca, la solicitud de que la Asamblea Nacional y el conjuez Julio Inga certifiquen las convocatorias, realización de diligencias y comparecencias al proceso de juicio político y penal, respectivamente, y la solicitud de que se conforme una comisión que se encuentre integrada por la Cruz Roja, la Conferencia Episcopal y organizaciones de derechos humanos para que determine la existencia de confinamiento extremo, condiciones de la privación de libertad del accionante, la afectación al derecho a la integridad, entre otros.
Al haber pruebas que deben practicarse, la jueza ponente de la sala decidió suspender la audiencia y convocar a los sujetos procesales que actuaron en esta diligencia para reinstalarla el próximo jueves, 25 de julio, a las 08:00. En ese momento se practicará la prueba aprobada, se debatirán los argumentos y el tribunal decidirá si da o no paso a las pretensiones de Terán de que “no se le lleve a ningún centro de privación de libertad que tenga un ambiente cerrado como La Roca”. (I)