Contralor Mauricio Torres tendrá siete años para auditar la gestión de, al menos, cuatro presidentes y expresidentes de la República

Una vez que se produzca la designación de Mauricio Torres Maldonado como la nueva autoridad de la Contraloría General del Estado , él asumirá la atribución para auditar los recursos públicos gestionados por al menos los últimos cuatro presidentes de la República.Este martes 7 de noviembre de 2023, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) prevé sesionar de forma virtual para designar al titular de la Contraloría General, con base en un informe final que aprobó la comisión ciudadana que llevó a cabo el concurso público de méritos, oposición e impugnación.Mauricio Torres, de 52 años, ingeniero y abogado, consta en una nómina de 103 postulantes como el mejor puntuado de este concurso con 91/ 100, que los obtuvo en la calificación de méritos y el examen de conocimientos.Una vez que sea posesionado en la Asamblea Nacional, cuando esta se instale, Torres estará en funciones por los siguientes cinco años y se integrará a la Función de Transparencia y Control Social, que la agrupan los titulares de la misma Contraloría, el CPCCS, de las superintendencias y de la Defensoría del Pueblo.Su periodo regirá entre el 2023 y 2028 y podrá ordenar auditar a más de 4.000 instituciones del Estado y otras personas naturales o jurídicas que manejan recursos estatales.Así también, podrá disponer exámenes de control al ejercicio en el cargo de los expresidentes Rafael Correa Delgado; de Lenín Moreno Garcés; de Guillermo Lasso Mendoza, que está a pocas semanas de dejar el poder tras los comicios nacionales anticipados por la disolución de la Asamblea Nacional; y, de Daniel Noboa Azín, que ganó los comicios del 15 de octubre y sucederá a Lasso para terminar el periodo que deja pendiente, es decir, hasta mayo del 2025.La ley de la Contraloría en su artículo 71 ordena que su facultad de pronunciarse y determinar responsabilidades sobre las actividades de las instituciones públicas y los actos de las personas sujetas a control y señalar responsabilidades puede caducar en siete años contados desde la fecha en que se hubieren realizado actividades o actos. Tomando en cuenta esa regla, la gestiones que pueden ser auditadas son las siguientes:La norma agrega que la caducidad será declarada de oficio o a petición de parte, por el contralor o por los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo, de presentarse un reclamo como acción o como excepción.La Contraloría es considerada el máximo organismo de control de los recursos públicos y puede determinar responsabilidades civiles, administrativas y penales de encontrar anomalías en la actuación de los servidores.Por ejemplo, en el 2022, la Dirección Nacional de Predeterminación de Responsabilidades, tras analizar 1.007 informes de auditoría gubernamental, emitió 9.975 predeterminaciones de responsabilidades, de las que 891 fueron glosas, 1.282 órdenes de reintegro, 7.759 sanciones administrativas y 43 por control vehicular.El monto por la predeterminación de estas responsabilidades ascendió a casi $ 430 millones. En el caso de las glosas, el valor fue de $ 412′408.405; orden de reintegro, $ 4′818.001; sanciones administrativas, $ 12′186.251; y, control vehicular $ 229.175.En tanto, respecto de responsabilidad administrativa y civil por la autoridad, se emitieron 7.103 resoluciones por $ 841 millones; y se enviaron en ese año para trámite 3.581 resoluciones por $ 2′500.504. Según su informe de rendición de cuentas, en el 2022 programó 1.081 acciones de control, entre auditorías de gestión, auditorías financieras y exámenes especiales a declaraciones patrimoniales juradas, declaraciones de paraísos fiscales, obras e infraestructura pública, aspectos contables, componentes de talento humano, procesos de contratación, ambientales, entre otras.De ese número, se aprobaron 1.352 informes y otras 430 acciones de control se quedaron en una fase de ejecución y revisión para concluirlas en este 2023, bajo la administración de Carlos Riofrío González , contralor subrogante.De los informes aprobados, el 83 % correspondió a informes generales y el 17 % a informes con indicios de responsabilidad penal que son enviados a la Fiscalía General del Estado para su investigación.Actualmente, la institución cuenta con unos 2.500 funcionarios a nivel nacional y maneja un presupuesto que bordea los $ 90 millones.Con este cambio de administración, su próxima autoridad, Mauricio Torres, ofreció trabajar en un modelo de gobierno abierto y que sus primeras acciones serán hacer una evaluación integral de la institución, recorrer las 23 delegaciones provinciales y conocer sus problemas. (I)

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