Virgilio Saquicela y sus aliados políticos anuncian que no acatarán la decisión judicial que dejó sin efecto la destitución de cuatro consejeros del CPCCS

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, rodeado de representantes de las bancadas Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC), un sector de Pachakutik y tres legisladores separados del bloque de la Izquierda Democrática (ID), anunció que no acatará el fallo judicial que deja sin efecto la destitución de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).La salida a la prensa de Saquicela con sus aliados fue una respuesta al fallo del juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas, Ángel Lindao Vera, que aceptó una medida cautelar presentada por el ciudadano Manuel Párraga Quiroz y deja sin efecto la resolución del Parlamento del 18 de noviembre pasado.El juez provincial fundamenta su decisión en que se inobservó e irrespetó el estado constitucional de derechos y justicia, poniendo en grave riesgo los derechos constitucionales de los consejeros: Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, al darse trámite de un juicio sin los informes correspondientes.El juez Lindao Vera pidió a la Asamblea Nacional que entregue los informes sobre los cuales el pleno se basó para el juicio político, las actas y el expediente del juicio procesado. El titular de la legislatura, Virgilio Saquicela, afirmó que se debe respetar la institucionalidad y consideró que el fallo del juez de La Concordia es una injerencia de la Función Judicial en las decisiones que tomó la Función Legislativa, primer poder del Estado. Rechazó que se hayan presentado catorce acciones constitucionales entre acciones de protección y medidas cautelares, pues siete de ellas, en la tarde del 22 de noviembre en el cantón La Concordia, y que la dinámica haya sido una a una, hasta que cayó en conocimiento de un juez que dicta la medida cautelar, en la que dice que no se proceda con la posesión de los nuevos vocales del CPCCS.La medida cautelar se da antes de un hecho y la destitución de los cuatro vocales se dio el viernes 18 de noviembre a la medianoche y eso está consumado, afirmó Saquicela, por lo tanto, “nosotros no podemos acatar como Función Legislativa algo que es inejecutable, la Función Judicial no puede entrometerse”, anotó.Como Asamblea, dijo, rechaza el intento de injerencia de la Función Judicial en el primer poder del Estado, por lo tanto, anotó que se ratifica en la convocatoria al pleno del Parlamento prevista para este jueves 24 de noviembre a las 16:20. “No se puede manosear la justicia, no se puede entrometer en la Función Legislativa, bajo ese punto de vista los hechos se han dando dentro del marco constitucional”, insistió Saquicela.Manifestó que no cree que por ignorancia, sino por manipular que intentaron entregar un informe por fuera del plazo legal; por lo tanto, no existía informe y se tenía que aplicar el último inciso del artículo 142 de la ley orgánica de la Función Legislativa, a base del cual se procedió a sustanciar el juicio y la documentación entregada a todos los legisladores. El representante del Parlamento indicó que no existe informe sobre el juicio, pues lo que no está dado dentro del plazo es inexistente jurídicamente hablando, por lo tanto, “si no existe informe, no hay cómo entregar ningún documento en ese sentido”. Saquicela Espinosa insistió en mantener la convocatoria al pleno para este jueves y dijo que da por sentado que habrá quorum respectivo y procederá a la posesión de los nuevos funcionarios del CPCCS. El legislador nacional de Pachakutik Ricardo Vanegas comentó que el artículo 84 de la Constitución señala que la Asamblea Nacional no puede hacer ningún acto vulnerativo de derechos constitucionales, pues es una equivocación del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y de otros legisladores de que los actos, así sean políticos, que se adopten en la Asamblea no pueden ser susceptibles de acciones constitucionales. En un país democrático ningún ciudadano puede ser juzgado sin expediente, sin que se pueda señalar las pruebas que fueron practicadas en su contra; pues si a una persona se juzga sin el derecho a la legítima defensa, es obvio que tiene derecho a recurrir a una acción constitucional.Insistió que si se vive en un estado de derecho no se pueden irrespetar decisiones constitucionales, por lo que dijo se excusará de asistir a la sesión de este jueves, porque se pretende posesionar a la fuerza a cuatro consejeros. “Si ellos deciden violar una decisión constitucional habrá un incumplimiento de decisión de autoridad legítima y pueden ser objeto de una destitución”, advirtió. La legisladora Mireya Pazmiño, interpelante de los cuatro consejeros del CPCCS y separada del bloque Pachakutik, sostuvo que los legisladores no pueden ser sancionados, pues hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional que reconoce que la fiscalización y control político está a cargo de la Asamblea, y que a falta de informe y posturas sobre un juicio político es el pleno quien debate y toma una decisión. Indicó que se tiene que posesionar a los cuatro consejeros y hay que rechazar lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura y “estos jueces corruptos”. Marlon Cadena, separado del bloque ID, rechazó la acción de protección emitida por el juez en contra de la resolución del Parlamento, y que entorpecen la institucionalidad. Lo que se espera es que la máxima autoridad de la justicia actúe sobre la decisión del juez y que la Asamblea Nacional apele para que las cosas vuelvan a su cauce. “Estimo que esta medida cautelar frenaría cualquier acción para el día de mañana (jueves)”, resaltó. El legislador Jorge Pinto, de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), aclaró que no se trata de defender a los cuatro consejeros del CPCCS, sino que lo resuelto el pasado 18 de noviembre por la Asamblea fue ilegal.La Asamblea Nacional tiene que acoger lo que dispone el juez y los cuatro consejeros del CPCCS seguirían en funciones y todo lo actuado por el Parlamento queda sin efecto, por lo tanto, se tendría que suspender la sesión para el acto de posesión anunciado por el presidente, Virgilio Saquicela.En cambio, el legislador Jorge Abedrabbo (PSC) señaló que se debe respetar la decisión del pleno de la Asamblea Nacional a través de un juicio político; por lo tanto, la posesión de los nuevos consejeros tiene que cumplirse, y la justicia no tiene que entrometerse en otro poder del Estado. El PSC acudirá al acto de posesión de los consejeros que reemplazarán a los cuatro destituidos, afirmó.Darwin Pereira, segundo vicepresidente del Parlamento, cuestionó los términos del pronunciamiento del juez de La Concordia, y anticipó que la Asamblea Nacional entregará la documentación requerida por el juez y con ello no se estaría incumpliendo la sentencia, pero que se procederá a posesionar a los nuevos consejeros. (I)

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