Ni con la presencia de la jueza Nubia Vera el gobierno de Daniel Noboa le permitió a Verónica Abad ingresar a la Vicepresidencia de la República para que se reintegre a su cargo, como parte del cumplimiento a un conjunto de medidas de reparación, consecuencia de una acción de protección en contra del Ministerio del Trabajo.
Entre las 14:00 y las 14:40 de este viernes, 7 de febrero de 2025, la jueza de la Unidad Judicial de la Familia Nubia Vera esperó en los exteriores del edificio de la Vicepresidencia de la República, en la calle Benalcázar, en Quito, a que algún funcionario del complejo del Palacio de Carondelet saliera a abrir las puertas para que la segunda mandataria ingrese a desempeñar sus funciones.
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Fue también a golpear la puerta del Ministerio de Gobierno, que está en el mismo inmueble, pero estaba oscuro, con cadenas y candado. Nadie salió.
Vera dispuso que se llame al ECU911 para que se envíe un equipo de la Policía Nacional, observe los hechos y levante un parte policial que será incluido en el expediente judicial.
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Su presencia en el sitio se dio a raíz de su sentencia en la acción de protección que planteó la vicepresidenta en contra de un sumario administrativo que le inició el Ministerio del Trabajo, que la acusó de incurrir en una falta grave como embajadora de Ecuador en Israel y la suspendió en el ejercicio del cargo de vicepresidenta por 150 días (cinco meses) sin sueldo.
La magistrada aceptó la acción el 23 de diciembre de 2024 y dejó sin efecto el sumario y la sanción y ordenó el reintegro inmediato de Abad a la Vicepresidencia, entre otras medidas de reparación integral que no han sido cumplidas, señaló.
Justamente, este viernes, convocó a una audiencia de verificación del cumplimiento de estas medidas y recibió información de la accionante de que no se cumplió ninguna.
Entre ellas, el acceso de Abad a la Vicepresidencia y levantarle la sanción administrativa.
Minutos después de las 13:00, mientras daba su resolución, decidió que en ese momento iría a constatar que le permitan reintegrarse a la Vicepresidencia, acceder al sistema documental y demás.
Fue hasta la calle Benalcázar y Mejía, en el centro histórico de Quito, con ella también llegó la segunda mandataria y se encontraron con las puertas cerradas con cadenas, cercadas con mallas de metal y con documentos pegados en la pared en los que constan los decretos ejecutivos con los que el mandatario Daniel Noboa Azín la envió a Turquía a desempeñarse como encargada de negocios.
La jueza dio un término de 48 horas para que el jefe de Estado cumpla con la disposición bajo prevención legal. Es decir, si no lo hace podría incurrir en desacato, que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se tipifica en el artículo 282 como incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Verónica Abad permaneció ahí y antes de retirarse expresó que estos hechos dejan un precedente de vulneración de derechos y a la institucionalidad. (I)