La vicepresidenta Verónica Abad culpa al presidente de la República, Daniel Noboa Azín, de cometer delito de sedición y pide a la Asamblea Nacional censurar a ocho ministros de Estado —incluida la vicepresidenta encargada, Cynthia Gellibert— por vulnerar el ejercicio de las funciones de segunda mandataria.
Abad Rojas remitió el oficio a la presidenta encargada de la Asamblea, Esther Cuesta, el 21 de enero de 2025, para que tramite la solicitud de fiscalización; y solicita que la reciban en comisión general en Ia próxima sesión del pleno luego de finalizada Ia vacancia legislativa, a fin de poner en su conocimiento “este grave caso de violación a (sus) derechos humanos y a Ia institucionalidad del país”, y pide además actuar con celeridad y firmeza.
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Las peticiones que llegan a la Asamblea Nacional las conoce la Presidencia y luego son expuestas ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), pero en la resolución legislativa del 4 de enero pasado, cuando se definió la licencia para todos los asambleístas candidatos, se suspendieron las funciones del CAL del 5 de enero al 9 de febrero.
La vicepresidenta Abad cuenta a los asambleístas: “Los graves sucesos que he vivido en el ejercicio de mis funciones, los cuales atentan contra mis derechos constitucionales, laborales y el orden democrático del país”.
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Todo se remonta a la sentencia de la jueza de la Unidad Judicial de Familia Nubia Vera del 23 de diciembre de 2024, que declaró Ia vulneración de sus derechos constitucionales por parte del Ministerio del Trabajo al imponerle una sanción de suspensión de 150 días y ordenó el archivo del sumario administrativo y el inmediato reintegro a las funciones de vicepresidenta.
Verónica Abad dice que ese mismo día junto con su equipo de trabajo acudió a las oficinas de Ia Vicepresidencia de Ia República en Quito para retomar el despacho de las actividades inherentes al cargo y se encontró con Ia sorpresa de que Ia institución estaba militarizada.
“La razón de Ia militarización responde, según lo informado por los agentes militares a mi equipo de trabajo, a una disposición por parte del presidente de Ia República de que se me impidiera el ingreso a mi despacho”.
Abad afirma que dentro de Ia instalación de la Vicepresidencia decenas de funcionarios estuvieron retenidos e impedidos de salir de Ia instalación, debido a que Ia fuerza militar no solo bloqueó su entrada al edificio sino también Ia salida de los servidores públicos que se encontraban adentro, obstaculizando no solo Ia movilización de aquellas personas en contra de su voluntad, sino también impidiendo que Ia institución funcione con normalidad.
Ante estos hechos, cuenta que se dirigió a Ia Fiscalía de Flagrancia a informar “del cometimiento de estos actos que se adecúan al presunto delito de sedición y que fueron cometidos de manera flagrante”.
Simultáneamente presentó un acto urgente para obtener, conservar y preservar las evidencias de este delito cometido. Que la petición fue despachada por la Fiscalía de Flagrancia, donde en su parte pertinente Fiscalía solicitó a Ia unidad judicial de turno la respectiva orden de allanamiento y quebrantamiento de las puertas o cerraduras internas y externas, pero que sorpresivamente el juez de Ia unidad judicial negó Ia petición de Ia Fiscalía.
Fiscalización y censura
Verónica Abad relata que ese mismo día se emitió el Decreto Ejecutivo n.° 490, donde se asigna a la vicepresidenta Verónica Abad como única función especial y temporal colaborar con las relaciones económicas del Ecuador con el Gobierno de la República de Turquía; que en el documento se dispone a los ministerios de Relaciones Exteriores, de Producción, Economía y Finanzas y ministerio del Trabajo realizar las acciones administrativas, financieras correspondientes para la ejecución del decreto, pero que no ejecutaron.
Por ello, solicita a la Asamblea Nacional iniciar procesos de investigación, fiscalización y censura a los siguientes funcionarios: ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo; ministro de Gobierno, José de la Gasca; ministra del Trabajo, Ivonne Núñez; ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega; ministro de Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo; a las dos vicepresidentas de la República encargadas, Sariha Mora y Cynthia Gellibert; y al secretario general de la Vicepresidencia, Juan Francisco Román.
En el caso del ministro de Defensa, la vicepresidenta pide su censura por impedir a través de las Fuerzas Armadas el acceso a Ia Vicepresidencia de Ia República; al ministro de Gobierno por coordinar acciones tendienfes a imposibilitar su acceso a Ia Vicepresidencia, “burlándose de Ia segunda mandataria con Ia colocación del Decreto n.° 490 en el ingreso de la institución”.
Respecto a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, pide la fiscalización y censura por disponer irregularmente sobre Ia modalidad de trabajo de los servidores de Ia Vicepresidencia de Ia República y no ejecutar las acciones que le corresponden en el marco de sus competencias, tendientes al cumplimiento del Decreto Ejecutivo n.° 490.
En el caso de la canciller Gabriela Sommerfeld, solicita la fiscalización por no ejecutar las acciones que le corresponden en el marco de sus competencias, tendientes al cumplimiento del Decreto Ejecutivo n.° 490. El mismo argumento utiliza para los ministros de la Producción y de Economía, a la secretaria Sariha Moya y a la vicepresidenta encargada de la República, Cynthia Gellibet, porque en ejercicio del cargo de vicepresidenta de Ia República, en su momento, no ejecutaron las acciones que le correspondían en el marco de sus competencias, tendientes al cumplimiento del Decreto Ejecutivo n.° 490.
En cambio, pide que se investigue, fiscalice y procese el actuar de Juan Francisco Román Mendoza, quien ha ejercido las funciones de secretario general de Ia Vicepresidencia de Ia República de manera “irregular y deshonrosa, sin justificar su nominación al cargo o el nombramiento por autoridad competente”. (I)