La situación política de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, estaría por definirse en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en donde se aceleró la realización de las audiencias públicas por denuncias de presuntas infracciones electorales que reposan en el organismo, antes de la emisión de las sentencias.
Dentro de dos meses arrancará oficialmente la campaña electoral por las votaciones del 9 de febrero de 2025 y los quince candidatos a la Presidencia de la República calificados hasta ahora por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TCE presentarán sus propuestas.
Publicidad
Entre los presidenciales está el mandatario Daniel Noboa Azín, auspiciado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que deberá solicitar licencia sin sueldo para participar en el proceso electoral y encargar el ejercicio del poder a quien esté en la Vicepresidencia, según lo establece la Constitución.
Este jueves, 24 de octubre, se reinstaló una audiencia pública para la exposición de pruebas de cargo y descargo en una denuncia por presunta infracción electoral que se planteó en contra de Abad, en la que la acusan de hacer precampaña o campaña anticipada.
Publicidad
El recurso lo empuja el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Guarderas, quien asistió a la diligencia en esta causa tramitada por la presidenta del TCE, la jueza Ivonne Coloma Peralta.
En defensa de Abad se presentaron sus abogados, ya que la autoridad es embajadora por la paz para el Estado de Israel y desempeña su función desde Ankara (Turquía) por el conflicto bélico en el Medio Oriente.
La audiencia se extendió este jueves por más de cinco horas y la defensa de Guarderas expuso una serie de videos en redes sociales publicados por Abad cuando era candidata a la Alcaldía de Cuenca para las elecciones seccionales de febrero de 2023, lo que configuraría precampaña o campaña anticipada.
Se argumentó que la vicepresidenta, en aquella ocasión, “desbalanceó la cancha”, vulneró el régimen jurídico y creó desconfianza y desigualdad en el sistema democrático porque no respetó las reglas para hacer campaña.
En defensa de Abad, sus abogados se concentraron en desestimar las pruebas de cargo, que consistían en videos y mensajes en redes sociales publicados en diciembre de 2022, pues carecen de eficacia probatoria
Se añadió que las pruebas obtenidas contradicen la Constitución, la ley y “resultan impertinentes”.
Consumada esta fase, la jueza sustanciadora podrá elaborar su proyecto de sentencia sobre la infracción que está tipificada en el Código de la Democracia como grave y se sanciona con una multa de entre 11 y 20 salarios, la destitución y/o la suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.
De forma simultánea, para el próximo 31 de octubre está previsto que se desarrolle una audiencia por una denuncia de violencia política de género que presentó la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld y los candidatos a asambleístas de ADN Esteban Torres y Diana Jácome, exfuncionarios del Gobierno.
La denuncia se acumuló con una segunda que también presentó Abad por violencia política de género y tiene como juez sustanciador a Guillermo Ortega Caicedo, quien convocó a la audiencia oral de prueba y alegatos para el siguiente jueves a las 09:30.
La segunda mandataria enfrenta dos denuncias por presunta violencia política planteadas por la canciller Gabriela Sommerfeld y Diana Jácome, como respuestas a las que presentó Abad. (I)