Al día siguiente de conocer la sentencia de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la vicepresidenta Verónica Abad acudió a la Asamblea Nacional para pedir una fiscalización inmediata a cinco ministros de Estado que, según ella, le impiden ejercer su cargo. Para ello presentó un escrito en el Parlamento.
Ella llegó acompañada de su abogada Dominique Ávila, su asistente Gabriela Ortiz y su equipo de seguridad. Antes de presentar el documento, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, ordenó a la escolta legislativa que despeje a la prensa del área de acceso al palacio legislativo y no se permitió tomar fotos cuando Abad ingresó al hall, donde permaneció alrededor de diez minutos.
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Al término de la diligencia se improvisó una rueda de prensa en la que Abad dijo que la sanción de suspender sus derechos políticos resuelta por el juez electoral Guillermo Ortega es injusta porque han actuado sin pruebas, aunque no le sorprende, ya que el objetivo final es que el ordenamiento constitucional no se cumpla.
Abad indicó que lo sucedido con ella “es una cortina de humo” y que lo que más le hace ruido es que se quiera distraer la atención de los ecuatorianos. Llamó a los ciudadanos a que exijan respuestas respecto de lo que, según ella, sí hay pruebas, como la compra de chalecos y los cascos antibalas con supuestas irregularidades; la concesión del campo Sacha; el tema de Petronoboa... “Lo verdaderamente importante es saber cómo van a arreglar el caso de los niños de Las Malvinas”.
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A nivel de la Asamblea Nacional estos cuatro casos enlistados por la vicepresidenta Abad forman parte de la agenda de fiscalización anunciada por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), en los que incluso solicitaron comparecencias de funcionarios y se disputan la investigación entre comisiones.
Petición
La vicepresidenta ingresó a la Asamblea Nacional este 28 de febrero una petición para que actúe de manera inmediata y que se le comuniquen los avances a su pedido de investigación y fiscalización a las autoridades que impiden ejercer el cargo de vicepresidenta desde Turquía, dispuesta en el Decreto Ejecutivo 490.
En el documento de cinco páginas describe que el 21 de enero de 2025 se dirigió a la Asamblea Nacional, donde expuso los hechos suscitados desde el 23 de diciembre de 2024, que han impedido reintegrarse al ejercicio de su cargo como vicepresidenta constitucional de la República y que serían responsabilidad de los siguientes funcionarios:
a) Fuerzas Armadas del Ecuador, a cargo del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo;
b) Ministro de Gobierno, José De La Gasca;
c) Ministra del Trabajo, Ivonne Núñez;
d) Sariha Moya y Cynthia Gellibert, por asumir la Vicepresidencia de manera inconstitucional;
e) Cynthia Gellibert, por ejercer la Vicepresidencia y Presidencia de manera inconstitucional;
f) Ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; y,
g) Secretario general de la Vicepresidencia de la República, Juan Francisco Román.
A criterio de la Vicepresidencia, según lo dispuesto en el Decreto 490, debió existir cooperación interinstitucional entre la Vicepresidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores; es decir, debieron haber iniciado los procedimientos administrativos en plena coordinación y, además, fijar ciertos parámetros de aprobación conforme al presupuesto aprobado.
En consecuencia, denunció, no existiría la documentación requerida, como la designación como consejera temporal con funciones económicas en la Embajada del Ecuador en Turquía, el cuerpo de seguridad de la casa militar, el informe de aprobación del presupuesto, seguro de asistencia médico y compra de pasajes aéreos.
La Asamblea Nacional tiene la competencia de fiscalizar a “aquellas personas que no quieren que la vicepresidenta desempeñe su cargo que por derecho los ecuatorianos me han dado. No me han dejado trabajar, no me han dejado cumplir las funciones para los ecuatorianos”, dijo Abad.
Insistió en que “esto es una cortina de humo para que ustedes dejen de preguntar las verdaderas preguntas reales sobre dónde están nuestros fondos de los ecuatorianos y en qué bolsillos en este momento se encuentran con todos estos contratos y toda esta denuncia de corrupción de este Gobierno”.
Argumentos jurídicos
Dominique Ávila, abogada de la vicepresidenta Verónica Abad, anunció que harán uso de los recursos que los asisten ante el TCE.
Lo primero que hará, dijo, será leer la sentencia de Guillermo Ortega. Esta necesita “de todo nuestro razonamiento jurídico para identificar todas las falacias y los vacíos de motivación que tiene, con eso se determinará si apelarán directamente o presentarán un recurso de aclaración y ampliación, si es que hay puntos de debate que se discutieron en audiencia que no han sido resueltos”, agregó.
En cuanto al análisis de la suspensión de los derechos políticos, a pesar de que el Código de la Democracia los contempla, “son abiertamente inconstitucionales para el primer y segundo mandatario, porque el artículo 145 de la Constitución establece de manera taxativa cómo el primer y el segundo mandatario pueden ser cesados, suspendidos o destituidos”.
Esto es un análisis que “nos encubre también en otra inconstitucionalidad que puede derivar precisamente en la competencia de la Corte Constitucional”, subrayó Ávila.
La defensa de la segunda mandataria dijo que sorprende que el juez Ortega haya podido redactar una sentencia en seis días. Y lo que ha hecho el juez “nos ha dado la apertura para ir directamente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, que está pendiente, porque en octubre del año pasado presentaron una queja ante ese organismo.
Ávila aclaró que su cliente no se resiste a cumplir su disposición de trasladarse a Turquía, sino que requiere que se lo haga en condiciones dignas, y para eso se deben cumplir los derechos que tienen los diplomáticos.
Aseguró que todas las omisiones de los ministerios que estaban encargados de coordinar para que se ejecute el viaje a Turquía “parece ser que están induciendo a la señora vicepresidenta a que abandone el cargo”. (I)