La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld Rosero, acusó de cometer violencia política de género a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La denuncia está en el despacho del juez electoral Guillermo Ortega Caicedo, quien le solicitó aclarar y completar su recurso en un término de dos días.
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De acuerdo con el escrito ingresado el 14 de octubre, Sommerfeld acusa a Abad de haber incidido en una presunta infracción electoral muy grave de violencia política de género.
La segunda mandataria cumple la función de embajadora por la paz en Israel, aunque desde el 9 de septiembre se encuentra en Ankara (Turquía) por los eventos bélicos que se producen en el Medio Oriente.
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Se conoció que la denuncia de Sommerfeld es para defenderse de las acusaciones que ha hecho Abad en entrevistas en medios de comunicación acusándola de ejecutar el decreto ejecutivo suscrito por el presidente de la República, Daniel Noboa, que le asignó la función de embajadora en medio del quiebre en la relación de los dos mandatarios.
Además, la canciller reacciona frente a la acción que impulsó Abad en la Asamblea Nacional en la que pedía que se la fiscalice por una aparente persecución política y por otras dos denuncias de violencia política que se acumularon en un solo expediente y están en trámite en el despacho del juez Ortega.
En ese proceso también están incluidos —como presuntos infractores— el presidente de la República, Daniel Noboa; el exviceministro de Gobierno, Esteban Torres; y una exasesora, Diana Jácome.
Jácome respondió a la denuncia de Abad con otra denuncia en el Tribunal y por la misma causal: violencia política.
Las tres mujeres se acusan entre sí y piden a los jueces electorales aplicar la sanción más fuerte que contempla el Código de la Democracia en el artículo 279, numeral 14, que considera como infracción electoral muy grave a la violencia política de género y que es sancionada con multa desde 21 hasta 70 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
Sobre esta infracción no se reconoce fuero alguno.
La vicepresidenta de la República enfrenta otra denuncia por presunta infracción electoral interpuesta por el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Guarderas, quien la acusa de haber hecho campaña anticipada o precampaña cuando ella fue candidata a la Alcaldía de Cuenca en las elecciones seccionales de 2023.
La jueza ponente Ivonne Coloma convocó a la audiencia de alegatos para este viernes, 18 de octubre de 2024, a las 11:00. (I)