En audiencia pública se escucharán las pruebas de cargo y descargo en la denuncia por presunta violencia política de género que planteó la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en contra del presidente Daniel Noboa, a quien lo acusa de incurrir en ocho conductas, entre ellas exiliarla a Israel.
En Quito, este 8 de noviembre, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Guillermo Ortega Caicedo instaló la audiencia de práctica de pruebas en el trámite de esta denuncia por violencia política de género impulsada por la vicepresidenta Verónica Abad Rojas.
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Ella denunció a Daniel Noboa Azín, a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld Rosero, y a Diana Jácome y Esteban Torres, dos de sus excolaboradores y ahora candidatos a asambleístas por ADN.
Los acusa de haber incurrido en violencia política con base en lo contemplado en los artículos 279 y 280 del Código de la Democracia, que la tipifica como infracción electoral muy grave.
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La enemistad pública entre el presidente y la vicepresidenta es el origen de este proceso.
Noboa envió a Abad a Israel como embajadora de Ecuador por la paz, y por el conflicto bélico en Medio Oriente, el presidente dispuso su traslado temporal a Ankara (Turquía), en donde se encuentra ahora despachando desde un hotel de la ciudad.
La segunda mandataria reclama que Noboa, Sommerfeld y los exfuncionarios han emitido actos y declaraciones que la han afectado y le impedirían desempeñar sus funciones para evitar que pueda asumir la Presidencia de la República en una posible ausencia temporal del mandatario.
Este viernes, 8 de noviembre, el juez Ortega comenzó la audiencia a las 10:00, aunque previamente uno de los abogados de los denunciados pidió que se declare en abandono la denuncia, porque Verónica Abad no se encontraba de forma presencial.
El abogado Daniel Armijos contó que Abad solicitó permiso con cargo a vacaciones para poder asistir a esta audiencia, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.
Finalmente, el juez señaló que la vicepresidenta designó a sus abogados y ellos ejercerán su defensa.
De forma virtual participaron Jácome y Esteban Torres, exasesora y exviceministro de Gobierno, respectivamente, del régimen.
La defensa de Abad individualizó las acusaciones y manifestó que al presidente de la República se lo acusa de ocho conductas que configurarían violencia política, esencialmente de disponer un “exilio forzoso” a Israel, que es un país en guerra.
A la canciller Sommerfeld de haber restringido su libertad de expresión y, entre otros hechos, de impedir que haga uso de sus derechos laborales.
A Torres y Jácome de haber hecho expresiones que menoscabaron su imagen pública.
La audiencia se extenderá por varias horas y con esto Ortega elaborará su proyecto de sentencia, que será de primera instancia.
De haber inconformidad en cualquiera que sea su decisión, las partes procesales podrán apelar para que el pleno de jueces se pronuncie en última y definitiva instancia.
Las sanciones por esta infracción electoral muy grave son una sanción económica de hasta 70 salarios, suspensión de derechos políticos hasta por cuatro años o la destitución del cargo.
En contraste, la canciller Sommerfeld y Jácome denunciaron a Verónica Abad por la misma causa de violencia política de género, que está en trámite en otros despachos de los jueces del TCE. (I)