Está conformado un Tribunal constitucional que conocerá una acción de protección con medidas cautelares a la que recurrió la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, para que se deje sin efecto los decretos ejecutivos con los que el mandatario Daniel Noboa la envió de encargada de negocios a Turquía, nombró una vicepresidenta de la República encargada y se encargó la Presidencia por tres días a Cynthia Gellibert Mora.
La segunda mandataria acude por tercera vez a esta vía para que se le permita ejercer su cargo y, en esta última vez, para reemplazar al jefe de Estado, Daniel Noboa Azín, que es candidato a la reelección para el mismo cargo en los comicios generales de 2025 y decidió acogerse a una ausencia temporal por fuerza mayor para hacer proselitismo.
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El recurso recayó en el Tribunal de Garantías Penales con sede en Quito, que está integrado por la jueza ponente Karen Matamoros Orellana, Marcelo Narváez Narváez y Catterine Vásquez Revelo.
La jueza ponente Karen Matamoros fue quien, en el 2017, sentenció a los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, que actualmente tiene como coordinador a Germán Rodas Chaves, a un año de prisión tras una denuncia por calumnia que interpuso el excontralor del Estado Carlos Pólit Faggioni, que fue sentenciado en los Estados Unidos acusado por lavado de activos en casos de corrupción.
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Hasta el momento, el Tribunal no se ha pronunciado sobre el pedido de medidas cautelares que buscaría suspender provisionalmente los efectos de los decretos hasta que se resuelva el fondo del recurso, explicó la abogada de Abad, Dominique Ávila.
Esta acción se debe a que el presidente encargó la Presidencia a la secretaria de la Administración Pública del Palacio de Gobierno, Cynthia Gellibert, a quien nombró vicepresidenta encargada días atrás, y que estará en funciones desde las 17:00 de este jueves hasta las 16:59 del domingo 12 de enero.
El Gobierno nacional afirma que se configuró la ausencia temporal de Verónica Abad porque no cumplió el Decreto Ejecutivo 490 del 23 de diciembre con el que la envió a Turquía como encargada de negocios y por ello el nombramiento de Gellibert.
Bajo esos hechos, Abad presentó una acción de protección con medidas cautelares para que se deje sin efecto los decretos ejecutivos 490, 494 y 500 y que se declare la violación a sus derechos políticos, a la seguridad jurídica en su dimensión constitucional y a la no discriminación y dignidad humana.
Como medidas de reparación se solicita que se ordene a Noboa a que le asigne funciones de acuerdo con el artículo 141 de la Constitución, “sin degradarla a la autoridad de otro ministro, secretario de Estado o cualquier autoridad jerárquicamente inferior”.
Además, que se abstenga de cualquier acto ulterior de persecución y hostigamiento presente y futuro.
Las dos acciones de protección previas están relacionadas con el sumario administrativo que se sustanció en el Ministerio del Trabajo con el que se la suspendió por 150 días sin salario de su cargo como vicepresidenta por no llegar a Turquía antes del 1 de septiembre de 2024.
En diciembre pasado, la jueza de la Niñez y la Familita Nubia Vera Cedeño aceptó su acción de protección y dejó sin efecto la sanción. Aunque, Noboa la envió como encargada de negocios a Turquía.
La primera acción planteada está en apelación en la Corte Provincial de Justicia, cuyo Tribunal elevó a la Corte Constitucional (CC) una consulta de norma ante la duda sobre la elaboración de un acuerdo ministerial del Ministerio del Trabajo en el que se permite este tipo de sumarios para los dignatarios de elección popular. (I)